Buenas tardes bloggeros,
sabréis que durante estos días y hasta hoy se está celebrando en Valencia el juicio contra el Concejal de Urbanismo Jorge Bellver y los funcionarios Pedro García Rabasa; dos jefes de servicio, el de Planeamiento, Juan Antonio Altés, y el de Tráfico, Juan Casañ; y una arquitecta técnica, María José Gasull por autorizar la obra del parking en el entorno del protegido Jardín Histórico de Monforte, declarado Bien de Interés Cultural (a pesar de que los imputados alegen desconocimiento de este hecho), sin consultarlo antes con la Dirección General de Patrimonio, tal y como lo indica la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano.
Queremos adjuntaros la nota de prensa de Cercle Obert, entidad ciudadana que denunció los hechos ante la fiscalía, y una reflexión personal de su presidente, Antonio Marín, sobre su experiencia y concluisones tras haber declarado ayer como testigo delante del tribunal.
Queremos adjuntaros la nota de prensa de Cercle Obert, entidad ciudadana que denunció los hechos ante la fiscalía, y una reflexión personal de su presidente, Antonio Marín, sobre su experiencia y concluisones tras haber declarado ayer como testigo delante del tribunal.
Secundamos plenamente las palabras y opiniones de Antonio Marín y le mostramos nuestro total apoyo y agradecimiento por el trabajo que hace, desde hace muchos años, por el bien y por la defensa del patrimonio cultural de la ciudad, siempre de forma altruista, generosa y desde la independencia.
Las personas que se han sentado estos días en el banquillo como imputados y otros organismos públicos como el CVC, la Dirección General de Patrimonio y el propio Ayuntamiento de Valencia, deberían tomar ejemplo de como se protege el patrimonio cultural valenciano desde la legalidad. Ya está bien de engañar y estafar descarademente a los ciudadanos. Cumplan las leyes que redactan con su puño y letra como todo hijo de vecino. Ninguno de vosotr@s está por encima de las mismas.
Para finalizar queremos recordar a todas aquellas personas que han pasado estos días por delante del tribunal que mentir en presencia del mismo está tipificado como delito según reza en el CAPITULO VI (Del falso testimonio), artículo 458 de nuestro Código Penal:
1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.
Las personas que hayan actuado de esa forma durante el trascurso del juicio deberán pues atenerse a las consecuencias.
Mañana ampliaremos nuestra reflexión personal y añadiremos nuestra experiencia propia tras asistir ayer a la sesión celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. No tuvo desperdicio.
Las personas que se han sentado estos días en el banquillo como imputados y otros organismos públicos como el CVC, la Dirección General de Patrimonio y el propio Ayuntamiento de Valencia, deberían tomar ejemplo de como se protege el patrimonio cultural valenciano desde la legalidad. Ya está bien de engañar y estafar descarademente a los ciudadanos. Cumplan las leyes que redactan con su puño y letra como todo hijo de vecino. Ninguno de vosotr@s está por encima de las mismas.
Para finalizar queremos recordar a todas aquellas personas que han pasado estos días por delante del tribunal que mentir en presencia del mismo está tipificado como delito según reza en el CAPITULO VI (Del falso testimonio), artículo 458 de nuestro Código Penal:
1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.
Las personas que hayan actuado de esa forma durante el trascurso del juicio deberán pues atenerse a las consecuencias.
Mañana ampliaremos nuestra reflexión personal y añadiremos nuestra experiencia propia tras asistir ayer a la sesión celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. No tuvo desperdicio.
Un saludo...
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CERCLE OBERT EXIGE LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN A LA FISCALÍA, AL CONSTATAR QUE LOS FUNCIONARIOS QUE ACUDEN COMO TESTIGOS EN EL JUICIO DE MONFORTE, NO HAN TENIDO REPARO EN MENTIR Y EN DEMOSTRAR SU DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES SOBRE PATRIMONIO Y URBANISMO
Los funcionarios que han prestado testimonio en el juicio por el Jardín de Monforte, deben ser investigados y sancionados judicialmente por la Fiscalía, y si se demuestra que han mentido y que desconocen cuáles son sus obligaciones y deberes como técnicos cualificados, deben ser expulsados de la función pública, dada su presunta negligencia e irresponsabilidad.
No es admisible que altos funcionarios del Ayuntamiento de Valencia y de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, sean presuntamente presionados y teledirigidos por caprichos y ocurrencias políticas, no demostrando no tener pudor ni respeto por el Estado de Derecho y las reglas que imperan en toda democracia, al mentir reiteradamente en un juicio y "olvidando" cumplir con sus obligaciones laborales y ciudadanas.
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Una reflexión sobre el Jardín de Monforte, los técnicos y la obligación de que estemos omnipresentes en cualquier intervención urbanística que desarrolle el Ayuntamiento de Valencia
Las declaraciones efectuadas por los técnicos hoy en el juicio, demuestran, con absoluta claridad, que desconocen e ignoran la ciudad donde han nacido, viven y trabajan.
Los técnicos (casi todos ellos) que han testificado hoy afirman, sin pudor ni reparo alguno, que no sabían que fuese BIC el Jardín de Monforte. Todos desconocían la protección del Jardín Histórico Nacional de Monforte.
Todos, absolutamente todos los técnicos, tienen el cinismo de ignorar (y expresarlos de forma abierta e inequívoca) las obligaciones legales que establece la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 4/1998 y su disposición transitoria segunda, relativa a la redacción y aprobación de Planes Especiales de Protección (artículo 34.2, 38 y 39). Y no hablo aquí del profundo desprecio que un técnico ha demostrado al decirme en el pasillo reservado para los testigos, que el citado Jardín es un espacio oscuro, húmedo, salvaje, repleto de maleza y lúgubre...
La larga lista de disparates y "mentiras" expresadas por la mayor parte de los testigos, demuestra que esos personajes que trabajan en un organismo público, no pueden seguir ejerciendo como funcionarios, dado que ignoran sus funciones y desconocen las leyes que deben acatar, cumplir y respetar. Y aquí ya no hablo de la falta de respeto e ignorancia que demuestran al desconocer los monumentos y bienes protegidos de la ciudad que les ha visto nacer y que les da cobijo y trabajo.
Y quiero dejar algo muy claro: nadie le puede exigir a Cercle Obert de Benicalap, que se constituya como un Consell paralelo, como una segunda Dirección General de Patrimonio Cultural, como un segundo Ayuntamiento de Valencia. Nuestra labor es altruista y no tenemos ni interés ni aspiramos a sustituir a la Consellería de Cultura y al Ayuntamiento, que dirige desde hace ya 20 años Rita Barberá y a su enorme legión de funcionarios. Cercle Obert de Benicalap no tiene ni los recursos económicos, humanos ni el tiempo necesario para intervenir en todos los asuntos que nos interesan y afectan. Tenemos que ser selectivos y concretar nuestros esfuerzos, en aras a lograr la mayor eficacia en nuestra labor en defensa y difusión del Patrimonio Cultural.
El propio técnico de la Consellería de Cultura, Turismo y Deportes, Sr. Ricardo Sicluna ha reconocido hoy al Tribunal, que la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, carece de personal para realizar inspecciones y no ha realizado nunca ningún seguimiento en el Jardín de Monforte mientras se efectuaban las obras de construcción del monumental aparcamiento subterráneo.
¿Desde cuándo nos corresponde a los ciudadanos de a pie hacer el trabajo que no hacen (ni tienen intención de hacer) los técnicos cualificados de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia?
¿Por qué nos exige la abogado de uno de los procesados, "que por qué no nos personamos en el año 2002 en el expediente de la construcción del aparcamiento", cuando ninguna entidad, organismo consultivo y las propias instituciones públicas competentes, (como es la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano), cumplen con sus obligaciones y deberes legales y administrativos, a tenor de lo que se desprende de las declaraciones efectuadas por los testigos, en las diversas sesiones del juicio contra el concejal de Urbanismo y varios técnicos?
¿Desde cuándo tenemos nosotros competencias y obligaciones para estar presentes en todas y cada una de las intervenciones urbanísticas que se realizan en Valencia?
Es triste constatar la desmemoria y el cinismo de algunos funcionarios, pero peor es ver que a un grupo de ciudadanos que llevamos mucho tiempo y esfuerzo invertido, intentando que nuestros convecinos, conozcan y aprecien nuestro singular y emblemático legado histórico, artístico y ambiental, se nos exija en tono imperativo y grosero, que estemos siempre presentes en cualquier intervención urbanística.
Ahora nos enteramos de que somos tan necesarios, imprescindibles y apreciados por todos los organismos públicos. No sabíamos que nuestra presencia es vital, fundamental y "vinculante" ante cualquier acto administrativo y actuación institucional.
Por cierto: no tenemos el don de la ubicuidad y únicamente disponemos de una vida, pero sí sabemos informarnos y documentarnos antes de actuar, contrastando todos los datos recabados.
El mismo rigor con el que nosotros trabajamos, se lo exigimos al personal funcionario y a los que nos representan, no cometiendo la temeridad de exigir imposibles o milagros a nadie.
Algún día, si es que tienen la dignidad necesaria, los funcionarios nos deberán explicar que tipo de presuntas presiones reciben y han recibido por parte de ciertos políticos o empresarios.
Insisto en que los empleados públicos municipales y de la Generalitat, deberían tener el valor y las agallas necesarias para denunciar judicialmente los presuntos chantaje y las presuntas presiones permanentes, a las que son, presuntamente sometidos, por esa casta política que lleva tantos y tantos años desgobernando nuestra tierra.
Es evidente y obvio que es imposible que todos los funcionarios municipales, que están prestando declaración en las sesiones del juicio por el Jardín de Monforte, sean tan necios y tan ignorantes, a no ser que sean objeto de presuntos chantajes, sistemáticas y calculadas presiones o amenazas.
En nuestra sociedad hay tiranos y déspotas, hay dictadores y genocidas por la sencilla razón de que hay ciudadanos y funcionarios que tienen vocación de esclavos y carecen de dignidad.
Yo sí puedo afirmar que soy un hombre libre en un mundo habitado por muertos vivientes. También puedo afirmar con la cabeza muy alta, que la entidad Cercle Obert sí es una asociación realmente independiente, y que no acepta ni ha aceptado nunca interferencias, chantajes, amenazas ni presiones de nadie.
Antonio Marín Segovia
Cercle Obert de Benicalap
