Hola,
el artículo 23 de la Constitución Española dice:
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, DIRECTAMENTE o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
DIRECTAMENTE... sin necesidad de tener que pasar obligatoriamente por ningún representante, ergo, por ningún partido político, sea cual sea su ideología o sus siglas. Al fin y al cabo un partido político es una entidad de interés público, tal y como también lo son las entidades de crédito, las aseguradoras, las emisoras de valores, los fondos de pensiones o las fundaciones bancarias, que sirve de intermediario entre el Estado y los ciudadanos.
Ese esclarecedor y contundente DIRECTAMENTE se nos suele olvidar con demasiada frecuencia a los/as ciudadanos/as y tendemos a pensar y a decir abiertamente en RRSS aquello de "deja la política a los políticos", "yo no entiendo de política", "yo soy apolítico", "no me interesa la política ni el politiqueo", etc. Luego pasa lo que pasa. Antonio Machado ya nos lo advertía en su día: "Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros".
Cuando los ciudadanos dejan todo el peso de la política a estas entidades de interés público (y sobretodo de interés y beneficio particular para sus afiliados y para sus familiares/amigos), pueden terminar haciendo política en contra de los propios ciudadanos y de su patrimonio cultural.
Un ejemplo de esto son las malas y más que cuestionables intervenciones sobre nuestros bienes (chalé de Aben al-Abbar, Mercado del Grao, instalación de focos en el puente del Real, pintar de gris la torre del túnel de Blanqueries, etc.). Igualmente, la ausencia de políticas reales y efectivas para prevenir, vigilar y sancionar a los delincuentes que lo pintarrajean, los edificios que se han venido abajo por no actuar a tiempo (construcción nº2 de l'alqueria dels Moros, muro de las huertas de San Miguel de los Reyes o una de las alquerías de Albors de titularidad privada), los edificios públicos y privados que nunca se rehabilitan ni tampoco se obliga a los propietarios a intervenir real y efectivamente sobre ellos (La Ceramo, la Estación del Grao, la alquería de Serra, las alquerías de Olba, el Casino del Americano, la alquería de la Torre, la estación de FEVE de Nazaret, etc), y los daños ocasionados por la falta de mantenimiento, inspecciones y control (los Ángeles Músicos de la Catedral de Valencia, la iglesia de Santa Catalina Mártir, los Baños del Almirante, etc).
Solo tenéis que revisar algunos de los bienes sobre los que se ha intervenido (refugio calle Serranos, Casa del Senyor, Alquería de Falcó, Alquería de Julià, fachada de la casa de San Luis Beltràn, etc.) o se está interviniendo/se va a intervenir, de entre la lista que hemos nombrado, para encontrar una infinidad de denuncias por escrito y de recomendaciones del Síndic como para llenar un almacén. Nada es casual. Detrás se encuentra el trabajo y el esfuerzo de años, de esta y de otras asociaciones, colectivos y personas. Un trabajo que el político de turno pretende invisibilizar y parasitar con el fin de ocultar a la ciudadanía el hecho de que con paciencia y una caña se pueden cambiar algunas cosas, aunque sean pequeñas. Y todo tiene un punto de partida: la vía administrativa, por escrito y por Registro General de Entrada.
Y para comprobar por vosotros mismos lo arduo que resulta esta labor, os animamos a realizar una prueba. Abrid un documento en vuestro editor de texto. Poned un encabezado con vuestros datos personales y luego, en el cuerpo del texto empezad con un "EXPONE", con los motivos y la legislación aplicable (si la conocéis y si no, no pasa nada ya que las administraciones públicas la conocen o deberían conocerla) y terminad con un "SOLICITA". Al final del documento, incluid la fecha, vuestra firma digital (si disponéis de ella) y el órgano al que va dirigido.
Enviadla por RGE (en papel y de forma presencial o a través de una Sede Electrónica) y esperad respuesta (eso sí, preferiblemente sentados). Probablemente pasarán tres meses, cuatro, seis, ocho... y no recibiréis respuesta. Os ignorarán completamente y os aplicarán el silencio administrativo, tal y como nos lo han hecho a nosotros durante todos estos años. En caso de responderos, lo harán parcialmente (igual 1 o 2 puntos de los 4, 5 o 6 planteados), te remitirán a otra área o servicio que no tendrá competencias y devolverán la queja al punto de partida, te contestarán sobre otras cuestiones que nada tienen que ver e incluso te echarán en cara, en RRSS, tu supuesto desconocimiento sobre unas competencias sobre las que ellos mismos no se aclaran. No os preocupéis, ya se ocupará el propio Síndic de pegarles un estirón de las orejas y de ponerlos en su sitio cuando saquen los pies del tiesto. Recordad siempre lo que ya les dijo por actuar así: "no es de recibo", cuando algún cargo político o su asesor pretenda daros lecciones sobre competencias y lo que debería saber o no un ciudadano. Tened claro que los políticos incompetentes y mediocres intentarán culpar a otros de sus propios errores y querrán apropiarse de los logros de los demás. Es su forma de vida.
Una vez que recibáis este primer golpe de realidad por parte de las administraciones públicas, acudid a vuestro Defensor del Pueblo (Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en nuestro caso), explicadle que ha habido silencio administrativo o que no han respondido a todas las cuestiones planteadas y adjuntad la documentación que pruebe la presentación de vuestra queja/denuncia por RGE. Esperáis un par de meses a que contesten al Síndic (nosotros hemos tenido que esperar hasta seis requerimientos) y una vez obtenida la respuesta (que serán las consabidas excusas y se irán por las ramas), presentad las alegaciones que consideréis oportunas. El Síndic entonces valorará emitir o no las correspondientes recomendaciones. En caso afirmativo, tendréis que esperar otros tres o cuatro meses más. Al final habréis estado de 6 a 10 meses (o más) para que se cierre vuestro primer expediente.
Tras esta primera recomendación que, si se acepta, tendría que resolverse en un plazo 3 meses, esperad pacientemente otros 4-6 meses. La administración no va a hacer prácticamente nada durante este tiempo y esperará a que volváis a denunciarlo al Síndic para decirle lo de siempre: "estamos trabajando en ello", "actuaremos dentro de la disponibilidad presupuestaria", "no podemos atenderlo con la diligencia que demanda el ciudadano debido a las circunstancia actuales" y todo tipo de excusas, manidas y repetidas hasta la extenuación, para volver a dilatar al máximo el expediente. A partir de este punto se repetirá el ciclo anterior. En nuestro caso tenemos multitud de expedientes con 4, 5 y hasta 6 recomendaciones y las administraciones públicas siguen mareando la perdiz e ignorando sus deberes y obligaciones legales y, por lo tanto, conculcando de forma presuntamente consciente el ordenamiento jurídico. Para que os hagáis una idea; nuestra asociación tiene ya cerca de 250 expedientes con el Síndic de Greuges. Echad cuentas del tiempo invertido en ello.
Por ello, después de insistir tantas veces y de no obtener los resultados esperados, es comprensible que algunas personas se pregunten qué deben hacer entonces ¿Acudir a un contencioso administrativo que tendréis que pagar de vuestro bolsillo? ¿Ir a la Fiscalía y que lo admita para luego cerrarlo y decirte que vayas al contencioso administrativo? No os desaniméis, es una carrera de fondo. No debéis desistir en vuestro empeño y hay que seguir presionando con las herramientas que nos brinda el Estado de Derecho, aunque las administraciones públicas vuelquen sus esfuerzos y se empeñen en retorcerlas a su antojo para dificultar la participación ciudadana, real y efectiva.
Nuestra asociación puede afirmar, en base a nuestra experiencia personal desde el año 2012, que esta es la realidad sobre la verdadera participación ciudadana y la transparencia que quieren nuestros queridos y amados partidos políticos. Ejercerla a diario molesta e incomoda a algunos, pues les obliga a trabajar por y para los ciudadanos y no en sus extraños y particulares intereses, entre los que se encuentran sus primarias y la búsqueda de apoyos necesarios para seguir en el cargo. Toda esta hipocresía y falsedad quedan perfectamente plasmadas en la siguiente expresión, oída en repetidas ocasiones por los despachos del Ayuntamiento de Valencia y sus paredes de papel: "I a mi això, en què en beneficia".
Por ello, cuando os entren las dudas sobre cualquier político/a (del gobierno o de la oposición), entrad en los portales de transparencia y mirad sus sueldos públicos, el de sus asesores, cargos de confianza, etc. Os llevaréis una desagradable sorpresa y entenderéis entonces por qué hay gente que quiere estar viviendo siempre a costa de la política, aunque deje patente su probada incompetencia para el cargo que desempeña. El dinero y el poder apartan del buen camino a estos servidores públicos.
http://gobiernoabierto.valencia.es/es/transparency/
http://www.gvaoberta.gva.es/es/retribuciones-altos-cargos
Nosotros seguiremos haciendo política patrimonial, tal y como lo llevamos haciendo desde el año 2012, usando para ello el RGE, acudiendo a los medios de comunicación y publicando nuestra labor en las RRSS, aunque a algunos/as les resulte particularmente molesto y pretendan desacreditar nuestro trabajo de forma lamentable. Los frutos de todo este trabajo deben ser por y para el patrimonio cultural valenciano, una de nuestras señas de identidad y por lo tanto de interés general para nuestra sociedad. En ningún caso deben anteponerse los beneficios e intereses particulares de unos cuantos que viven del cuento y del dinero público.
Un saludo...
