El día que Hacienda retrató la farsa municipal de la antigua Estación de FEVE de Nazaret

Buenas tardes,

La verdad tiene un camino rectilíneo, pero la burocracia de este Ayuntamiento prefiere los laberintos, los mareos y los engaños.

Durante años, quienes nos dejamos la piel defendiendo el patrimonio cultural valenciano nos hemos enfrentado a todo tipo de excusas de mal pagador por parte de la administración pública. Sin embargo, lo acontecido en los últimos dos meses en torno a la Antigua Estación de FEVE de Nazaret (catalogada formalmente como Bien de Relevancia Local con la categoría de Monumento de Interés Local) sobrepasa los límites de la negligencia administrativa ordinaria para adentrarse de lleno en el terreno de la farsa institucional y el ridículo jurídico más espantoso y vergonzoso al que hemos asistido.

El pasado 20 de mayo de 2026, la Secretaría General de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana dictó una resolución que ha desnudado por completo al Ayuntamiento de Valencia. En un documento de apenas tres párrafos, el Estado ha pulverizado el falso relato del "limbo de propiedad" que el consistorio pretendía utilizar como escudo definitivo para permitir la ruina pasiva de este hito de la arquitectura ferroviaria valenciana. La concejalía competente y sus servicios técnicos han quedado retratados de una forma tan contundente que solo cabe exigir la depuración inmediata de responsabilidades.

Para entender la solidez jurídica de la ratonera en la que se ha metido el propio Ayuntamiento de Valencia, vamos a descomponer paso a paso las insostenibles contradicciones y las implicaciones legales de este vodevil vergonzoso.

CRONOLOGÍA DEL DESPROPÓSITO

01 Abr 2026: Urbanismo tramita contra "Seluin S.L." (extinta).

08 Abr 2026: Patrimonio Histórico decreta "Limbo sin dueño".

07 May 2026: Ultimátum del Síndic de Greuges (Plazo 1 mes).

18 May 2026: Presentamos denuncia por "Bien Mostrenco" ante Hacienda.

20 May 2026: Hacienda contesta: El inmueble SÍ tiene dueño privado.

En su informe de 8 de abril de 2026, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Valencia afirmó de manera errónea que, al haberse tramitado la baja catastral de la mercantil Seluin S.L. en la matriz del IBI por carecer de título sobre el bien, el inmueble se encontraba en un «limbo absoluto de propiedad, careciendo de dueño conocido y de titularidad registral alguna». Con este argumento bajo el brazo, el Ayuntamiento de Valencia se declaró incompetente e invitó a esta asociación a acudir al Ministerio de Hacienda a denunciar el edificio como "bien vacante o mostrenco".

Este planteamiento es una aberración jurídica que cualquier estudiante de primero de Derecho civil habría detectado. El Ayuntamiento elevó a la categoría de verdad absoluta una consulta negativa del Registro de la Propiedad, pretendiendo hacer creer al Síndic de Greuges y a la ciudadanía que, si un inmueble no está inmatriculado, carece automáticamente de dueño y se convierte en propiedad del Estado por arte de magia (ope legis bajo el artículo 17 de la Ley 33/2003 de Administraciones Públicas).

La respuesta de la Delegación de Hacienda el 20 de mayo ha sido un correctivo antológico. El Estado no sólo determina que «el inmueble no carece de dueño» porque «se ha producido la transmisión de dicho inmueble recientemente», sino que le recuerda al Ayuntamiento de Valencia lo establecido en el artículo 6 de la Ley Hipotecaria: la inmatriculación en el Registro de la Propiedad en España es potestativa para los particulares. Un ciudadano o una empresa privada pueden adquirir legalmente un inmueble mediante una escritura pública notarial y ser los legítimos y absolutos propietarios dominicales del bien sin necesidad de inscribir dicho título en el Registro de la Propiedad de forma inmediata. La falta de registro no equivale a falta de dueño; equivale, simplemente, a una falta de publicidad registral voluntaria.

El Ayuntamiento de Valencia ha utilizado la ausencia de inscripción como una cortina de humo deliberada para declarar el edificio como "huérfano" y lavarse las manos como Poncio Pilatos.

Por su parte, el Servicio de Disciplina Urbanística firmaba el 1 de abril de 2026 un informe técnico donde aseguraba que su intención era continuar tramitando expedientes sancionadores y de restauración dirigidos... ¡contra la mercantil Seluin S.L.!

Estamos ante una contradicción interna flagrante que raya la mala fe administrativa. ¿Cómo es posible que un departamento municipal pretenda multar a una empresa mientras el departamento contiguo afirma por escrito que esa misma empresa ya ha sido dada de baja del catastro por carecer de derechos sobre el inmueble? Dirigir órdenes de ejecución contra un titular a sabiendas de que ya no ostenta la propiedad civil del bien es un acto radicalmente nulo de pleno derecho (artículo 47.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común).

Esta práctica sólo tiene una explicación pragmática y vergonzosa: simular actividad ante el Síndic de Greuges para justificar que está cumpliendo con el expediente y con las recomendaciones. El Ayuntamiento enviaba notificaciones a sabiendas de que resultarían fallidas, abriendo expedientes destinados al fracaso burocrático, para poder responder al Alto Comisionado que el expediente "seguía su curso", mientras la estación continuaba su deterioro.

Llegados a este punto de quiebre, es imperativo analizar si las autoridades y los técnicos municipales han cruzado la línea del Código Penal. Los informes emitidos en abril de 2026 por el Ayuntamiento de Valencia son documentos públicos oficiales. En ellos se asevera un hecho nuclear falso: que el edificio carece de dueño conocido.

El artículo 390.1.4º del Código Penal sanciona a la autoridad o funcionario público que cometa falsedad «faltando a la verdad en la narración de los hechos». Si el Ayuntamiento de Valencia disponía de los mecanismos de cruce de datos fiscales o la capacidad de consulta de transmisiones patrimoniales de la Generalitat Valenciana (que es donde obligatoriamente se liquidan los impuestos de las compraventas de inmuebles en territorio valenciano) y omitió deliberadamente dicha consulta para afirmar que el bien estaba en un "limbo", estaríamos ante una distorsión consciente de la realidad fáctica para eludir mandatos legales de protección patrimonial en un inmueble catalogado, cuyo estado viene siendo denunciado por esta asociación desde el año 2017, hace nueve años.

Incluso si nos situamos en el escenario más benévolo, que todo se deba a la más absoluta y supina ignorancia de sus técnicos (sumamente grave y preocupante), el artículo 392 del mismo texto penal castiga la falsedad cometida por imprudencia grave. Que la Delegación de Hacienda haya tardado escasas 48 horas en comprobar que el inmueble se había transmitido "recientemente" demuestra que el dato era perfectamente accesible, rastreable y evidente en las bases de datos de la Administración General del Estado. Que un Ayuntamiento de una gran capital declare un monumento protegido como "tierra de nadie" y mande a un vecino a hacer de investigador privado ante el Ministerio de Hacienda, sin haber realizado una mínima indagación de transmisiones fiscales, constituye una falta de diligencia técnica tan grosera que no puede ampararse en el simple error administrativo. Es una negligencia punible.

La conducta del consistorio dinamita los cimientos de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Su artículo 3 impone a las Administraciones los principios de eficacia, eficiencia, servicio efectivo a los ciudadanos y, de manera crucial, la cooperación, colaboración y lealtad institucional.

Invitar por escrito a una asociación cultural o a un ciudadano a acudir a las ventanillas de otra administración a denunciar un bien vacante, cuando el propio Ayuntamiento cuenta con canales de comunicación institucional directos y de oficio con la Delegación de Hacienda y el Catastro, es una quiebra absoluta de la lealtad institucional. El Ayuntamiento utilizó al ciudadano como un escudo humano burocrático para que el Ministerio de Hacienda le hiciera el trabajo de investigación que ellos se negaban a realizar.

Asimismo, se ha vulnerado de forma continuada el deber superior de protección que la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano impone a los municipios. La indeterminación de la propiedad jamás puede ser una franquicia para la destrucción pasiva de un Monumento de Interés Local. Si el dueño es desconocido, el Ayuntamiento tiene la obligación de ejecutar de forma subsidiaria e inmediata las obras de consolidación urgentes para frenar la ruina, girando posteriormente los costes a la propiedad una vez sea localizada. Al inventarse el falso dogma del "limbo legal", suspendieron de facto la aplicación de la ley de patrimonio, dejando el edificio a merced de la ruina material.

El vodevil ha terminado de la peor forma posible para los gestores municipales. La farsa ha quedado completamente al descubierto. Hacienda ha hablado con la claridad de un tribunal: el inmueble tiene un dueño privado real tras una transmisión reciente. Se acabaron los fantasmas, se acabaron los limbos y se acabaron las excusas de ventanilla.

Desde nuestra asociación no hemos perdido un solo minuto. Esta misma mañana del 21 de mayo de 2026, hemos registrado dos requerimientos extraordinarios de máxima urgencia jurídica:

Al Ayuntamiento de Valencia: Para exigir que, de forma fulminante y en un plazo máximo de diez días, requiera a la Delegación de Hacienda los datos de identidad del nuevo propietario que figura en esa "transmisión reciente". Una vez obtenida la identidad, exigimos que se archive de inmediato el expediente fantasma contra Seluin S.L. y se emita una Orden de Ejecución real y coercitiva contra el propietario legítimo, decretando además la entrada de oficio en el interior del inmueble para evaluar el estado estructural de las naves.

Al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana: Hemos aportado la resolución de la Delegación de Hacienda como prueba documental superveniente dentro de la queja abierta número 2601219. El Síndic les dio un mes de plazo que vence en junio. Con esta prueba en manos de Ángel Luna, el Ayuntamiento tiene imposible volver a mentir en su contestación oficial. Si intentan sostener de nuevo que el edificio no tiene dueño, incurrirán en una falsedad flagrante ante el Alto Comisionado.

El Ayuntamiento de Valencia ha hecho el ridículo más espantoso frente al Estado y frente a sus administrados. Ya no tienen dónde esconderse. O identifican al nuevo propietario y le obligan a consolidar la Estación de Nazaret de inmediato, o serán ellos los que tengan que responder de sus actos ante otras instancias. El patrimonio de Nazaret no se destruye por la acción del tiempo; se destruye por la cobardía y la incompetencia de quienes están obligados por ley a protegerlo. No vamos a dar un solo paso atrás.

El cinismo institucional de la Conselleria de Cultura: cuando firmar un compromiso legal con el Síndic es solo "un deseo o una esperanza"

Buenos días,

El 19 de mayo de 2026 quedará marcado en el calendario del asociacionismo cultural valenciano como el día en que las máscaras de la burocracia cayeron por completo. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna González, ha dictado una Resolución de Cierre en el expediente número 2601313 (reapertura del histórico expediente de queja nº 1902961). El veredicto de esta alta institución de la relevancia democrática valenciana no deja margen de error: la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha incumplido de manera flagrante, consciente y deliberada la Resolución de consideraciones dictada en diciembre de 2019 para garantizar la visita gratuita a los Bienes de Interés Cultural (BIC) al menos cuatro días al mes.  

Lo que iba a ser una fiscalización de oficio sobre el cumplimiento de la legalidad patrimonial se ha convertido en un auténtico escándalo de mala administración, parálisis ejecutiva y cinismo institucional. Y desde nuestra asociación, donde siempre hemos apostado por la claridad, el rigor y la denuncia pública sin ambages de los atropellos contra nuestra historia y nuestros derechos culturales, procedemos a desmenuzar un documento que saca los colores a los actuales responsables de la Conselleria y que demuestra hasta qué punto están dispuestos a retorcer el Derecho con tal de proteger los intereses económicos de los gestores privados de los monumentos frente al conjunto de la sociedad civil.  

Para entender la magnitud del despropósito, debemos remontarnos al 13 de febrero de 2020. En aquella fecha, la entonces Dirección General de Cultura y Patrimonio aceptó de forma expresa e incondicional la recomendación del Síndic de Greuges para habilitar el régimen legal de visitas gratuitas. Durante seis largos años, esta asociación ha permanecido vigilante, denunciando cómo multitud de monumentos catalogados como BIC seguían cobrando tarifas abusivas a los ciudadanos (entradas que oscilan entre los 10 y los 15 euros, o incluso más) sin ofrecer ni una sola hora de gratuidad al mes, contraviniendo el mandato imperativo de la legislación nacional. 

Ante nuestra insistencia y la reapertura del expediente por parte del Síndic, la respuesta remitida por la Conselleria el pasado 7 de mayo de 2026 es un insulto a la inteligencia ciudadana y a la lealtad institucional. Sostiene la Subsecretaría de la Conselleria, sin ningún pudor, que aquellas manifestaciones de aceptación de la recomendación parlamentaria efectuada en 2020 "no pueden ser más que un deseo o una esperanza, pero no un firme compromiso de cumplimiento". Lo que viene siendo un "Aceptamos por desear, no por cumplir".

¿Desde cuándo las resoluciones de aceptación formal de un alto cargo de la Generalitat ante el comisionado de las Cortes se redactan en clave poética o como meras cartas de deseos a los Reyes Magos de Oriente? Calificar un acto administrativo reglado como una simple "esperanza" vacía de contenido no solo es jurídicamente aberrante, sino que supone una burla intolerable al sistema de garantías democráticas que nos hemos dado los valencianos. Si la palabra dada por la Administración en un documento oficial provisto de firma electrónica no vincula sus actos posteriores, nos encontramos ante un escenario de absoluta inseguridad jurídica y desamparo para el ciudadano.  

El argumento nuclear que pretende utilizar la Conselleria para escabullirse de sus obligaciones consiste en escudarse tras el principio de "reserva de ley" consagrado en el artículo 31.3 de la Constitución Española. Según la interesada e insostenible tesis de la Subsecretaría, imponer la gratuidad de las visitas previstas en la normativa comporta una "carga o prestación de naturaleza patrimonial de carácter público" y, por ende, requeriría la aprobación de una nueva ley autonómica de patrimonio cultural. Nos dicen, con una condescendencia inaudita, que como el anteproyecto de ley que prepararon en su día no llegó a prosperar en las Cortes, ellos ya han cumplido con "hacer lo que estaba en su ámbito de competencias" y no se les puede acusar de inactividad.  Este argumento es una auténtica falacia jurídica destinada a confundir a la opinión pública. 

Como bien expusimos en nuestro escrito de réplica —que el Síndic ha tenido a bien incorporar íntegramente en su resolución final—, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (LPHE) determina con total claridad en su artículo 13.3 el deber ineludible de los propietarios de permitir la visita gratuita un mínimo de cuatro días al mes. Dicha norma estatal ostenta de manera incuestionable la condición de legislación básica del Estado, dictada al amparo del artículo 149.1.28ª de la Constitución, tal y como ha reiterado la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional. 

Por lo tanto, la Generalitat Valenciana no necesita "legislar de nuevo" ni crear una carga económica ex novo. La obligación legal ya existe en el bloque de la constitucionalidad y es de aplicación directa en todo el territorio nacional. Lo que la Conselleria califica de "imposibilidad legislativa" no es más que una flagrante inactividad ejecutiva material. Bastaría con que la Dirección General competente dictara una Instrucción Administrativa dirigida a sus inspectores y a los titulares de los BICs para hacer cumplir una ley que lleva aprobada y vigente más de cuarenta años. Negarse a dictar dicha instrucción es una dejación voluntaria de la potestad de inspección y sanción que le atribuye la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano.  

Resulta especialmente sangrante leer en el informe de la Conselleria de Cultura los absurdos y rdículos intentos de justificar su propia inoperancia alegando que comunidades autónomas como Cataluña o las Islas Baleares tampoco aplican de manera rigurosa esta gratuidad. Es lo que en el ámbito del derecho se denomina un "fraude de comparación", o a pie de calle, el consuelo del mal común. Que otras administraciones autonómicas decidan desatender la legislación básica del Estado no concede a la Generalitat Valenciana un "derecho al incumplimiento" o una patente de corso para perpetuar la ilegalidad.  

El agravio comparativo para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana es real y contrastable: mientras que un ciudadano en Andalucía, Galicia o Castilla-La Mancha puede acceder de forma libre y gratuita a los monumentos más señeros de su patrimonio cuatro días al mes, los valencianos nos vemos obligados a pasar por taquilla de forma sistemática si queremos conocer nuestra propia historia. Existe una evidente discriminación territorial en el ejercicio de un derecho constitucional tan fundamental como es el acceso a la cultura (artículo 44 de la Constitución).  

Asimismo, conviene recordar la tremenda contradicción ética que supone esta parálisis. Los monumentos declarados BIC en nuestro territorio no son meras propiedades privadas ajenas al sector público. Sus titulares —entre los que constan la Iglesia Católica y grandes tenedores inmobiliarios— disfrutan de ingentes subvenciones directas para la restauración de sus inmuebles y de privilegios fiscales absolutos, destacando la exención total del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o jugosas deducciones en el IRPF. El derecho de propiedad sobre un bien de relevancia histórica está intrínsecamente ligado a su función social (artículo 33.2 de la Constitución). La apertura gratuita de cuatro días al mes no es un castigo ni una expropiación; es el justiprecio social mínimo que el propietario debe retornar a la ciudadanía a cambio de los millones de euros en beneficios fiscales y ayudas públicas que sufratamos todos los valencianos con nuestros impuestos. Permitir el cobro sin contraprestación es amparar un enriquecimiento injusto a costa del bolsillo de los ciudadanos.  

No podemos obviar el lamentable componente humano y político que destila el escrito de la Conselleria de Cultura, firmada bajo el amparo de la Subsecretaría. A lo largo de sus páginas, la Administración recurre de forma sistemática a un tono condescendiente y paternalista que busca deslegitimar la trayectoria y el trabajo de nuestra asociación. Al acusar nuestras detalladas argumentaciones de "confusión conceptual", los redactores del informe de la Conselleria demuestran una soberbia y una prepotencia institucional incompatible con los estándares mínimos de un gobierno democrático moderno. Aquello del Bon Govern le viene muy grande a los actuales responsables de esta Conselleria. 

Este intento de desacreditación técnica no es casual: busca desviar la atención del verdadero foco del problema (su propia y probada inacción e incapacidad) para poner el acento en una supuesta incapacidad del administrado para interpretar la legalidad vigente. Queremos dejarle muy claro a los altos cargos de la Conselleria de Cultura que esta asociación no se va a dejar amedrentar por su lenguaje de superioridad jurídica ni por sus lecciones de derecho de vía estrecha. Llevamos décadas defendiendo el patrimonio valenciano a pie de calle, con rigor documental e independencia económica, y no vamos a tolerar que se trate la labor del tejido asociativo como un mero estorbo o una molestia de trámite.  

Afortunadamente, el Síndic de Greuges, Ángel Luna González, ha sabido estar a la altura de la dignidad de su cargo e institución. Lejos de dar por buenas las evasivas y las justificaciones de la Conselleria, la Resolución de Cierre dictamina con rotundidad que la Administración no ha realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas en 2019, bloqueando de manera efectiva la satisfacción de los derechos ciudadanos. Haciendo uso de las prerrogativas extraordinarias que le concede el artículo 41.d) de la Ley 2/2021 del Síndic de Greuges, la institución ha decretado el cierre del expediente con la publicación íntegra de la desatención de la Conselleria en su portal oficial de transparencia. Se trata de una medida de castigo institucional de enorme gravedad: una "lista de la vergüenza" para que toda la ciudadanía, el tejido asociativo y los diputados de las Cortes Valencianas sean plenamente conscientes de qué consellerias pisotean las recomendaciones parlamentarias y desatienden los derechos de su pueblo. 

Desde nuestra asociación anunciamos que este no es el punto final, sino el inicio de una nueva fase de combatividad legal. Si las autoridades competentes pretenden perpetuar este régimen de soberbia, parálisis y desacato a la normativa básica, nuestra entidad ya se encuentra recabando los apoyos y dictámenes necesarios para exigir la depuración inmediata de las responsabilidades disciplinarias y de gestión de aquellos funcionarios y altos cargos que confunden una administración pública con su cortijo particular. El patrimonio valenciano es de todos, su acceso es un derecho inalienable y no pararemos hasta que las puertas de nuestros monumentos históricos se abran de par en par, almenos cuatro días al mes de manera gratuita para todo el pueblo valenciano, tal y como por estricto derecho nos corresponde.

La Conselleria de Cultura tendrá que explicar por qué considera que sus firmas electrónicas son simples "esperanzas o deseos" sin valor legal. No vamos a consentir que ni el patrimonio cultural valenciano ni la dignidad de la sociedad civil sean pisoteados por los irresponsables que están al frente de las administraciones públicas valencianas.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

Anatomía del vergonzoso "vodevil" institucional para eludir la protección del BRL de la estación de FEVE de Nazaret

Buenas tardes,

La antigua Estación de FEVE de Nazaret es un Bien de Relevancia Local (BRL) con la categoría de Monumento de Interés Local. Un inmueble protegido que, según la ley, debería estar perfectamente conservado y sirviendo como una dotación pública dinamizadora para un barrio históricamente castigado por la marginación institucional de los diferentes gobiernos municipales de Valencia.

Pero en lugar de eso, nos estamos encontrando ante un auténtico "vodevil" administrativo. Hoy, con el expediente íntegro sobre la mesa, tras recibir los últimos informes del Ayuntamiento de Valencia de marzo y abril de 2026, y la insuficiente resolución del Síndic de Greuges del pasado 7 de mayo de 2026, es el momento de explicar ante la opinión pública, punto por punto, cómo las administraciones públicas practican el vergonzoso arte de escurrir el bulto y "marear" al ciudadano para no asumir sus obligaciones legales.

La paciencia de nuestra asociación no es infinita, aunque el calendario administrativo intente demostrar lo contrario. Miren el retrovisor de este expediente:

- Queja n.º 1806051 (Año 2018): Primera intervención del Síndic exigiendo medidas urgentes de conservación. Respuesta municipal: buenas palabras, parches cosméticos y ningún avance real.

- Queja n.º 1902317 (Año 2019): Segundas recomendaciones ante el flagrante incumplimiento. El edificio sigue degradándose bajo las inclemencias del tiempo y el vandalismo.

- Queja n.º 2100206 (Año 2021): Terceras recomendaciones dictadas en agosto de 2021. El Defensor del Pueblo valenciano insta con contundencia al consistorio a "impulsar con determinación" las obras de conservación.

¿Y cuál ha sido la respuesta real del Ayuntamiento de Valencia a lo largo de estos últimos cuatro años y medio? El absoluto vacío. El consistorio sólo se ha movido a golpe de denuncia de nuestra asociación, limitándose a realizar desbroces superficiales de maleza y a colocar ladrillos para tapiar puertas y ventanas. Una "política del parche" que ha estado escondiendo una estrategia mucho más perversa: ganar tiempo mientras el monumento se sigue deteriorando.

El colmo de la impotencia institucional llegó el pasado 7 de mayo de 2026. El Síndic de Greuges, en su resolución de consideraciones finales para el expediente acumulado n.º 2601219, se limita a recomendar al Ayuntamiento que "en cumplimiento de las Recomendaciones de 2018, 2019 y 2021, adopten las medidas necesarias". Y sinceramente, volver a pedir en 2026 que se cumpla lo que se lleva ignorando de forma flagrante desde 2018, sin fijar plazos rigurosos, sin imponer medidas coercitivas y sin entrar en el fondo jurídico del asunto, es una mera palmadita en la espalda del infractor. Es una invitación formal a que el Ayuntamiento de Valencia mantenga el caso en un cajón durante más años

Durante casi una década, el Ayuntamiento ha tenido una coartada perfecta para cruzarse de brazos: la mercantil privada Seluin S.L. Cada vez que desde nuestras asociación exigía la ejecución subsidiaria de las obras de consolidación, el Servicio de Patrimonio Histórico nos salía al paso alegando que los expedientes de disciplina urbanística contra un propietario privado requerían unos plazos legales larguísimos y garantistas. Nos decían que "estaban localizando" a los dueños para obligarles a cumplir.

Pues bien, la máscara ha caído definitivamente. El último informe oficial remitido por el Ayuntamiento de Valencia con fecha 8 de abril de 2026 contiene una confesión jurídica sin precedentes: el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico reconoce de forma textual que la mercantil Seluin S.L. ya NO consta como titular catastral del inmueble en la matriz del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El Ayuntamiento de Valencia asume por fin lo que se ha podido comprobar mediante Nota Simple Informativa en el Registro de la Propiedad n.º 4 de Valencia: la estación está en un limbo absoluto de propiedad, no tiene dueño conocido, carece de titular registral. Es un bien huérfano.

A pesar de esta certeza, lo que roza la tomadura de pelo, o la incompetencia técnica más absoluta, es que el Servicio de Disciplina Urbanística insista en su informe en que va a continuar tramitando e incoando expedientes de "órdenes de restauración" contra los titulares catastrales históricos. ¿A quién pretenden notificarle las órdenes de ejecución si ellos mismos acaban de reconocer por escrito que el titular ha desaparecido de los registros? Dirigir procedimientos administrativos contra "fantasmas legales" es un acto nulo de pleno derecho por imposible. Es una burda ficción jurídica para aparentar que se trabaja ante el Síndic mientras se permite que el tiempo dicte la sentencia de ruina del monumento.

El punto más indignante del informe municipal de abril de 2026 llega cuando la Administración decide que el ciudadano debe hacer el trabajo para el que ellos cobran y nosotros les pagamos. Con una ligereza pasmosa, el Servicio de Patrimonio afirma que el Ayuntamiento está "legalmente imposibilitado" para inmatricular la Antigua Estación a su nombre mediante el Artículo 206 de la Ley Hipotecaria, escudándose en que dicha vía solo sirve para bienes que ya formen parte de su patrimonio inventariado. Y acto seguido, se quedan tan anchos invitándonos a nosotros, los denunciantes, a acudir a las delegaciones del Ministerio de Hacienda a denunciar la existencia de un "bien vacante".

Miren ustedes, señores concejales y técnicos municipales: los ciudadanos no somos los recaderos ni los botones de sus departamentos. Una asociación cultural sin ánimo de lucro no tiene por qué asumir las potestades públicas de investigación patrimonial. El Principio de Buena Administración, recogido de forma implícita en la Constitución y de forma explícita en el artículo 3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, obliga a las administraciones a actuar con eficacia, proactividad y lealtad institucional.

Si el Ayuntamiento de Valencia tiene conocimiento que un Bien de Relevancia Local de su término municipal carece de dueño, se activa de forma automática el Artículo 17 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), que determina que los inmuebles sin dueño (bienes mostrencos) pertenecen por ministerio de la ley a la Administración General del Estado. Por tanto, es el propio Ayuntamiento el que tiene la obligación legal de iniciar de oficio el expediente de investigación (Arts. 45 y ss. de la LPAP) y comunicar formalmente la situación al Ministerio de Hacienda, en lugar de marear a nuestra asociación, enviándonos de ventanilla en ventanilla. Exigirnos que vayamos nosotros a Hacienda, sabiendo que ya hemos acudido previamente al Ministerio de Transportes, ADIF y a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), quienes también se han lavado las manos aludiendo a decretos obsoletos de traspaso de 1986, es una muestra intolerable de cinismo y maltrato al administrado por puro agotamiento.

Si la gestión de la propiedad es escandalosa, la tutela física del edificio da auténtico pánico. En el informe técnico del Servicio de Disciplina Urbanística del 1 de abril de 2026, los inspectores reconocen sin ningún rubor que "las comprobaciones se realizaron única y exclusivamente desde el exterior", debido a que el cerramiento perimetral de seguridad impedía el acceso al interior de la estación.

Es inaudito que el Ayuntamiento de Valencia, garante último de la integridad de este Monumento de Interés Local, confiese por escrito que ignora por completo el estado real de la estructura interna del edificio. No saben si los forjados centrales tienen daños, si las vigas históricas sufren pudrición irreversible o si la techumbre amenaza con venirse abajo. Su labor de inspección consiste en mirar la fachada desde la acera de enfrente, certificar que los ladrillos del tapiado exterior siguen en su sitio y archivar el trámite.

Tampoco nos tragamos la enésima cortina de humo que alude al futuro desarrollo urbanístico del Ámbito GRAO-COCOTEROS. Llevamos décadas escuchando promesas sobre planes urbanísticos idílicos que nunca llegan, mientras el patrimonio real, el que se puede tocar y heredar, se desintegra día a día. El patrimonio cultural no puede esperar a que los promotores privados decidan cuándo les resulta rentable urbanizar un sector; la obligación de conservación es HOY.

A pesar de nuestro esfuerzo humano colosal para salvar este pedazo de la Valencia industrial y ferroviaria, el Ayuntamiento se ha dedicado a responder con opacidad, omisiones y mentiras burocráticas, parapetándose tras unas recomendaciones claramente insuficientes.

Por todo ello, si el Ayuntamiento de Valencia persiste en su negativa a iniciar de oficio el expediente de investigación de la propiedad y sigue negándose a entrar al interior del edificio para consolidar su estructura, pasaremos a la ofensiva legal. Además, nuestra asociación ya ha presentado formalmente la denuncia de bien vacante ante la Delegación de Economía y Hacienda del Estado para forzar la inmatriculación que el consistorio elude de manera vergonzosa.

Si las autoridades locales y autonómicas pretenden que la Estación de FEVE de Nazaret caiga por el peso del olvido, nos van a tener enfrente, con la ley en la mano, en los medios de comunicación y en los tribunales de justicia. El patrimonio de Nazaret se defiende de verdad, no con parches ni con mentiras de un Ayuntamiento de Valencia que ha demostrado, con creces, una mediocridad, incompetencia y total incapacidad para gestionar el patrimonio cultural valenciano.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

10 Recomendaciones al Limbo: el Ayuntamiento de Catalá bate el récord de la desidia con la alquería de Serra

Buenas tardes,

Como sabréis, desde nuestra asociación llevamos trece años denunciando el estado en el que se encuentra la Alquería de Serra. Estamos ante un hito histórico de la negligencia: el Ayuntamiento de Valencia, bajo la gestión de María José Catalá, ha logrado el "Récord de la Vergüenza". Diez. Sí, habéis leído bien: DIEZ RECOMENDACIONES del Síndic de Greuges ignoradas, una tras otra, desde el año 2013.

Para que entendáis la magnitud de este despropósito, tenemos que remontarnos a la víspera de Navidad de 2013. Fue entonces cuando presentamos la primera denuncia. Desde aquel día, el deterioro de este Bien de Relevancia Local (BRL) ha sido imparable. Lo que entonces era una "deficiente conservación" hoy es un riesgo inminente de colapso total, tras la pérdida de parte del muro del hortus conclusus.

¿Y qué ha hecho nuestro consistorio en estos 13 años? La respuesta es sencilla: nada efectivo. Han perfeccionado una técnica que ya conocemos bien en esta asociación: la de aceptar formalmente las recomendaciones del Síndic para que el expediente se cierre "en falso", para luego no mover un sólo dedo hasta la próxima reapertura del expte. Es un fraude a la confianza legítima de los ciudadanos y una burla sistemática a la institución del Síndic de Greuges.

Recientemente, hemos tenido acceso al último informe municipal, fechado el 15 de abril de 2026. Es un documento que debería estudiarse en las facultades de Derecho como ejemplo de lo que no debe ser la administración pública. En él, el Ayuntamiento de Valencia vuelve a "tirar balones fuera" con una desfachatez que asusta.

El Servicio de Disciplina Urbanística tiene la desvergüenza de responder que "carece de competencias en materia de protección y restauración del patrimonio" para no actuar. El Ayuntamiento de Valencia es una UNIDAD ADMINISTRATIVA y no un reino de Taifas. A los ciudadanos no nos importa NADA si la orden la firma Disciplina Urbanística, Patrimonio Histórico o la propia Alcaldía. Según el Artículo 14 de la Ley 40/2015, si un servicio se considera incompetente, debe remitir el expediente al órgano que sí lo sea inmediatamente. Usar las divisiones internas de las concejalías como un laberinto para que el expediente languidezca es una táctica rastrera y, a nuestro juicio, un fraude de ley.

Otra de las excusas estrella es el famoso Artículo 192.5 b del TRLOTUP. Y el Ayuntamiento se escuda en él porque aseguran que tienen que imponer hasta diez multas antes de poder intervenir de forma subsidiaria. Algo TOTALMENTE FALSO. La ley dice "hasta un máximo de diez", no que sea obligatorio llegar a la décima mientras el edificio se derrumba, como ya ha pasado, máxime cuando ya ha quedado patente y probado que no existe el más mínimo interés en rehabilitar el bien.

Y en todos estos años de denuncias sólo han impuesto tres multas, totalmente estériles. Al ritmo que lleva el equipo de María José Catalá, terminarán de multar a los propietarios en el año 2047. Para entonces, la Alquería de Serra no será más que un solar lleno de escombros y tendremos que lamentar la pérdida de otro bien. El principio de proporcionalidad no puede servir de excusa cuando el bien está en la Lista Roja de Hispania Nostra y se está cayendo a pedazos.

Aquí es donde la actitud del Ayuntamiento se vuelve directamente indefendible. Hace muy poco, fuimos testigos de cómo la Policía Autonómica y la Policía Local intervenían y entraban en la alquería de la Torre (de propiedad municipal) y desalojaba a sus ocupantes sin necesidad de resolución judicial, apelando a la urgencia y la seguridad.

Sin embargo, para la alquería de Serra, nos dicen que están "tramitando la solicitud de entrada en el edificio ante el juzgado". ¿Por qué esa doble vara de medir? Ambas son BRL, ambas tienen el mismo nivel de protección. ¿Por qué en un caso se actúa de oficio y con contundencia y en el nuestro se esconden detrás de una futura y lentísima autorización judicial? La respuesta es clara: falta de voluntad política y de los técnicos responsables de tramitar el expediente. Se están lavando las manos mientras el patrimonio de todos se desvanece.

Lo más doloroso de todo esto es que el daño ya es real y tangible. En julio de 2024, parte del muro del jardín (el Hortus Conclusus) se vino abajo. Lo avisamos. Lo gritamos. Lo pusimos por escrito en innumerables ocasiones. Y el Ayuntamiento de Valencia no hizo nada.

Lo que vemos hoy en la alquería es un maquillaje de la ruina. Han tapado grietas estructurales profundas con parches de cemento para que, visualmente, parezca que no pasa nada. Pero la realidad es que el edificio se está "abriendo en canal". Es una negligencia criminal permitir que un edificio protegido llegue a este estado, especialmente cuando sigue habiendo personas viviendo en su interior en condiciones de riesgo vital extremo. Si ocurre una desgracia, ya sabemos quiénes serán los responsables por acción u omisión.

Ante nuestra insistencia y las contundentes alegaciones que presentamos el pasado 21 de abril, el Síndic de Greuges ha vuelto a darnos la razón. El 13 de mayo de 2026 se emitió la DÉCIMA RECOMENDACIÓN. El Síndic es claro: la parálisis municipal desde enero de 2026 (donde la única gestión fue enviar unas copias por registro a la policía) es inaceptable.

El Síndic recomienda —y nosotros exigimos— que se adopten TODAS las medidas necesarias, incluyendo la ejecución subsidiaria inmediata. Ya no valen más informes, ya no valen más promesas de "estamos en ello". La alquería de Serra no necesita más papel ni recomendaciones; necesita andamios, necesita consolidación y necesita que su Ayuntamiento deje de tratarla como un estorbo burocrático.

Desde nuestra asociación queremos enviar un mensaje muy claro a la Alcaldesa María José Catalá y a sus concejales: vuestro tiempo de excusas se ha agotado.

Cada desprendimiento, cada piedra que cae de la alquería de Serra, es una prueba de vuestra dejación de funciones. No vamos a esperar a la recomendación número once. Si el Ayuntamiento sigue negándose a intervenir subsidiariamente, nuestra próxima parada no será el Síndic, sino la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio. El Artículo 321 del Código Penal es muy claro respecto a los delitos contra el patrimonio histórico, y la prevaricación por omisión es una realidad que no dudaremos en denunciar.

No puede ser que Valencia se llene la boca con la Capitalidad Verde y la protección de su huerta mientras permite que el corazón arquitectónico de esa misma huerta sea devorado por el olvido. La alquería de Serra es nuestra historia, es vuestra historia, y desde nuestra asociación la vamos a defender hasta el final.

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

Cuatro años de desidia, excusas y balones fuera en el Jardín de Ayora

Buenas tardes,

El Ayuntamiento de Valencia persiste en intentar tomarle el pelo a los ciudadanos, a las asociaciones que defendemos de forma altruista nuestra historia y, lo que es aún más grave, a las más altas instituciones consultivas de la Comunitat Valenciana, como lo es el Síndic de Greuges.

Con la reapertura de este expediente ha quedado de nuevo patente lo rematadamente mal que funcionan los engranajes internos de nuestro consistorio. En mayo de 2026, cuatro años después de nuestra denuncia, y tenemos que seguir hablando del lamentable estado de abandono y degradación que sufre el Jardín de Ayora, catalogado oficialmente como Bien de Relevancia Local (BRL).

Para quienes nos seguís habitualmente en este blog y resto de RRSS, sabéis de sobra que no somos de los que se rinden a las primeras de cambio. Y el Ayuntamiento también lo sabe, y de sobra. Llevamos ya cuatro años de denuncias y alegaciones, de idas y venidas, de silencios administrativos y de respuestas que rozan el insulto a la inteligencia de cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento sobre la legislación vigente en materia de patrimonio cultural y urbanismo.

La última novedad en este esperpento técnico y burocrático nos ha llegado de la mano del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, quien el pasado 13 de mayo de 2026 firmó electrónicamente una durísima Resolución de Consideraciones a la Administración dentro del expediente de queja nº 2601127 (que ha obligado a reabrir los anteriores expedientes acumulados nº 2402264 y nº 2202514). En este documento, el Defensor del Pueblo valenciano vuelve a dar un soberbio tirón de orejas al Ayuntamiento, constatando lo que desde el Círculo llevamos años gritando en el desierto: que la parálisis municipal es total y que "los principales problemas planteados persisten en la actualidad".

¿Cómo responde el Ayuntamiento de Valencia ante una investigación del Síndic? Pues aplicando la táctica del avestruz o, mejor dicho, la de tirar "balones fuera". El pasado 9 de abril de 2026, el consistorio remitió un supuesto informe general que, al analizarlo pormenorizadamente, demuestra que no es una respuesta seria de una gran capital; era un retal incompleto elaborado deprisa y corriendo exclusivamente por el Servicio de Movilidad Sostenible, con el único fin de cubrir el expediente.

La administración local pretendió dar por contestada y solucionada toda la problemática del Jardín de Ayora informando única y exclusivamente sobre la retirada de una señal de tráfico. ¿Y qué pasa con la restauración de los muros? ¿Qué pasa con los grafitis que hay en el muro exterior? ¿Qué pasa con la verja dañada por la oxidación?. Silencio absoluto. El consistorio ignoró de forma deliberada el grueso de las quejas y las recomendaciones previas que el propio Síndic ya les había dejado claras en octubre de 2022 y julio de 2024. Enviar informes parciales, incompletos y sin la firma de los departamentos verdaderamente competentes en materia patrimonial (como Patrimonio Histórico) es un truco burdo para marear la perdiz y dilatar los plazos. Y desde nuestra asociación, así lo denunciado formalmente en nuestras alegaciones: esta actitud de obstrucción y falta de lealtad institucional debe cesar de inmediato.

El colmo del despropósito de este expediente se alcanzó en septiembre de 2025, cuando algún iluminado del servicio de Movilidad Sostenible decidió que el mejor sitio para plantar un poste de hierro con la señal de "Ruta segura al cole" (del CEIP Jaume I) era, precisamente, anclándola o pegándola de forma directa al muro histórico del BRL.

Cualquier estudiante de primero de Derecho o cualquier técnico con un mínimo de sensibilidad sabe que el Artículo 38.1.e) de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) prohíbe taxativamente la colocación de "rótulos, carteles y elementos impropios" en las fachadas y cerramientos de los monumentos y jardines históricos que menoscaben su adecuada apreciación. Esta señal era un impacto visual espantoso y una agresión directa al elemento protegido.

Pues bien, tras interponer nosotros la denuncia formal ante el Síndic, el Ayuntamiento corrió a desmontar y trasladar el poste el 11 de marzo de 2026. En su informe técnico sacan pecho de haberlo solucionado, pero lo que hacen en realidad es firmar una confesión de facto de una infracción legal. Reconocen que metieron la pata y que sólo cumplen con la legalidad patrimonial de manera reactiva, cuando ven las orejas al lobo por una investigación de nuestro Defensor del Pueblo. Si no hay denuncia, la señal se queda allí a perpetuidad.

Tal es la torpeza municipal que, para demostrar que habían retirado la señal, el Servicio de Movilidad adjuntó en su informe varias fotografías de la Plaza Organista Cabo en las que se aprecia nítidamente, en primer plano, un vehículo estacionado ilegalmente pegado al muro perimetral del jardín. La propia bur(r)ocracia municipal nos ha servido en bandeja la "prueba de cargo" irrefutable. El propio Ayuntamiento aporta documentos gráficos que demuestran la flagrante impunidad con la que los coches invaden el entorno de protección las 24 horas del día, desmintiendo cualquier informe idílico anterior de la Policía Local. El enemigo está en casa.

Pasemos al segundo gran problema crónico: el aparcamiento sobre la base del muro en la Plaza Organista Cabo. Aquí la argumentación del Ayuntamiento es tan tramposa que da auténtica vergüenza ajena. Durante años se han venido escudando en que, como esa zona no está físicamente "pavimentada" como una acera convencional, los vehículos que allí estacionan no infringen el Reglamento General de Circulación y, por tanto, la Policía no puede hacer mucho más.

¿Pero a quién pretenden engañar? Volvemos a recordarles el principio básico de la Jerarquía Normativa. Por encima de cualquier ordenanza de tráfico o interpretación torticera del código de circulación, un Bien de Relevancia Local se rige de forma primordial por la legislación autonómica de patrimonio (la LPCV 4/1998). El estacionamiento de vehículos pegado a la mampostería histórica altera de manera grave el entorno de protección libre de ocupación, deteriora físicamente el muro con las emisiones de gases y los posibles impactos, e impide por completo la contemplación digna del bien.

Además, la incongruencia y la arbitrariedad de la gestión municipal quedan retratadas cuando tiramos de hemeroteca interna. En junio de 2024, este mismo Ayuntamiento procedió a retirar unos contenedores de reciclaje de aceite y ropa que estaban ubicados exactamente en ese mismo punto de la discordia, tras otras denuncia nuestra. ¿Y cuál fue el motivo que alegó entonces el consistorio? Que eran "elementos impropios" que afeaban y dañaban el entorno del BRL. Es decir, que un contenedor público de reciclaje es impropio y se quita para proteger el jardín, pero una hilera de coches y furgonetas privadas aparcadas encima de la tierra compactada sí es totalmente respetuosa y admisible. Es totalmente absurdo. Si el espacio no es apto para contenedores por motivos patrimoniales, tampoco lo es para los vehículos.

La Policía Local afirma en sus alegaciones que ha realizado 52 actuaciones y denuncias en la zona desde 2022. Nos parece maravilloso, pero la realidad tozuda demuestra que esa vigilancia discrecional e intermitente es absolutamente ineficaz. La Plaza Organista Cabo sigue siendo un parking ilegal a costa de no respetar el área de protección de un bien. Por ello, exigimos que de una vez por todas se adopte la única solución racional, proporcional y definitiva: la instalación de elementos físicos disuasorios, bien sean bolardos de fundición siguiendo el modelo histórico de la ciudad o jardineras ornamentales integradas, que impidan físicamente el acceso de los coches.

Y si el exterior es un caos, el estado de conservación del muro y la magnífica verja de forja no se queda atrás. El cerramiento presenta un cuadro clínico alarmante: colonización de grafitis que nadie limpia, desprendimientos de mampostería, desconchados profundos y una oxidación galopante de los elementos metálicos que está comprometiendo la estabilidad estructural de todo el conjunto histórico.

Frente a este desastre, el informe del Organismo Autónomo Municipal (OAM) de Parques y Jardines da ganas de llorar. Se limitan a plasmar en un papelito que, "debido a la planificación y disponibilidad presupuestaria vigente, no es posible dotar de recursos la ejecución inmediata de la inversión" y que ya si eso lo mirarán en presupuestos futuros. ¡Vergonzoso!

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, esta respuesta es manifiestamente inaceptable. El Artículo 18 de la LPCV no es una sugerencia ni una carta de buenas intenciones que se aplica si sobra algo de dinero a final de año; es un mandato imperativo que impone el deber legal de conservación a los propietarios de bienes protegidos. Y en este caso, el propietario es el propio Ayuntamiento de Valencia.

Una administración pública (seria y competente) no puede ampararse en su propia inactividad, en su falta de previsión política o en una mala organización presupuestaria interna para incumplir sistemáticamente una ley de rango autonómico. Si el OAM de Parques y Jardines es incapaz de gestionar sus recursos, el Ayuntamiento tiene la obligación legal de realizar las transferencias de crédito oportunas o coordinar de urgencia al Servicio de Patrimonio Histórico para redactar y ejecutar un Proyecto de Restauración Integral con cara y ojos, empleando morteros de cal compatibles y tratamientos especializados contra el óxido, desterrando para siempre esos parches de cemento que tanto daño hacen por capilaridad.

Por todo este cúmulo de despropósitos, el Síndic de Greuges se ha plantado. En su resolución del 13 de mayo de 2026, ha emitido una recomendación clarísima al Ayuntamiento de Valencia exigiendo que, en cumplimiento estricto de los dictámenes anteriores, se adopten de inmediato todas las medidas necesarias para salvar el Jardín de Ayora y asegurar su entorno de protección. Ahora el reloj corre en contra del consistorio, que tiene el plazo improrrogable de un mes para responder si acepta o no las consideraciones y qué medidas concretas va a aplicar. Y si ya ha quedado retratado, su previsible respuesta y posterior incumplimiento, los puede dejar aún más en evidencia.

Desde nuestra asociación ya le hemos advertido formalmente a la Sindicatura lo que va a pasar si el Ayuntamiento pretende volver a enviar un informe evasivo de tres líneas firmado por algún técnico despistado. Hemos solicitado formalmente que, dada la persistencia contumaz en el incumplimiento de resoluciones que arrastramos desde marzo de 2022, se VALORE LA INCLUSIÓN DE ESTE EXPEDIENTE en el Informe Anual a las Cortes Valencianas. Queremos que se señale públicamente y con nombres y apellidos al Ayuntamiento de Valencia ante el parlamento autonómico como una "administración hostil, entorpecedora y no colaboradora", por su flagrante falta de auxilio a la institución del Síndic (vulnerando el Art. 18 de la Ley 11/1988) y por consentir el abandono prolongado de un BRL.

El patrimonio histórico y los jardines públicos de Valencia no son el cortijo privado de ningún concejal ni de ningún partido político que demuestra no saber gestionar, ni a quién tiene como jefe de servicio, sección, etc. respondiendo de manera tan absurda. Cuatro años de espera son más que suficientes para colocar cuatro bolardos y limpiar correcta y profesionalmente los grafitis delictivos, subsanando los desperfectos y daños señalados. Seguiremos pues vigilando, denunciando y sacando los colores a quienes confunden gobernar con cruzarse de brazos. 

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

MACOSA en la Lista Roja: La crónica de una desidia anunciada y el vaciado de nuestra memoria obrera

Buenos días,

El patrimonio cultural valenciano, ese que todas y cada una de las administraciones públicas valencianas dicen defender mientras miran hacia otro lado, ha vuelto a recibir una bofetada en plena cara. La Antigua Nave de Máquinas y Talleres de MACOSA, el único vestigio superviviente de un imperio industrial que definió la Valencia del siglo XX, ha entrado oficialmente en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra tras nuestra solicitud.

No nos cansaremos de repetirlo desde nuestra asociación: estas cifras y estos reconocimientos negativos son vergonzosos. Ponen de manifiesto la desidia, la desgana y el desinterés crónico de nuestros gestores. La inclusión de MACOSA no es un éxito de visibilidad; es la constatación del fracaso total de un modelo urbanístico que prefiere los parques de diseño vacíos de contenido a la preservación real de nuestra historia obrera. Es un "récord negativo" más para una Valencia que parece empeñada en borrar su pasado y que sigue siendo la ciudad española con más patrimonio en la Lista Roja de Hispania Nostra.

Cuando paseamos por el Parque Central y vemos la imponente Nave de Máquinas, las administraciones pretenden que aplaudamos y demos las gracias porque siga allí en pie. Pretenden justificarlo con las consabidas excusas y argumentos irresponsables e infantiles de que "se ha salvado el edificio". Pero hay que hablar con rigor. Lo que han "salvado" es un caparazón vacío, una víctima flagrante del típico "fachadismo" que se ha apoderado de muchas ciudades.

Es una muestra preocupante de falta de autocrítica y de una incapacidad de gestión impropias de cualquier cargo político, técnico y funcionario pretender que la conservación consiste en limpiar una fachada de ladrillo y estabilizar una cubierta. Conservar es mantener vivo el alma de un edificio.

La intervención urbanística que dio lugar al Parque Central fue, en realidad, un ejercicio de vaciado traumático. Se demolieron sistemáticamente cerca de una treintena de naves auxiliares, depósitos, oficinas y estructuras productivas que daban sentido a la factoría. Se descontextualizó la Nave de Máquinas, dejándola aislada, arrancándole las vías, los puentes grúa y la maquinaria que la convertían en una "catedral del trabajo". La han dejado muda y desconectada de su esencia histórica. Un edificio en los huesos que observas desde los trenes que llegan o parten desde la Estación del Norte. Un cadáver esquelético.

Debemos recordar a nuestros seguidores, para que luego no nos vendan gato por liebre, qué fue MACOSA. Fundada en 1947 tras la fusión de Talleres Devis y la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, esta fábrica fue el corazón palpitante de la metalurgia española. Aquí se fabricaron las locomotoras diésel más icónicas de RENFE, las series 1900 y 333, que modernizaron este país. Miles de familias de Russafa y la Cruz Cubierta vivieron de este coloso industrial.

Sin embargo, tras el cese de actividad en los años 90 y su traslado a Albuixech, el recinto fue abandonado a su suerte. La Sociedad Valencia Parque Central —participada por el Ayuntamiento y el Ministerio— ejecutó una demolición masiva. Solo la Nave de Máquinas se salvó, y solo tras las denuncias vecinales y la presión de asociaciones como la nuestra, que obligaron a la administración a tomar medidas de urgencia que, como siempre, llegaron tarde y mal. El resto fue convertido en miles de metros cúbicos de escombros.

La Lista Roja de Hispania Nostra es muy clara en su diagnóstico, un diagnóstico que coincide plenamente con las denuncias que hemos interpuesto ante organismos como el Síndic de Greuges en otros casos: la Nave de Máquinas está en peligro por vulnerabilidad y ausencia de un Plan de Usos.

Estamos ante otro ejemplo de lo que denunciábamos en el Casino del Americano o en La Ceramo: proyectos eternos que se dilatan en el tiempo y no se reactivan hasta que media una denuncia por RGE. La administración invierte millones en rehabilitaciones parciales y luego deja los edificios cerrados a cal y canto, "sin uso".

Existe un riesgo altísimo de "gentrificación arquitectónica" o banalización del espacio. No queremos que este espacio se convierta en una mera sala de eventos efímeros para ferias gastronómicas que nada tengan que ver con la memoria obrera. No queremos que MACOSA sea un contenedor estético desconectado de su historia social y tecnológica. Valencia necesita urgentemente un Centro de Interpretación del Patrimonio Industrial y Ferroviario, y esta nave es el único lugar idóneo para ello. Su actual situación es una falta de respeto a la dignidad de la historia del trabajo en Valencia.

Ante esta situación, nuestra asociación ni ha estado, ni está, ni estará dispuesto a aceptar el silencio administrativo crónico y la falta de transparencia de nuestros organismos públicos. No podemos permitir que la Nave de Máquinas siga en este estado de "coma inducido", convertida en una mera anécdota visual dentro de un parque de diseño.

Y por todo ello, exigimos al Ayuntamiento de Valencia:

1. Un Plan de Usos definitivo y dotación cultural inmediata: Que sea gestionado con transparencia y no de espaldas a la sociedad civil.

2. Un proyecto de interpretación del patrimonio ferroviario (musealización): Que explique su vital importancia tecnológica y obrera, y no se limite a ser un contenedor vacío.

3. Respeto al entorno: Que, dentro del Parque Central, se recuperen o reinterpreten las vías y el contexto que explicaba la función productiva de la nave.

4. Apertura real al público: De acuerdo con las recomendaciones del Síndic de Greuges para bienes de esta categoría, el edificio debe ser visitable e interpretable de forma regular.

5. Recuperación y apertura al público del refugio antiaéreo presente en la nave.

6. Resolución del expediente de catalogación de las Naves de MACOSA (nave de máquinas, portada recayente a San Vicente y muro perimetral de cierre) como BRL, tal y como solicitamos en noviembre de 2025.

Nuestra asociación cumplirá pronto quince años de lucha ciudadana. Casi tres lustros teniendo que bregar y pelear a diario para que las administraciones públicas cumplan con sus obligaciones legales. MACOSA es el último gran gigante de nuestra historia industrial en el sur de la ciudad. Si permitimos que el "fachadismo" y la desidia la sigan asfixiando, acabaremos perdiendo nuestra identidad obrera para siempre.

Basta de excusas y dilaciones injustificados. Exigimos una Valencia que defienda y valore su pasado industrial de forma real y dotándola de contenido.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

La alquería de la Torre: crónica de un naufragio anunciado y el triunfo de la desidia institucional

Buenos días,

Nuestra ciudad sigue permitiendo que sus raíces se pudran a la vista de todos. El último capítulo de este esperpento patrimonial lo protagoniza la alquería de la Torre, en Benicalap. Un Bien de Relevancia Local (BRL) que, lejos de ser tratado con la dignidad que su historia merece, se ha convertido en el símbolo más crudo de la dejadez de nuestros irresponsables políticos que siguen permitiendo la ruina del bien décadas después de las primeras denuncias.

Lo que hemos vivido estos días, con la intervención del Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat (Policía Autonómica) y la Policía Local, no puede ser visto como una victoria, es más bien la confirmación de un fracaso sistémico de las políticas patrimoniales del actual Ayuntamiento de Valencia, pero también de los anteriores. Se ha procedido al desalojo de los okupas que malvivían en su interior y a la retirada de toneladas de basura y enseres, pero ¿a qué precio? El daño ya es, en gran medida, irreversible.

Uno de los hechos más dolorosos, y que desde nuestra asociación hemos denunciado incansablemente a través del RGE, de la intervención del Síndic de Greuges y desde nuestras redes sociales, es la pérdida de parte de las pinturas murales que decoraban sus estancias. Especialmente sangrante es el caso del escudo heráldico. Como bien recordamos en nuestras publicaciones sobre este BRL, hace once años todavía se podía distinguir este testimonio histórico en las paredes de la alquería. Hoy, tras años de abandono absoluto, incendios, filtraciones y vandalismo, ese escudo del siglo XVIII ha desaparecido, destruido por la falta de una mínima consolidación que llevábamos años pidiendo.

¿Cómo es posible que un elemento catalogado y protegido legalmente se pierda de esta manera? La respuesta es sencilla: la desidia y la dilación prolongada e injustificada. No es un accidente fortuito; es el resultado de décadas de mirar hacia otro lado. La administración ha permitido que la alquería de la Torre sea "tierra de nadie", un refugio para la okupación y el expolio donde el patrimonio es lo último que importa.

La actuación de la Policía Autonómica y la intervención, posterior, de la Local para desalojar el inmueble y limpiar los restos de la okupación en su interior era necesaria, pero llega tarde, terriblemente tarde. El Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat hace magníficamente y de manera muy profesional su trabajo, levanta actas y constatan el desastre. Pero ellos no pueden restaurar y recuperar lo que nefasta política patrimonial y urbanística han destruido.

Limpiar la basura y retirar los enseres acumulados (altamente inflamables) es el paso fácil. Lo difícil, lo que requiere voluntad política y presupuesto, es evitar que vuelva a ocurrir, como lleva ocurriendo durante la última década. Mientras la alquería siga siendo okupada, sin vigilancia real y sin un proyecto de rehabilitación integral (ya en marcha y no anunciado a bombo y platillo hace dos años), el ciclo se repetirá. La retirada de enseres no es más que un parche si no va acompañada de una intervención de urgencia para consolidar unas pinturas murales que están desapareciendo a la carrera. No queremos más fotos de policías y operarios de limpieza; queremos ya a los equipos de arquitectos, restauradores y profesionales, y planes de uso real para el barrio de Benicalap.

Es hora de señalar nombres y apellidos, tanto presentes como pasados. El estado actual de la alquería de la Torre no es culpa de una sola legislatura, sino de una herencia de abandono compartida por aquellos que han ocupado la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia y de las correspondientes concejalías, áreas y servicios municipales que tienen competencias en la materia.

Durante los años del Partido Popular de la etapa anterior (2011-2015), se dejó que la alquería languideciera sin un plan. Luego vino el govern de Compromís y PSPV (2015-2023), que se llenó la boca con la "recuperación de la huerta" y el patrimonio, pero que en ocho años fue incapaz de ejecutar una rehabilitación digna para este BRL (ni para el Casino del Americano, La Ceramo, etc.), a pesar de las múltiples advertencias y denuncias, recomendaciones del Síndic y de estar incluida en la Lista Roja de Hispania Nostra. Se limitaron a vallar el entorno de forma deficiente (y chapucera), permitiendo que las ocupaciones fueran constantes desde diferentes puntos de fácil acceso.

Y ahora, el actual equipo de gobierno de PP y Vox se encuentra con la patata caliente. Si creen que con una limpieza y un desalojo han cumplido su parte, están muy equivocados. La Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) es clara: el propietario (en este caso el Ayuntamiento de Valencia) tiene el deber de conservar, mantener y custodiar sus bienes. El incumplimiento de este deber es una infracción grave que, si fuera cometida por un particular, ya habría acarreado, como mínimo, multas coercitivas. Pero aquí, la administración se auto-indulta de sus pecados.

La alquería de la Torre es una de las piezas más importantes de la arquitectura rural valenciana que quedan en pie en el entorno urbano. Su cercanía a la alquería del Moro (rehabilitada sólo la Casa del Senyor, pero actualmente cerrada al público y sin uso) hace que el contraste sea aún más hiriente. Es el ejemplo perfecto de las dos caras de la gestión pública: la que se recupera para la foto y la que se abandona a su suerte hasta que se caiga por sí sola, ahorrándoles así el "problema" de la restauración.

Desde nuestras asociación, no nos vamos a callar. No nos valen las excusas de "estamos estudiando el proyecto", "estamos trabajando en ello" o "en estos momentos no hay presupuesto". Cada vez que una pintura mural desaparece, cada vez que una viga de madera cede, perdemos una parte de nuestra identidad que no volverá.

Por ello, exigimos de manera inmediata:

1. Vigilancia 24 horas o sistemas de seguridad efectivos que impidan nuevas ocupaciones y vandalismo.

2. Consolidación estructural de urgencia. No podemos esperar a que se aponga en marcha el proyecto integral de rehabilitación (aprobado hace dos años) para asegurar los muros y cubrir las pinturas que aún puedan quedar.

3. Transparencia. Queremos plazos, presupuestos y responsables. ¿Quién permitió que la pintura del escudo heráldico se perdiera? ¿Qué sanción se va a imponer por la falta de custodia del bien?

La alquería de la Torre no es un montón de piedras y escombros; es un testigo mudo de nuestro pasado agrícola y señorial. Si el Ayuntamiento de Valencia no es capaz de cuidar lo que es de todos, está demostrando una incapacidad manifiesta para gobernar esta ciudad, tal y como llevamos lustros denunciando. Cambias las siglas, cambian los partidos políticos, pero la situación de nuestro patrimonio cultural sigue sin mejorar.

Basta de desidia. Basta de dejar que el patrimonio se convierta en una ruina por omisión. ¡Exigimos la rehabilitación real para la alquería de la Torre YA! Sin más excusas y dilaciones.

Un saludo...

El texto es propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural y las imágenes han sido cedidas a nuestra asociación, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

El Ayuntamiento de Valencia y su bando fallero sentencian el patrimonio en las Fallas de 2026: un fracaso absoluto que exige la reapertura del expediente ante el Síndic de Greuges

Buenas tardes,

Lo advertimos en 2025 y los hechos nos han dado la razón de la forma más amarga posible. Tras el cierre del expediente del año pasado, basado en unas supuestas "promesas de mejora", el Ayuntamiento de Valencia ha demostrado ser incapaz de cumplir y las Fallas de 2026 han certificado una inaacción municipal dolosa. El Bando Fallero se ha confirmado como un instrumento inútil, un documento estético sin capacidad coercitiva que ha dejado desprotegidos nuestros monumentos más insignes. Papel mojado.

Desde nuestra asociación hemos vuelto a solicitar al Síndic de Greuges la reapertura del expediente nº2501208, que acumula ya seis recomendaciones. No podemos permitir que la fiesta sea la excusa para el vandalismo institucionalizado y la degradación impune que cada año van a más y a peor.

La desidia ha vuelto a convertir las fachadas de Bienes de Interés Cultural (BIC) en letrinas públicas. La falta de urinarios y de vigilancia, sumada a la masificación de "tardeos" y verbenas, ha provocado vertidos orgánicos constantes en el Mercat Central, la Parroquia de Santa Catalina Mártir y el Arco del Antiguo Hospital General, amén de infinidad de calles del centro de Valencia, Russafa y otras calles de la ciudad donde hemos visto ríos de orínes.

Una degradación no es solo higiénica, es física y potencialmente delictiva, como los ataques al Antiguo Hospital General (BIC). Se han registrado quemaduras visibles en columnas y elementos pétreos por el disparo indiscriminado de pirotecnia ilegal en una zona donde está terminantemente prohibido. Estos hechos podrían ser constitutivos de delitos contra el patrimonio según el Art. 323 del Código Penal.

En el Museo de Prehistoria, La Beneficència (BIC), se ha autorizado una carpa de grandes dimensiones pegada materialmente a la fachada, incumpliendo de forma flagrante el Art. 38.e de la LPCV que prohíbe elementos que menoscaben la apreciación del bien. Ha habido un tñecnico que ha fallado de manera flagrante a la hora de conceder ese permiso.

Involución en la Real Basílica de la Virgen (BIC): tras años de lucha para proteger el zócalo con seis inscripciones romanas de los siglos II y III d.C., en 2026 ha vuelto a instalarse una estructura metálica en contacto directo con la fachada, sin protecciones físicas de ningún tipo que se llevaban colocando unos años tras las intervenciones del Síndic. Se avisó del problema y no se hizo nada.

Denunciamos una palmaria vulneración del Principio de Igualdad. Mientras el Ayuntamiento ejerce una fiscalización punitiva sobre el comercio local permanente, al que se le exigen rótulos y materiales estrictos, permite que durante las Fallas el espacio público sea ocupado por instalaciones de estética industrial y mercantilista que ignoran cualquier manual de estilo urbano y el propio PEP de Ciutat Vella.

Resulta incomprensible que se prohíban tardeos, verbenas y eventos en la plaça del Mercat alegando protección patrimonial, pero se autorice "tardeo-verbena", que termina siendo un un macro botellón, en la Plaza Ciudad de Brujas, degradando el entorno del Mercat Central y la Iglesia de los Santos Juanes (BIC). La discrecionalidad técnica no puede amparar la arbitrariedad de una administración que incurre en una 'culpa in vigilando' reincidente.

Recordamos al consistorio que, según el Art. 9.3 de la Constitución Española, un Bando de Fallas no puede eximir del cumplimiento de normas de rango superior como la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano o el PEP de Ciutat Vella. Otorgar permisos de ocupación "en masa" sin una fiscalización previa del grado de protección de los bienes afectados es una vulneración legal que debe cesar de inmediato.

Exigimos para 2027 una planificación vinculante que incluya:

El vallado efectivo de perímetros BIC y prohibición total de actividades pirotécnicas en entornos sensibles como los Jardines del Antiguo Hospital General (BIC).

Fichas técnicas de protección comunicadas por escrito a cada comisión fallera con las prohibiciones expresas bajo pena de revocación de licencia.

Prohibición de tardeos-verbenas, etc. en entornos monumentales BIC como la plaza Ciudad de Brujas.

Presencia policial activa para evitar daños y actos incívicos, cuya ausencia este año supone una dejación de funciones inadmisible por parte de las concejalías responsables.

Es indignante constatar que el Ayuntamiento de Valencia, independientemente del color político o la legislatura de turno, sigue sin estar a la altura de la dignidad que merece nuestro legado histórico. Estamos ante una desidia institucional cronificada: se suceden los años, se acumulan las quejas desde 2018 y se repiten las recomendaciones del Síndic, pero el consistorio persiste en una gestión negligente que prioriza la explotación mercantilista sobre el deber de custodia. 

La administración municipal ha demostrado, una vez más, que su compromiso con el patrimonio es puramente retórico, incurriendo en una 'culpa in vigilando' reincidente al permitir daños que ya se comprometió a evitar en el pasado.

El patrimonio de Valencia no es el decorado de una fiesta, es nuestra historia. Y defenderlo no es opcional, es una obligación moral y legal.

Un saludo...

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