NO SE #RESPECTAVALÈNCIA
No, los delincuentes no respetan ni Valencia, ni su patrimonio, ni sus monumentos. No respetan nada, ni lo van a respetar solo con buenas palabras y con la permisividad de la que están haciendo gala las administraciones públicas valencianas.
El pasado mes de enero el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales, presentó la campaña #RespectaValència para concienciar a la ciudadanía contra el “vandalismo” en los monumentos. Una campaña estéril, ineficaz y encaminada a cubrir meramente el expediente, a tenor de los delitos contra el patrimonio que se siguen produciendo en la ciudad, semana tras semana.
Desde nuestra asociación creemos que nuestro consistorio parece más preocupado en forzar y retorcer el significado de la palabra vandalismo, para poderlo aplicar así a los ataques al patrimonio, en lugar de usar una palabra a la que parecen tenerle alergia y que es la que realmente le corresponde, DELITOS, tal y como aparece tipificado en el Código Penal, Capítulo II: De los delitos sobre el patrimonio histórico, artículo 323:
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos.
2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante, podrá imponerse la pena superior en grado a la señalada en el apartado anterior.
3. En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.
Tenemos la extraña sensación que con este uso reiterado del término vandalismo se pretende minimizar la gravedad del asunto, desviando el tema al ámbito de la sanción meramente administrativa, en lugar de a la vía penal, que es donde debería acudirse.
Las excusas y los pretextos para no usar la vía penal son diversos y en ocasiones hasta ridículos. Desde la falta (crónica) de personal y de medios, pasando por los trámites, permisos e impedimentos burocráticos que imposibilitan el correcto funcionamiento de las instituciones y la instalación de sistemas de vídeo vigilancia (sin los cuales es casi imposible pillar a los delincuentes), hasta el esgrimir carecer de competencias para denunciarlo donde toca y pasarle el marrón a otra concejalía, área o servicio. En definitiva, esgrimir cualquier argumento que se tenga a mano para no cumplir con los deberes y obligaciones legales in vigilando que tienen las administraciones públicas valencianas.
Sin embargo, observamos que en otras ciudades sí se están llevando a cabo con éxito medidas mucho más efectivas y contundentes que las que se están tomando aquí. En Valencia parecen conformarse con una campaña absurda y costosa que no va a ninguna parte, mientras en Calatayud, Málaga, Murcia, Alicante, Elche, Granada, Gran Canaria, etc. cuentan con brigadas antigrafitis y con agentes de la policía investigando e identificando a los responsables de las pintadas, se hacen análisis periciales caligráficos, etc.
Además, otras ciudades ya tienen en marcha los sistemas de vídeo vigilancia conectados con la central de policía y aquí, casi tres años después, siguen sin instalarse por problemas con la ley de protección de datos y otras trabas que parecen insalvables y que están retrasando más de lo debido la colocación y puesta en funcionamiento de estas cámaras.
Igualmente, las pocas denuncias que se tramitan se hacen a través de la Policía Local y hasta la fecha no tenemos conocimiento de que hayan conducido a la identificación de los responsables de estos delitos. Sin los medios adecuados es imposible combatir esta lacra como toca, e insistimos, la campaña #RespectaValéncia NO SIRVE.
Nos llama también la atención de que no se ocupen de estos delitos otros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, cuando en otras ciudades sí se está haciendo ¿Por qué no acuden entonces las administraciones públicas a la Policía Nacional y al Grupo Protección de Patrimonio de la Policía Autonómica para denunciar estos hechos para que sean puestos en conocimiento de un juez?
Mientras se sigan haciendo así de mal las cosas, los delincuentes van a seguir campando a sus anchas, pintarrajeando nuestro patrimonio y nuestros monumentos, ensuciándolo todo y teniendo que pagar, del bolsillo de los contribuyentes, los destrozos y daños causados por unos responsables que, en lugar de ser llevados ante un juez, se van de rositas.
Insistimos en que solo con la concienciación y con campañas como #RespectaValència no es suficiente para atajar este grave problema. Se debe aplicar el Código Penal en vena, imponer duras sanciones, más el pago de la limpieza, rehabilitación y daños causados a costa de los responsables. Basta de buenismo y de permisividad. Basta de ponerse de perfil y de no dar la cara. Contundencia contra unos delincuentes que deberían rendir cuentas ante la justicia.
César Guardeño Gil
Presidente Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural
