La alquería de Serra en la UVI: El demoledor informe que acorrala al Ayuntamiento de Valencia

Buenas tardes,

Como bien sabéis a través de las constantes denuncias que realizamos desde la asociación, la alquería de Serra (BRL) lleva trece años sumido en un bucle de expedientes amontonados y pasividad administrativa. Sin embargo, la reciente publicación de la décima recomendación del Síndic de Greuges ha provocado un movimiento sísmico en los despachos del consistorio. El Ayuntamiento de Valencia se ha visto obligado a emitir un informe técnico trascendental, fechado el 10 de junio de 2026 por el Servicio de Disciplina Urbanística que por fin desvela de manera oficial el lamentable y pésimo estado en el que se encuentra el interior del monumento.

Y para entender la importancia de lo que los técnicos municipales acaban de plasmar sobre el papel, es obligatorio hacer memoria. La queja que ha motivado este documento (la número 2601340, que supuso la reapertura de un expediente del año 2024) ha llevado al Síndic de Greuges, harto de comprobar cómo las denuncias formuladas desde aquella lejana víspera de Navidad del 24 de diciembre de 2013 caían en saco roto, a emitir un claro y contundente recordatorio al Ayuntamiento, afeando que se hubieran ignorado sistemáticamente sus nueve recomendaciones anteriores dictadas entre los años 2015 y 2024.

Acorralados por esta décima resolución del defensor del pueblo y el temor de una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia, como ha ocurrido con la alquería de Volante, los técnicos de la Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación organizaron una visita de inspección de urgencia el pasado 25 de mayo de 2026, acudiendo al inmueble con el respaldo de los representantes de la propiedad, operarios de la contrata municipal de obras CADERSA y varias patrullas de la Policía Local, dado que la alquería se encuentra ilegalmente ocupada. Tras una mediación con los agentes, los okupas permitieron voluntariamente el acceso de los inspectores, dando pie al informe técnico del 9 de junio de 2026 que nos ha llegado.

Cuando los técnicos municipales lograron cruzar por fin el umbral de la edificación principal de la alquería, se toparon con un escenario desolador que confirma, palabra por palabra, las denuncias que venimos haciendo desde hace más de una década. El informe describe una auténtica boca de lobo: el edificio carece por completo de luz artificial, obligando a realizar la inspección en la penumbra.

Y en medio de esa oscuridad, los técnicos constataron una realidad alarmante. Se intuyó el pésimo y deficiente estado de conservación del forjado de una de las crujías estructurales, compuesto por viguetas de madera tradicionales y revoltón cerámico, que da forma al techo de la planta baja.

Lo más grave de la inspección es la gran confesión que realiza el propio Ayuntamiento de Valencia: esa crujía dañada se encuentra sostenida de manera provisional mediante una "solución precaria y con bastante antigüedad" de apuntalamiento puntual, sin determinar los años que lleva eso allí.

Esta revelación es estremecedora: el consistorio certifica ahora que el esqueleto de este BRL lleva años manteniéndose en pie de milagro gracias a unos puntales viejos y provisionales que nadie se había preocupado de supervisar o sustituir por una consolidación real. Y esto es grave.

El avance de la ruina es de tal calibre que la inspección tuvo que detenerse por motivos de seguridad. El informe admite abiertamente que, debido al mal estado de la escalera de acceso al primer piso, a la nula iluminación y al "aspecto inseguro" del mencionado forjado, los técnicos no pudieron acceder a la planta superior para analizar su composición con claridad. La planta noble del edificio es hoy una zona prohibida por riesgo inminente de derrumbe. Desde la distancia, sólo alcanzaron a observar un entramado intermedio de madera sobre el que se apoya un cañizo viejo del que apenas quedan visibles unos pocos restos del yeso que originalmente lo revestía por la parte inferior.

Esta falta de seguridad provocó un inevitable efecto dominó: al no poder pisar el primer piso, los técnicos tampoco pudieron analizar minuciosamente el estado del forjado de madera de la cubierta exterior. El informe reconoce con resignación que el tejado se encuentra a una altura considerable y que únicamente pudo vislumbrarse algún tramo suelto "a través de los huecos y boquetes del cañizo intermedio". Una preocupante manera de evaluar un monumento: adivinar el estado del tejado mirando de reojo a través de los agujeros de un techo que se cae a pedazos.

Si el interior de la edificación principal estremece, el entorno exterior ratifica la pérdida paulatina de los elementos que configuran este Espacio Etnológico de Interés Local. Las fachadas de la alquería se observan aparentemente estables, pero aparecen completamente llenas de pintadas y grafitis delictivos, afectando tanto al bloque principal como a la edificación anexa contigua a la entrada, a la cual tampoco se pudo acceder.

El punto más dramático del exterior se localiza en el patio trasero, el antiguo corazón agrícola de la finca. El informe técnico corrobora de manera oficial lo que ya sabíamos: el muro de cerramiento histórico se ha desmoronado en un tramo considerable junto al camino lateral derecho. Para camuflar este derrumbe, se constata que en el interior se ha levantado de manera muy rudimentaria un cierre paralelo formado por paneles de chapa con pilares de hormigón, una solución que agrede visualmente al monumento.

El resto del patio trasero es descrito en el informe como una auténtica selva impenetrable:

- Se encuentra totalmente repleto de una densa vegetación perimetral que tapa los posibles restos de construcciones históricas que debieron existir en su día asociadas a la alquería.

- Está colmatado por una ingente cantidad de basuras, escombros y enseres abandonados.

- Presenta una cobertura inestable que coincide con la salida de la alquería hacia el patio, de construcción muy posterior, cuyos elementos se encuentran actualmente a medio desmontar.

A pesar de la gravedad de los daños descritos, este informe del 10 de junio de 2026 representa un triunfo histórico para la defensa del patrimonio valenciano, ya que introduce tres consecuencias jurídicas y administrativas de un valor incalculable que desarmar las excusas que el Ayuntamiento de Valencia lleva años utilizando para dar por atendidas nuestras quejas y denuncias:

1. El desalojo forzoso por motivos de seguridad

Hasta la fecha, la presencia de ocupantes ilegales servía como el escudo burocrático perfecto para dilatar cualquier intervención. Sin embargo, al certificar los técnicos que los forjados son inestables, el consistorio introduce una observación determinante: por estrictos motivos de seguridad, "se considera imprescindible evitar la permanencia de éstas personas en el mismo durante las obras". Al existir un riesgo real para las vidas humanas, la administración está facultada (y obligada) a decretar el desalojo inmediato por la vía de la urgencia urbanística que marca el artículo 189 de la LOTUP. Y esto ya lo hizo en la casas de titularidad privada que forman parte de la alquería dels Moros, cuando en agosto de 2018 se vino abajo la casa nº2.

2. No se admiten parches cosméticos

El informe recuerda que la ficha de protección del inmueble (EPA_SUR_14.02 del Catálogo Estructural) exige obligatoriamente la redacción de un Proyecto de Restauración y un estudio arqueológico para cualquier intervención definitiva. Por ello, aclara que las medidas urgentes dictadas ahora son exclusivamente precautorias de seguridad, impidiendo que la propiedad pretenda cerrar el expediente de mala fe colocando un simple parche de cemento.

3. La cuenta atrás de la Ejecución Subsidiaria

El Servicio de Disciplina Urbanística acepta formalmente la recomendación del Síndic y otorga un plazo estimado de 2 meses a la propiedad para ejecutar de forma obligatoria un paquete de medidas de seguridad urgentes,.

Las actuaciones que se exigen de inmediato son muy claras:

1. Desbroce del terreno para acceder perimetralmente al muro del patio trasero y analizar su estado.

2. Apuntalamiento urgente de los elementos inestables de los cuerpos protegidos, especialmente en la planta baja.

3. Demolición de la construcción inestable exterior por ser de época muy posterior al conjunto histórico.

4. Retirada de enseres y basuras acumuladas en el patio de acceso y en el patio interior.

5. Retirada de la malla deteriorada y de la valla metálica adosada al tramo del muro colapsado.

6. Protección exterior del muro dañado mediante un cerramiento metálico o, si está demolido del todo, mediante un muro provisional de bloques de hormigón.

7. Revisión del cerramiento de paneles de chapa del patio interior.

8. Colocación de lámina geotextil de protección y afianzamiento con mortero endurecedor en los puntos donde el muro haya perdido su coronación.

9. Desmontaje y custodia de los materiales del cobertizo situado sobre la salida al patio.

10. Reposición de elementos deteriorados del tejado y retirada de añadidos sueltos.

11. Instalación de bastidores con tela metálica tipo gallinero en el interior de todos los huecos de las fachadas para evitar el vandalismo.

El documento concluye con una advertencia vinculante: si la propiedad no ejecuta voluntariamente estas obras en el plazo establecido de 60 días, el Ayuntamiento de Valencia procederá de forma inmediata a la ejecución subsidiaria, encargando los trabajos a las empresas contratistas municipales (CADERSA) bajo presupuesto institucional.

La publicación de este informe demuestra que la constancia de la sociedad civil y las denuncias incansables dan sus frutos, obligando a la administración a asumir sus responsabilidades. El "Récord de la Vergüenza" de las diez recomendaciones del Síndic de Greuges ha puesto por fin un temporizador real sobre la mesa del equipo de gobierno local.

El plazo de dos meses ha comenzado a correr tras la firma del documento el 10 de junio de 2026, lo que sitúa la fecha límite a mediados de agosto de este mismo año. Desde aquí os animamos a permanecer muy atentos y a vigilar de cerca el destino de este rincón tan querido de nuestra huerta. Si al vencer el plazo las obras de consolidación no han comenzado de manera subsidiaria por parte del consistorio, la siguiente parada de este viaje ya no serán las cartas de queja administrativa, sino una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Valencia por un presunto delito de prevaricación por omisión en la custodia de nuestra historia, tal y como ha quedado patente tras trece años de denuncias y diez recomendaciones. No se tendrían que llegar a estos extremos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural valenciano.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años.

Denunciamos el absoluto abandono de la prensa de 1918 de la Aceitera Casanova

Buenos días,

Esta misma semana volvimos a pasar por la pequeña placeta peatonal situada en la parte posterior de la fachada de la antigua Aceitera Casanova, con frente recayente a la transitada Avenida del Puerto, número 193.

Allí, expuesta a la intemperie, a los pintamonas con sus tags y garabatos y a la más absoluta de las desidias institucionales, sobrevive a duras penas la antigua prensa de aceite de 1918. Una colosal pieza de ingeniería industrial de la fundición de hierro de Peregrín Bort que, en lugar de ser tratada como el hito cultural e histórico que es, ha sido degradada a la categoría de mobiliario urbano proscrito.

Desde nuestra asociación, hartos de promesas vacías, de buenas palabras y de expedientes que acaban perdidos en el laberinto de la burocracia municipal, hemos registrado un escrito de denuncia formal y solicitud de actuación urgente dirigido directamente a la Concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, a la Concejalía de Limpieza Urbana y a la propia Alcaldía-Presidencia del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia.

Pero esta vez no se trata de una simple queja ciudadana. Se trata de un documento elaborado para desactivar el deporte favorito de los departamentos municipales: "pasarse la pelota" unos a otros para evitar intervenir. En este artículo os vamos a contar toda la verdad sobre el estado de esta joya industrial, los detalles técnicos del recurso legal que hemos interpuesto y los plazos improrrogables a los que hemos sometido al consistorio bajo la advertencia formal de acudir al Síndic de Greuges, o de tomar incluso otras acciones legales contra el Ayuntamiento de Valencia.

Para entender la profunda herida que este abandono inflige a la memoria colectiva de Valencia, es de justicia hacer memoria. Debemos remontarnos al año 2001. En aquel momento, los herederos de la familia Casanova realizaron un gesto de extraordinaria generosidad y civismo: donaron de manera completamente altruista al Ayuntamiento de Valencia la prensa hidráulica original de 1918 que había formado parte de las entrañas de su fábrica aceitera que hoy ocupa un supermercado, una viviendas y un párquing. El objetivo de esta donación era claro y vinculante: conservar la pieza in situ para recordar y homenajear la intensa actividad industrial, comercial y obrera que dio vida al edificio y a todo el sector de la Avenida del Puerto durante el siglo XX.

El Ayuntamiento aceptó la donación, instaló la prensa en la placeta trasera y se hizo la foto de rigor. Pero una vez que los flashes se apagaron, la prensa se marchó y las medallas políticas fueron colgadas, el monumento entró en una espiral de desatención crónica.

De hecho, en este mismo blog, ya en el lejano julio del año 2013, os mostrábamos la preocupante falta de mantenimiento que empezaba a sufrir la estructura. Han pasado trece años desde aquella publicación y la inacción municipal ha cronificado la degradación. No podemos decir que no estuvieran avisados. Nuestra asociación ha documentado y denunciado este vertedero visual de forma reiterada a lo largo del tiempo, con alertas públicas muy sonadas en nuestras redes sociales durante los años 2021, 2024 y 2025. Sin embargo, la respuesta del consistorio siempre ha sido el silencio o la inercia. Hoy, en pleno año 2026, la prensa ya no aguanta más.

Tras realizar una minuciosa inspección visual sobre el terreno esta misma semana, el panorama que nos hemos encontrado es desolador. La prensa muestra daños que van mucho más allá de la suciedad superficial; estamos ante alteraciones físico-químicas que ponen en peligro real la integridad del metal.

A continuación, desglosamos las principales patologías detectadas, las cuales han quedado plenamente incorporadas y referenciadas en el expediente administrativo que hemos remitido al Ayuntamiento:

1. Corrosión activa y descamación del hierro de fundición

El hierro de fundición es un soporte noble pero extremadamente sensible a la desprotección. Al eliminarse de forma natural o por desgaste las capas de imprimación y la pintura protectora original, el metal queda expuesto al oxígeno y a la humedad ambiental (especialmente alta en una ciudad marítima como Valencia). Esto ha desatado un proceso de oxidación generalizada. El travesaño superior de la prensa padece una descamación severa. El óxido está devorando la superficie, provocando la pérdida de sección material y amenazando la estabilidad a largo plazo de los monumentales pernos que estructuran la máquina.

2. Colonización por grafitis y tintas químicas agresivas

La totalidad de la superficie de la prensa hidráulica se ha convertido en un pizarra libre para el incivismo ante la absoluta falta de vigilancia y limpieza regular. No encontramos aquí arte urbano, sino meras pintadas vandálicas y tags superpuestos. La base inferior de la estructura, donde se asienta el monumento, presenta una agresión polícroma tremenda con sprays de color verde y amarillo fosforescente. Por su parte, el fuste cilíndrico central y las columnas de soporte lateral están completamente cubiertos de firmas realizadas con rotuladores permanentes y aerosoles negros, una realidad de degradación estética insostenible.

3. La anulación de la memoria: el desprecio a la placa conmemorativa

Para rematar el despropósito, la placa metálica de bronce que dota de sentido histórico, didáctico y jurídico a la donación del monumento se encuentra completamente sucia, oscurecida y rodeada de las citadas pintadas. Un elemento concebido para explicar al ciudadano qué hace esa prensa allí y quiénes fueron los Casanova está hoy anulado, invisibilizado por capas de desinterés municipal.

Cualquier entidad que trabaje en la defensa del patrimonio sabe perfectamente cómo se las gastan los servicios internos de los ayuntamientos. Si denuncias el mal estado de la prensa ante el Servicio de Limpieza, te dirán que al ser un elemento histórico debes acudir a Patrimonio Histórico. Si vas a Patrimonio, te responderán que ellos solo dictan las directrices pero que el mantenimiento ordinario del espacio público es de Limpieza o de la Junta de Distrito correspondiente, tal y como nos ha pasado durante tres años con el antiguo depósito de Gas Lebon. Mientras tanto, el tiempo pasa, los expedientes se archivan por "falta de competencia" y el bien se sigue deteriorando.

Para acabar con este bucle infinito, el escrito de denuncia se fundamenta en un marco normativo de obligado cumplimiento que elimina cualquier posibilidad de parálisis:

El escudo del Artículo 14.1 de la Ley 40/2015 (Régimen Jurídico del Sector Público): Este artículo establece de manera imperativa que si un órgano administrativo recibe un escrito y se estima incompetente para resolverlo, está obligado a remitir directamente y de oficio las actuaciones al órgano que considere competente de su misma Administración, teniendo además que notificar esta circunstancia al interesado. Se acabó el truco de archivar la denuncia; están obligados por ley a coordinarse internamente y esperamos que lo hagan de buenas a primera.

El deber del Artículo 4 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano: Recordamos al Ayuntamiento que las corporaciones locales tienen la obligación legal explícita de velar por la integridad, conservación y salvaguarda de todos los bienes de valor histórico, artístico e industrial de su término municipal. La desatención prolongada de un bien municipal es una flagrante dejación de funciones.

La Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana: Que obliga al propio consistorio a actuar de manera subsidiaria e inmediata ante los daños estéticos (pintadas) causados en elementos situados dentro del dominio público.

Nuestra denuncia no es un ruego benévolo; es una exigencia fundamentada que activa los plazos estrictos de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. En el cuerpo del escrito remitido hemos introducido dos requerimientos con fechas de caducidad muy claras:

Plazo de 10 días hábiles: Exigimos que, en cumplimiento de los principios de transparencia y buena administración, el Ayuntamiento nos comunique de forma expresa el número de expediente asignado, el acuse de recibo y el servicio técnico que asume la competencia del caso. Una cuestión que suele obviar cuando no le interesa contestar.

Plazo máximo de 3 meses: Basándonos en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, la administración tiene un máximo de tres meses para dictar una resolución expresa y notificarnos las medidas materiales que va a adoptar para restaurar la prensa.

¿Y si el Ayuntamiento opta por el silencio administrativo? Ahí es donde hemos dejado muy claro que, si transcurren estos tres meses sin recibir respuesta o sin que se inicien los trabajos sobre el terreno, nuestra asociación interpondrá de manera inmediata una queja formal ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (amparándonos en la Ley 2/2021 de la Generalitat) por dilación indebida y desatención de las obligaciones del patrimonio. La apertura de una investigación por parte del Síndic forzaría al consistorio a dar explicaciones públicas, un escenario más de descrédito institucional que volvería a poner en entredicho la capacidad del actual equipo de gobierno municipal.

En los puntos del SOLICITA de nuestra denuncia hemos dejado claro que no admitiremos que un operario municipal acuda con una brocha gorda y pintura gris a tapar las pintadas, destrozando aún más la pátina del hierro de 1918. Exigimos una intervención urgente, integral y científica:

Limpieza técnica no abrasiva para la eliminación controlada de los grafitis mediante métodos químicos o mecánicos respetuosos que no desgasten las marcas de fundición originales de la prensa.

Tratamiento químico de pasivación del óxido profundo para detener la corrosión interna que sufre el travesaño superior.

Aplicación de imprimación antioxidante y acabado final anti-graffiti, un barniz especial hidrófugo que impedirá que las futuras pintadas agarren en el poroso hierro, permitiendo limpiarlas en el futuro de forma rápida y económica solo con agua caliente a presión.

Inclusión del monumento en los inventarios y circuitos ordinarios de mantenimiento y limpieza del mobiliario histórico-artístico de Valencia.

Parece que para las instituciones públicas sólo merece inversión y cuidado aquel patrimonio monumental, eclesiástico o señorial que sale en las postales turísticas de la ciudad. Sin embargo, el patrimonio industrial, el que habla del trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos, del crecimiento de los barrios obreros como el Ayora, Marítim o el Grao y de la Valencia que se modernizó a golpe de fábrica, siempre es tratado como un patrimonio de tercera clase, un estorbo de metal que se deja oxidar en las esquinas.

Desde nuestra asociación no vamos a tolerar que se ningunee la memoria de la Aceitera Casanova ni la generosidad de la familia que confió en este Ayuntamiento. Las cartas están sobre la mesa, las leyes invocadas y los plazos corriendo. Os mantendremos puntualmente informados de cada paso administrativo que dé este expediente.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

El Síndic de Greuges tumba las vergonzosas excusas de la Conselleria y del Ayuntamiento de Xàtiva sobre el Castillo y el Solar de la Antigua Ciudad

Buenos días,

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana acaba de emitir una Resolución de Consideraciones clara y contundente y que vuelve a validar nuestras alegaciones y peticiones en nuestra lucha por salvar el Castillo de Xàtiva y el Solar de la Antigua Ciudad.

Llevamos desde el 29 de diciembre de 2014, hace casi doce años, denunciando cómo el Ayuntamiento de Xàtiva y la Conselleria de Cultura permiten auténticas barbaridades en este doble Bien de Interés Cultural (BIC). Pues bien, el Síndic, harto de falsas promesas y argumentos jurídicamente absurdos, ha emitido las cuartas recomendaciones.

Hace unos meses volvimos a la carga con la reapertura del expediente (Queja nº 2601252) aportando un dossier fotográfico inapelable, del cual se hizo eco el diario Noticias Ciudadanas. La respuesta de la Conselleria y del Ayuntamiento ante los requerimientos del Síndic ha sido un festival de tirar balones fuera, arrogancia burocrática y desprecio hacia nuestro trabajo y excusas baratas que os resumimos aquí:

El Ayuntamiento de Xàtiva intentó deslumbrar al Síndic sacando pecho con que han recibido 2.001.722,00 € de Fondos Europeos Next Generation para un plan turístico y que acaban de licitar un contrato de mantenimiento de 109.000 € anuales. Pero, ¿qué pasa con la antena-repetidor ilegal instalada en pleno corazón del monumento histórico? Pues, ni cortos, ni perezosos, se justificaron diciendo que la culpa era de la pandemia del COVID-19, porque la población en el diseminado de Bixquert creció mucho y tenían que garantizarles la señal de televisión. Prometen que, como ya hay una antena externa operativa, ahora sí que la van a quitar. Y llevan diciendo lo mismo desde hace años.

La Conselleria de Cultura optó por una estrategia mucho más ruin. En su informe, llegó a tachar nuestras denuncias como una "opinión parcial, interesada y subjetiva" de nuestra asociación. Nos soltaron en la cara que si considerábamos ilegal la antena, deberíamos haber ido a los tribunales ordinarios, ergo a pagar los gastos de un juicio por una legalidad permitida por una administración pública. Y lo peor de todo: guardaron un silencio absoluto ante nuestra exigencia de que la Inspección de Patrimonio fuera a levantar acta de los desperfectos, escondiéndose detrás de que "ya se ha licitado la redacción de un Plan Director". Cinco años para licitar un Plan Director desde las últimas recomendaciones de 2021.

¿De verdad dicen que nuestras denuncias son "opiniones subjetivas"? Aquí se pueden comprobar los hechos objetivos y perfectamente verificables que el Ayuntamiento y la Conselleria se niegan a inspeccionar sobre el terreno:

1. Lápidas históricas de los años 50 destruidas: Las valiosísimas inscripciones conmemorativas de mármol diseñadas por Carlos Sarthou y Gregorio Molina están partidas en pedazos y tiradas por los suelos en la puerta de Aníbal del Castell Menor, perdiéndose fragmentos cada día por falta de custodia.

2. Cañones-papelera: Las piezas de artillería histórica de bronce están llenas de basuras y residuos sólidos de los turistas ante la total ausencia de limpieza, acelerando la corrosión del metal.

3. Aljibes putrefactos: El sistema hidráulico del Aljibe Superior da auténtico asco, convertido en un estanque de aguas negras, lodo y algas, mientras el Aljibe Árabe está sepultado por la maleza salvaje.

4. Atentados arquitectónicos: Parches crónicos de ladrillo caravista y ladrillo hueco moderno pegados con cemento gris en lienzos andalusíes y medievales, provocando daños químicos en la piedra original.

5. Mangueras y cables de alta tensión colgando por las murallas e introducidos a la fuerza por los mechinales históricos del recinto.

6. Pintadas y grafitis delictivos por los muros de todo el castell, que llevan años sin ser retirados.

7. Antenas y repetidores ilegales permitidos por la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de Xàtiva.

Afortunadamente, el Síndic de Greuges ha puesto las cosas en su sitio con una contundencia impecable. Ha dejado claro que ya está bien de tomarle el pelo a la institución y a la ciudadanía. Tras recordarles que la conservación del patrimonio es una obligación constitucional (Art. 46 CE), les ha soltado un hachazo monumental:

Lo decimos muy alto porque el Síndic lo deja por escrito: muchas de las medidas de protección urgentes que necesita el Castillo de Xàtiva NO requieren importantes cantidades de dinero.

¿Cuánto cuesta recoger los trozos de las lápidas rotas de Sarthou y meterlos en un almacén municipal antes de que los roben? ¿Cuánto cuesta vaciar la basura de los cañones de bronce? ¿Cuánto cuesta mandar a un operario a limpiar el agua podrida del aljibe? Es un problema de dejación de funciones, de pereza política y de una preocupante falta de sensibilidad hacia nuestra historia y hacia nuestro patrimonio.

Por todo ello, el Síndic ha RECOMENDADO formalmente al Ayuntamiento de Xàtiva y a la Conselleria de Cultura que se dejen de excusas, se coordinen de una vez por todas y establezcan un calendario de ejecución real y efectivo para cumplir todo lo que han estado incumpliendo desde 2015, 2017 y 2021.

Y, por ley, tienen exactamente UN MES de plazo máximo para responder si aceptan o no estas recomendaciones y qué medidas concretas van a tomar. Desde el Círculo por la Defensa del Patrimonio os garantizamos que vamos a estar contando los días. No vamos a permitir que vuelvan a maquillar su desidia con falsas promesas.

La denuncia y la presión ciudadana es la única herramienta capaz de hacer reaccionar a una administración indolente que se muestra arrogante y prepotente hacia la acción pública de las entidades patrimonialistas.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

El esperpéntico sinfín del depósito de Gas Lebon de Valencia

Buenas tardes,

Nuestros lectores saben de sobra que el patrimonio industrial de nuestra ciudad es uno de los terrenos donde la desidia y el abandono institucional campa más a sus anchas. No les interesa, porque no da votos ni titulares en los medios de comunicación. Aunque en este caso sí que los da, pero profundamente negativos.

Hoy os traemos una actualización de la retirada de pintadas del antiguo depósito de Gas Lebon (BRL), con una parte positiva al comprobar que las cosas se mueven tras años de denuncia, pero también de profunda indignación ante el kafkiano funcionamiento de la maquinaria municipal.

Tras años de lucha, de fotos denunciando las pintadas delictivas y de escritos incansables desde nuestra asociación, hemos recibido el último informe oficial remitido al Síndic de Greuges, con los posicionamientos de los distintos servicios municipales implicados.

A continuación, queremos desgranar lo que está pasando porque lo que dice este informe no tiene desperdicio. Es un ejemplo de manual de cómo la burocracia puede llegar a ahogar la lógica más elemental.

Empecemos por lo positivo, porque también nos gusta reconocer cuando se da un paso en la dirección correcta. Si pasáis estos días junto al depósito, notaréis un cambio importante. El informe oficial de fecha de 4 de junio de 2026 nos ha confirmado lo que ya veníamos observando sobre el terreno: las tareas de limpieza han comenzado y lo hemos comprobado in situ.

El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico constató en una visita de inspección que el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos ha iniciado por fin el decapado de los grafitis. No estamos hablando de un simple manguerazo de agua a presión que pueda dañar el metal, sino de una operación seria utilizando productos diluyentes específicos que han sido previamente convenidos y autorizados por los técnicos de Patrimonio Histórico. Además, el compromiso del Ayuntamiento es que, una vez concluya este laborioso proceso de limpieza profunda, se aplicará una capa protectora con pintura antigrafitis para intentar blindar la superficie metálica.

Hasta aquí, las buenas noticias. El problema surge cuando pasamos de la limpieza puramente reactiva a las medidas de prevención a medio y largo plazo. Como os podéis imaginar, limpiar el depósito es una solución efímera si dejamos la estructura totalmente desprotegida a pie de calle. En pocas semanas, los delincuentes pintamonas volverán a hacer de las suyas y el dinero invertido en el decapado se habrá ido directamente por el sumidero.

Para evitar esto, el Síndic de Greuges exigió tres cosas fundamentales en sus recomendaciones: un cronograma de limpieza, un proyecto técnico de vallado perimetral y un plan de mantenimiento estructural y regular contra la oxidación que corroe el hierro del depósito. Y aquí es donde la administración local saca a relucir su peor cara: la de los compartimentos estancos y la elusión de responsabilidades.

Este sería el desfile de excusas varias ofrecidas por los diferentes servicios del Ayuntamiento de Valencia:

- El Servicio de Limpieza se lava las manos con respecto al vallado y la oxidación. Argumenta que el actual contrato de limpieza de grafitis (el famoso Lote 4) se adjudicó a una empresa que no dispone de los medios materiales ni humanos para estos cometidos patrimoniales. Además, advierte que poner una valla permanente podría suponer "añadir elementos impropios" al BRL, algo que tendría que autorizar Patrimonio Histórico.

- El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico se apresura a contestar que a ellos tampoco les corresponde mover un solo dedo para el vallado ni para la instalación de cámaras de videovigilancia. Textualmente afirman que "esta recomendación debe ser atendida directamente por el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos, así como por el Servicio de Servicios Centrales Técnicos". Tampoco consideran que sea su competencia el diseño de ese Plan de Actuación Único que tanto reclamamos.

- El Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos termina de cerrar el círculo del despropósito. En su contestación al informe, afirma sin pestañear que el vallado del perímetro del antiguo depósito de Gas Lebon "no es competencia suya", escudándose en que la estructura "no forma parte del objeto del contrato de mantenimiento de edificios municipales". Y, para terminar de pasarse la patata caliente, sugieren que la competencia podría ser del Servicio de Patrimonio Histórico o del Servicio de Patrimonio.

Es verdaderamente dantesco. Llevamos con este expediente dando tumbos desde las quejas de 2023 y 2025. ¿Cómo es posible que, a fecha de hoy, en pleno junio de 2026, los técnicos municipales de una de las capitales más importantes de España sigan discutiendo entre ellos sobre a quién le toca poner una valla para proteger un monumento protegido?

Al ver que ningún servicio quería asumir la responsabilidad del vallado, de las cámaras de seguridad ni del crucial plan contra la oxidación, la Oficina de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones ha tenido que tomar una decisión que retrata perfectamente la parálisis procedimental que sufrimos.

A la vista de este festival de informes cruzados donde todo el mundo rechaza la competencia, la Oficina ha decidido acudir a una especie de "árbitro" interno. Así, con fecha de 1 de junio de 2026, ha solicitado formalmente a la Secretaría General de la Administración Municipal que proceda a determinar qué Servicio o Servicios resultan competentes de una vez por todas. Para ello, han tenido que desempolvar una atribución conferida por la Junta de Gobierno Local en una sesión celebrada... ¡el 27 de junio de 2014!

Como impulsores de estas quejas, considera absurdo que para instalar una valla protectora en torno a un Bien de Relevancia Local que se limpia con dinero público tengamos que abrir un proceso de resolución de controversias competenciales ante la Secretaría General. Esta forma de actuar es un insulto al sentido común y al principio de eficacia que debe regir a cualquier administración pública.

No queremos que este expediente se alargue otros 8 meses o un año mientras los papeles viajan de despacho en despacho para decidir quién se encarga de la vall. La oxidación no entiende de competencias, ni de pliegos de condiciones contractuales, ni de acuerdos de 2014. El óxido avanza cada día, bajo la lluvia y la humedad, debilitando una estructura de hierro que es insustituible.

Desde nuestra asociación hemos exigido que no se acepte este conflicto de competencias interno como una excusa para dilatar los plazos. Para los ciudadanos, el Ayuntamiento es una entidad única; sus problemas de organización interna y sus contratos de mantenimiento sectoriales no nos incumben ni pueden utilizarse para desproteger nuestro patrimonio cultural.

Hemos solicitado que sea la propia Alcaldía la que tome las riendas de forma unificada mediante un decreto de urgencia. Es hora de coordinar de verdad, de dejarse de informes de perfil y de blindar el Depósito de Gas Lebon antes de que las nuevas pintadas vuelvan a sepultar el metal decapado.

Os mantendremos puntualmente informados de la resolución de una queja que lleva enquistada demasiados años por la desidia municipal. El patrimonio cultural no es de los negociados ni de los servicios municipales: es de todos los valencianos.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

De la soberbia institucional a las diligencia penales contra el Ayuntamiento de Valencia por la alquería de Volante

Buenas tardes,

Nuestra asociación ha logrado abrir una brecha monumental en el muro de impunidad y arrogancia con el que el Ayuntamiento de Valencia suele despachar a los ciudadanos y a las entidades que velamos por el patrimonio cultural valenciano

La Fiscalía Provincial de Valencia (Sección de Diligencias de Investigación) ha dictado un Decreto demoledor por el que incoa formalmente Diligencias de Investigación Penal (DIP n.º 270/26) contra el Ayuntamiento de Valencia por presuntos delitos contra el patrimonio histórico tipificados en los artículos 323 y 324 del Código Penal. 

Y no estamos hablando de una simple nota de trámite: en el apartado TERCERO de dicha resolución, el Ministerio Fiscal califica de forma directa y explícita al Ayuntamiento de Valencia como "persona identificada como sospechosa".  

Para llegar hasta aquí, hemos tenido que librar una batalla burocrática asfixiante, desmontando mentira tras mentira, soportando desplantes intolerables y presentando nuestra denuncia inicial y nuestra posterior aportación de pruebas supervenientes fundamentales.

Hoy os queremos contar, de manera detallada, la verdadera historia de cómo la soberbia del Servicio Municipal de Patrimonio y compañía dejó caer la Alquería de Volante y cómo intentaron pisotearnos por el camino, tachando nuestra denuncia de "simplista" por pedir cumplir la Ley.

Antes de entrar en la maraña de fechas y decretos, queremos empezar por lo que consideramos una de las mayores faltas de respeto institucional que hemos vivido desde nuestra asociación. Es algo que no podemos, ni vamos a pasar por alto, porque retrata a la perfección la catadura moral y la prepotencia de los técnicos, jefes de servicio y responsables políticos que gestionan nuestra ciudad.  

Cuando el Ayuntamiento se vio acorralado por nuestras reiteradas quejas ante la Sindicatura de Greuges, la Jefatura del Servicio de Patrimonio Municipal (no Histórico y Artístico), cuyo máximo responsable es Juan Manuel Badenas, emitió un informe oficial en el que, lejos de entonar el mea culpa o mostrar un mínimo de sensibilidad, tuvo la osadía y la desvergüenza de tachar de "simplistas" las legítimas y fundamentadas peticiones de nuestra asociación.

Nos acusaron, con un tono condescendiente y paternalista inadmisible, de realizar "juicios de valor" y llegaron a afirmar por escrito que “no aceptaban como ciertos los calificativos vertidos por la parte promotora”. 

Es inaudito, jurídicamente inaceptable e intolerable que el Servicio de Patrimonio intente desacreditar la labor de fiscalización ciudadana mediante ataques a la credibilidad de nuestra asociación. Es una burda muestra de soberbia institucional que sólo busca ocultar su propia parálisis administrativa e incapacidad técnica. ¿Desde cuándo exigir que un propietario mantenga su edificio en condiciones de seguridad, tal y como obliga el artículo 189 de la LOTUP, es algo "simplista"? No es simplista, señores de Patrimonio; es el pilar básico, elemental y fundamental de todo el ordenamiento urbanístico valenciano.

Según el Principio de Transparencia y Servicio Efectivo a los Ciudadanos, consagrado en el artículo 3 de la Ley 40/2015, los valencianos no tenemos ninguna obligación de conocer la "geografía burocrática" de las concejalías ni los supuestos líos internos que tengan con otras entidades. Bajo el Principio de Unidad de la Administración, el Ayuntamiento debe responder ante el ciudadano de forma única, coherente y respetuosa. Pretender que la sociedad civil se calle mientras un monumento se desploma, y encima insultar nuestra inteligencia llamándonos "simplistas", constituye una burla flagrante al procedimiento y una actitud chulesca que la Fiscalía ya ha empezado a limar.  

Para entender la magnitud del posible delito patrimonial cometido, conviene recordar qué era y qué significaba la Alquería de Volante. Hablamos de un inmueble de un valor arquitectónico, tipológico e histórico excepcional, una pieza clave para comprender el pasado agrícola y humano de l'Horta de Valencia. 

Su valor no era una invención nuestra; estaba reconocido y protegido por las máximas herramientas de protección:  Fichas del Plan de Acción Territorial (P.A.T.) de la Huerta de Valencia: Inventariada formalmente con los códigos de protección P.A.T: EPA 15.02 y EPA 15.03.  Catálogo del PGOU de Valencia: Catalogada con un Nivel de Protección 2.º, bajo la Ficha del Catálogo 332 del Distrito 10. 

Esta joya patrimonial fue donada generosamente al Ayuntamiento de Valencia en el año 1977 (asumida formalmente por el consistorio en 1979), incluyendo el edificio y tres valiosas hanegadas de tierras de cultivo a su alrededor. El Ayuntamiento aceptó el regalo de buen grado, pero en lugar de protegerlo, restaurarlo y devolverlo a la ciudadanía en forma de espacio cultural, decidió abandonarlo a su suerte.

Durante décadas, la alquería sufrió un abandono sistemático, convirtiéndose en el blanco de robos, vandalismo y ocupaciones ilegales crónicas, ante la absoluta pasividad de la concejalía gestora. El principio del fin llegó en enero de 2024, cuando el edificio sufrió un pavoroso incendio. El fuego calcinó las vigas de madera históricas y provocó la desaparición total de los pocos forjados de las bóvedas de revoltones, que quedaban.

La alquería quedó herida de muerte, reducida a un trágico "esqueleto" de muros agrietados que requerían una intervención de consolidación de carácter crítico y de ejecución inmediata. Una ayuda que el consistorio le negó con una crueldad burocrática pasmosa.  

Gracias al concienzudo análisis de nuestro equipo jurídico plasmado en las alegaciones presentadas ante el Síndic, logramos sacar a la luz un hecho de una gravedad extrema que ya está bajo la lupa de la Fiscalía. Estamos hablando de lo que consideramos un archivo fraudulento y un acto nulo de pleno derecho que aceleró la muerte del monumento.  

Está sería la cronología del engaño:

12 de febrero de 2024: Tras el incendio, la Oficina Técnica del Control de la Conservación de la Edificación realiza una inspección in situ y emite un informe técnico tajante: la Alquería de Volante se encuentra en una situación flagrante de "amenaza de ruina inminente".  

19 de abril de 2024: Dicho informe es trasladado oficialmente al Servicio de Patrimonio para que actúe de urgencia en su condición de propietario del bien. 

29 de abril de 2024: Tan sólo diez días después, en lugar de ordenar la colocación inmediata de andamios, torres de apeo metálicas, estabilizadores de fachada o cimbras de refuerzo, el Servicio de Patrimonio firma el "archivo del procedimiento sin más trámite".  

¡Es un absoluto escándalo! Decretar el archivo "sin más trámite" de una ruina inminente sobre un edificio protegido de tu propiedad, sin ejecutar una sola medida de seguridad, es una dejación de funciones que sobrepasa la mera negligencia administrativa para entrar de lleno en el terreno de la imprudencia punible y una posible prevaricación por omisión.  

Y aquí viene el dato objetivo que podría demostrar el dolo: Es un hecho probado que no existe ni un sólo informe técnico de inspección, seguimiento o mantenimiento generado por el Ayuntamiento entre febrero de 2024 y febrero de 2026. ¡700 días de silencio absoluto! 

Dos años enteros en los que la administración conoció el riesgo de derrumbe, recibió nuestras denuncias por Registro General de Entrada (17 de mayo de 2024) y las advertencias de los órganos de control, y decidió, de forma voluntaria y deliberada, no hacer absolutamente nada. Esta parálisis consciente es la causa directa y única del desastre posterior.  

El desenlace de esta crónica de una infamia anunciada era tan matemático como doloroso. Al dejar los muros de la alquería desprotegidos frente a las lluvias del otoño y del invierno y sin un solo puntal que absorbiera los empujes, el monumento terminó por colapsar.  

En febrero de 2026 se certificó de forma oficial el derrumbe de más del 60% de la estructura de la Alquería de Volante. El edificio se vino abajo, sepultando bajo los escombros décadas de historia de nuestra huerta. Una pérdida patrimonial completamente irreversible provocada por la desidia de quienes tenían la obligación legal de protegerla.  

Este descalabro supuso un hito trágico. El inmueble, que ya había sido incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra el 3 de septiembre de 2024 debido a nuestras denuncias, pasó automáticamente a la "Lista Negra" de dicha institución. Con este ingreso, la Alquería de Volante ha tenido el vergonzoso honor de convertirse en el primer monumento de la historia de la ciudad de Valencia en entrar en este registro de bienes destruidos por completo debido al abandono de la administración pública. Un auténtico borrón reputacional y un daño histórico incalculable para nuestra ciudad.

El Servicio de Patrimonio llegó a afirmar por escrito ante el Síndic que «no se ha podido verificar» que el catálogo del Plan de Acción Territorial de la Huerta incluyera la alquería. Una afirmación que falta gravemente a la verdad y al deber de veracidad de los funcionarios públicos. Consta en el propio expediente que el Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento, mediante una notificación oficial de fecha 4 de junio de 2024, ya había certificado de forma nítida que el inmueble estaba inventariado con los códigos PAT EPA-15.02 y EPA-15.03. 

Que un departamento municipal niegue lo que otro ya ha certificado en el mismo expediente no es un despiste; es una maniobra omisiva presuntamente destinada a esquivar el artículo 189.7 de la LOTUP, que obliga de forma imperativa a la reconstrucción fiel del volumen y los elementos tipológicos en caso de destrucción de bienes catalogados.  

Patrimonio sostuvo, sin sonrojarse, que la adopción de medidas de estabilización o reconstrucción resultaría «manifiestamente antieconómica para el interés público». Desde nuestra asociación les recordamos firmemente que el interés público patrimonial es un valor constitucional (Art. 46 CE) que jamás puede supeditarse a criterios de ahorro monetario derivados de la propia desidia de la administración, como ha sido este caso. El Ayuntamiento no puede beneficiarse de su propia infracción: si el edificio se degradó hasta ser caro de reparar, es porque ellos lo dejaron degradarse durante 700 días.

La doctrina del Tribunal Supremo es tajante: el límite económico de conservación es para propietarios privados asfixiados, nunca para una Administración Pública que cuenta con capacidad presupuestaria y una responsabilidad agravada de tutela. Pretender ahorrarse el dinero dejando caer un monumento es una desviación de poder de libro.  

Otra de las grandes mentiras consistió en culpar a ADIF, alegando que como el inmueble estaba inserto en el suelo del nudo ferroviario de alta velocidad desde 2007, existía una «imposibilidad de un uso o acceso público ordinario». Otra falacia desmontada por los propios papeles municipales: el Ayuntamiento confesó que aquella expropiación jamás se perfeccionó porque nunca se pagó el justiprecio, asumiendo textualmente que «el Ayuntamiento se mantiene como propietario y ADIF como poseedor». El hecho de que no tuviera un acceso público diario no restaba un ápice de su valor histórico ni eximía al consistorio de su deber de seguridad. Como administración investida de imperium, el Ayuntamiento tenía todas las herramientas legales —convenios interadministrativos, requerimientos o autorizaciones judiciales de entrada urgente— para acceder y colocar los apeos metálicos. Decir que "ADIF no contesta desde 2017" y cruzarse de brazos durante 9 años mientras el edificio se hunde es la prueba de cargo definitiva del abandono de funciones que podrían derivar en la correspondiente responsabilidad penal.  

Hartos de este "ping-pong" burocrático y de las respuestas evasivas del consistorio, la Sindicatura de Greuges dictó una clara e inapelable Resolución de Cierre el pasado 19 de mayo de 2026. El Síndic certificó de manera oficial la rebeldía y la "desatención contumaz" del Ayuntamiento de Valencia respecto a las recomendaciones de protección que venía ignorando desde noviembre de 2024. En un gesto de extrema gravedad institucional, el propio Síndic cerró el caso invitando formalmente a este colectivo a acudir al Ministerio Fiscal ante la total impunidad con la que operaba la Jefatura de Patrimonio.  Y así lo hicimos. Cruzamos los datos, unimos los expedientes y la vía penal preprocesal se ha activado de forma fulminante. La Fiscal investigadora ya ha oficiado directamente al consistorio exigiéndole legalmente que certifique de forma pormenorizada el nivel de protección, los títulos de propiedad y las medidas concretas que se adoptaron (u omitieron) para evitar el colapso. La soberbia municipal se ha topado de frente con el Código Penal. Nuestra exigencia: Reconstrucción Fiel y Depuración de Responsabilidades.

Desde nuestra asociación queremos mantener la máxima prudencia y el respeto escrupuloso a los tiempos de la justicia. Sabemos perfectamente que estamos en una fase inicial de investigación preprocesal, y que no nos encontramos ante un juicio penal ni ante una sentencia firme. En este momento, corresponde a la Fiscalía recabar toda la documentación interna y determinar si existen indicios suficientes para judicializar el caso ante el Juzgado de Instrucción, ejerciendo la acción penal por un presunto delito contra el patrimonio histórico y prevaricación por omisión.  

Pero que nadie les quite el mérito a la constancia y a la lucha de la sociedad civil organizada. Haber logrado que el Ministerio Fiscal aprecie indicios de delito contra el patrimonio cultural e incoe diligencias formales apuntando al Ayuntamiento de Valencia es un hito histórico en nuestra ciudad.

Desde aquí lo decimos alto y claro: No nos vamos a callar ni nos vamos a conformar con que consoliden los cuatro escombros que han quedado en pie. Vamos a exigir hasta las últimas consecuencias la aplicación estricta del artículo 189.7 de la LOTUP: el Ayuntamiento de Valencia está obligado legalmente a ejecutar un Plan de Reconstrucción Fiel que devuelva a la Huerta el volumen, la fisonomía y los elementos tipológicos exactos de la Alquería de Volante, costeado íntegramente de los presupuestos municipales. 

Asimismo, exigimos la identificación nominativa y la depuración de responsabilidades de los técnicos y políticos que firmaron aquel infame archivo de ruina de 2024 y nos ignoraron durante 700 días. Basta ya de prepotencia, basta ya de tratar a los ciudadanos como el enemigo o rivales "simplistas" y basta ya de dejar morir nuestra historia. La Alquería de Volante ya está en la Lista Negra de Hispania Nostra, pero los responsables de su destrucción van a tener que responder ante una Fiscal penal.  

Os seguiremos informando de cada avance en las Diligencias Penales 270/26.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

El día que Hacienda retrató la farsa municipal de la antigua Estación de FEVE de Nazaret

Buenas tardes,

La verdad tiene un camino rectilíneo, pero la burocracia de este Ayuntamiento prefiere los laberintos, los mareos y los engaños.

Durante años, quienes nos dejamos la piel defendiendo el patrimonio cultural valenciano nos hemos enfrentado a todo tipo de excusas de mal pagador por parte de la administración pública. Sin embargo, lo acontecido en los últimos dos meses en torno a la Antigua Estación de FEVE de Nazaret (catalogada formalmente como Bien de Relevancia Local con la categoría de Monumento de Interés Local) sobrepasa los límites de la negligencia administrativa ordinaria para adentrarse de lleno en el terreno de la farsa institucional y el ridículo jurídico más espantoso y vergonzoso al que hemos asistido.

El pasado 20 de mayo de 2026, la Secretaría General de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en la Comunidad Valenciana dictó una resolución que ha desnudado por completo al Ayuntamiento de Valencia. En un documento de apenas tres párrafos, el Estado ha pulverizado el falso relato del "limbo de propiedad" que el consistorio pretendía utilizar como escudo definitivo para permitir la ruina pasiva de este hito de la arquitectura ferroviaria valenciana. La concejalía competente y sus servicios técnicos han quedado retratados de una forma tan contundente que solo cabe exigir la depuración inmediata de responsabilidades.

Para entender la solidez jurídica de la ratonera en la que se ha metido el propio Ayuntamiento de Valencia, vamos a descomponer paso a paso las insostenibles contradicciones y las implicaciones legales de este vodevil vergonzoso.

CRONOLOGÍA DEL DESPROPÓSITO

01 Abr 2026: Urbanismo tramita contra "Seluin S.L." (extinta).

08 Abr 2026: Patrimonio Histórico decreta "Limbo sin dueño".

07 May 2026: Ultimátum del Síndic de Greuges (Plazo 1 mes).

18 May 2026: Presentamos denuncia por "Bien Mostrenco" ante Hacienda.

20 May 2026: Hacienda contesta: El inmueble SÍ tiene dueño privado.

En su informe de 8 de abril de 2026, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Valencia afirmó de manera errónea que, al haberse tramitado la baja catastral de la mercantil Seluin S.L. en la matriz del IBI por carecer de título sobre el bien, el inmueble se encontraba en un «limbo absoluto de propiedad, careciendo de dueño conocido y de titularidad registral alguna». Con este argumento bajo el brazo, el Ayuntamiento de Valencia se declaró incompetente e invitó a esta asociación a acudir al Ministerio de Hacienda a denunciar el edificio como "bien vacante o mostrenco".

Este planteamiento es una aberración jurídica que cualquier estudiante de primero de Derecho civil habría detectado. El Ayuntamiento elevó a la categoría de verdad absoluta una consulta negativa del Registro de la Propiedad, pretendiendo hacer creer al Síndic de Greuges y a la ciudadanía que, si un inmueble no está inmatriculado, carece automáticamente de dueño y se convierte en propiedad del Estado por arte de magia (ope legis bajo el artículo 17 de la Ley 33/2003 de Administraciones Públicas).

La respuesta de la Delegación de Hacienda el 20 de mayo ha sido un correctivo antológico. El Estado no sólo determina que «el inmueble no carece de dueño» porque «se ha producido la transmisión de dicho inmueble recientemente», sino que le recuerda al Ayuntamiento de Valencia lo establecido en el artículo 6 de la Ley Hipotecaria: la inmatriculación en el Registro de la Propiedad en España es potestativa para los particulares. Un ciudadano o una empresa privada pueden adquirir legalmente un inmueble mediante una escritura pública notarial y ser los legítimos y absolutos propietarios dominicales del bien sin necesidad de inscribir dicho título en el Registro de la Propiedad de forma inmediata. La falta de registro no equivale a falta de dueño; equivale, simplemente, a una falta de publicidad registral voluntaria.

El Ayuntamiento de Valencia ha utilizado la ausencia de inscripción como una cortina de humo deliberada para declarar el edificio como "huérfano" y lavarse las manos como Poncio Pilatos.

Por su parte, el Servicio de Disciplina Urbanística firmaba el 1 de abril de 2026 un informe técnico donde aseguraba que su intención era continuar tramitando expedientes sancionadores y de restauración dirigidos... ¡contra la mercantil Seluin S.L.!

Estamos ante una contradicción interna flagrante que raya la mala fe administrativa. ¿Cómo es posible que un departamento municipal pretenda multar a una empresa mientras el departamento contiguo afirma por escrito que esa misma empresa ya ha sido dada de baja del catastro por carecer de derechos sobre el inmueble? Dirigir órdenes de ejecución contra un titular a sabiendas de que ya no ostenta la propiedad civil del bien es un acto radicalmente nulo de pleno derecho (artículo 47.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común).

Esta práctica sólo tiene una explicación pragmática y vergonzosa: simular actividad ante el Síndic de Greuges para justificar que está cumpliendo con el expediente y con las recomendaciones. El Ayuntamiento enviaba notificaciones a sabiendas de que resultarían fallidas, abriendo expedientes destinados al fracaso burocrático, para poder responder al Alto Comisionado que el expediente "seguía su curso", mientras la estación continuaba su deterioro.

Llegados a este punto de quiebre, es imperativo analizar si las autoridades y los técnicos municipales han cruzado la línea del Código Penal. Los informes emitidos en abril de 2026 por el Ayuntamiento de Valencia son documentos públicos oficiales. En ellos se asevera un hecho nuclear falso: que el edificio carece de dueño conocido.

El artículo 390.1.4º del Código Penal sanciona a la autoridad o funcionario público que cometa falsedad «faltando a la verdad en la narración de los hechos». Si el Ayuntamiento de Valencia disponía de los mecanismos de cruce de datos fiscales o la capacidad de consulta de transmisiones patrimoniales de la Generalitat Valenciana (que es donde obligatoriamente se liquidan los impuestos de las compraventas de inmuebles en territorio valenciano) y omitió deliberadamente dicha consulta para afirmar que el bien estaba en un "limbo", estaríamos ante una distorsión consciente de la realidad fáctica para eludir mandatos legales de protección patrimonial en un inmueble catalogado, cuyo estado viene siendo denunciado por esta asociación desde el año 2017, hace nueve años.

Incluso si nos situamos en el escenario más benévolo, que todo se deba a la más absoluta y supina ignorancia de sus técnicos (sumamente grave y preocupante), el artículo 392 del mismo texto penal castiga la falsedad cometida por imprudencia grave. Que la Delegación de Hacienda haya tardado escasas 48 horas en comprobar que el inmueble se había transmitido "recientemente" demuestra que el dato era perfectamente accesible, rastreable y evidente en las bases de datos de la Administración General del Estado. Que un Ayuntamiento de una gran capital declare un monumento protegido como "tierra de nadie" y mande a un vecino a hacer de investigador privado ante el Ministerio de Hacienda, sin haber realizado una mínima indagación de transmisiones fiscales, constituye una falta de diligencia técnica tan grosera que no puede ampararse en el simple error administrativo. Es una negligencia punible.

La conducta del consistorio dinamita los cimientos de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Su artículo 3 impone a las Administraciones los principios de eficacia, eficiencia, servicio efectivo a los ciudadanos y, de manera crucial, la cooperación, colaboración y lealtad institucional.

Invitar por escrito a una asociación cultural o a un ciudadano a acudir a las ventanillas de otra administración a denunciar un bien vacante, cuando el propio Ayuntamiento cuenta con canales de comunicación institucional directos y de oficio con la Delegación de Hacienda y el Catastro, es una quiebra absoluta de la lealtad institucional. El Ayuntamiento utilizó al ciudadano como un escudo humano burocrático para que el Ministerio de Hacienda le hiciera el trabajo de investigación que ellos se negaban a realizar.

Asimismo, se ha vulnerado de forma continuada el deber superior de protección que la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano impone a los municipios. La indeterminación de la propiedad jamás puede ser una franquicia para la destrucción pasiva de un Monumento de Interés Local. Si el dueño es desconocido, el Ayuntamiento tiene la obligación de ejecutar de forma subsidiaria e inmediata las obras de consolidación urgentes para frenar la ruina, girando posteriormente los costes a la propiedad una vez sea localizada. Al inventarse el falso dogma del "limbo legal", suspendieron de facto la aplicación de la ley de patrimonio, dejando el edificio a merced de la ruina material.

El vodevil ha terminado de la peor forma posible para los gestores municipales. La farsa ha quedado completamente al descubierto. Hacienda ha hablado con la claridad de un tribunal: el inmueble tiene un dueño privado real tras una transmisión reciente. Se acabaron los fantasmas, se acabaron los limbos y se acabaron las excusas de ventanilla.

Desde nuestra asociación no hemos perdido un solo minuto. Esta misma mañana del 21 de mayo de 2026, hemos registrado dos requerimientos extraordinarios de máxima urgencia jurídica:

Al Ayuntamiento de Valencia: Para exigir que, de forma fulminante y en un plazo máximo de diez días, requiera a la Delegación de Hacienda los datos de identidad del nuevo propietario que figura en esa "transmisión reciente". Una vez obtenida la identidad, exigimos que se archive de inmediato el expediente fantasma contra Seluin S.L. y se emita una Orden de Ejecución real y coercitiva contra el propietario legítimo, decretando además la entrada de oficio en el interior del inmueble para evaluar el estado estructural de las naves.

Al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana: Hemos aportado la resolución de la Delegación de Hacienda como prueba documental superveniente dentro de la queja abierta número 2601219. El Síndic les dio un mes de plazo que vence en junio. Con esta prueba en manos de Ángel Luna, el Ayuntamiento tiene imposible volver a mentir en su contestación oficial. Si intentan sostener de nuevo que el edificio no tiene dueño, incurrirán en una falsedad flagrante ante el Alto Comisionado.

El Ayuntamiento de Valencia ha hecho el ridículo más espantoso frente al Estado y frente a sus administrados. Ya no tienen dónde esconderse. O identifican al nuevo propietario y le obligan a consolidar la Estación de Nazaret de inmediato, o serán ellos los que tengan que responder de sus actos ante otras instancias. El patrimonio de Nazaret no se destruye por la acción del tiempo; se destruye por la cobardía y la incompetencia de quienes están obligados por ley a protegerlo. No vamos a dar un solo paso atrás.

El cinismo institucional de la Conselleria de Cultura: cuando firmar un compromiso legal con el Síndic es solo "un deseo o una esperanza"

Buenos días,

El 19 de mayo de 2026 quedará marcado en el calendario del asociacionismo cultural valenciano como el día en que las máscaras de la burocracia cayeron por completo. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna González, ha dictado una Resolución de Cierre en el expediente número 2601313 (reapertura del histórico expediente de queja nº 1902961). El veredicto de esta alta institución de la relevancia democrática valenciana no deja margen de error: la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha incumplido de manera flagrante, consciente y deliberada la Resolución de consideraciones dictada en diciembre de 2019 para garantizar la visita gratuita a los Bienes de Interés Cultural (BIC) al menos cuatro días al mes.  

Lo que iba a ser una fiscalización de oficio sobre el cumplimiento de la legalidad patrimonial se ha convertido en un auténtico escándalo de mala administración, parálisis ejecutiva y cinismo institucional. Y desde nuestra asociación, donde siempre hemos apostado por la claridad, el rigor y la denuncia pública sin ambages de los atropellos contra nuestra historia y nuestros derechos culturales, procedemos a desmenuzar un documento que saca los colores a los actuales responsables de la Conselleria y que demuestra hasta qué punto están dispuestos a retorcer el Derecho con tal de proteger los intereses económicos de los gestores privados de los monumentos frente al conjunto de la sociedad civil.  

Para entender la magnitud del despropósito, debemos remontarnos al 13 de febrero de 2020. En aquella fecha, la entonces Dirección General de Cultura y Patrimonio aceptó de forma expresa e incondicional la recomendación del Síndic de Greuges para habilitar el régimen legal de visitas gratuitas. Durante seis largos años, esta asociación ha permanecido vigilante, denunciando cómo multitud de monumentos catalogados como BIC seguían cobrando tarifas abusivas a los ciudadanos (entradas que oscilan entre los 10 y los 15 euros, o incluso más) sin ofrecer ni una sola hora de gratuidad al mes, contraviniendo el mandato imperativo de la legislación nacional. 

Ante nuestra insistencia y la reapertura del expediente por parte del Síndic, la respuesta remitida por la Conselleria el pasado 7 de mayo de 2026 es un insulto a la inteligencia ciudadana y a la lealtad institucional. Sostiene la Subsecretaría de la Conselleria, sin ningún pudor, que aquellas manifestaciones de aceptación de la recomendación parlamentaria efectuada en 2020 "no pueden ser más que un deseo o una esperanza, pero no un firme compromiso de cumplimiento". Lo que viene siendo un "Aceptamos por desear, no por cumplir".

¿Desde cuándo las resoluciones de aceptación formal de un alto cargo de la Generalitat ante el comisionado de las Cortes se redactan en clave poética o como meras cartas de deseos a los Reyes Magos de Oriente? Calificar un acto administrativo reglado como una simple "esperanza" vacía de contenido no solo es jurídicamente aberrante, sino que supone una burla intolerable al sistema de garantías democráticas que nos hemos dado los valencianos. Si la palabra dada por la Administración en un documento oficial provisto de firma electrónica no vincula sus actos posteriores, nos encontramos ante un escenario de absoluta inseguridad jurídica y desamparo para el ciudadano.  

El argumento nuclear que pretende utilizar la Conselleria para escabullirse de sus obligaciones consiste en escudarse tras el principio de "reserva de ley" consagrado en el artículo 31.3 de la Constitución Española. Según la interesada e insostenible tesis de la Subsecretaría, imponer la gratuidad de las visitas previstas en la normativa comporta una "carga o prestación de naturaleza patrimonial de carácter público" y, por ende, requeriría la aprobación de una nueva ley autonómica de patrimonio cultural. Nos dicen, con una condescendencia inaudita, que como el anteproyecto de ley que prepararon en su día no llegó a prosperar en las Cortes, ellos ya han cumplido con "hacer lo que estaba en su ámbito de competencias" y no se les puede acusar de inactividad.  Este argumento es una auténtica falacia jurídica destinada a confundir a la opinión pública. 

Como bien expusimos en nuestro escrito de réplica —que el Síndic ha tenido a bien incorporar íntegramente en su resolución final—, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (LPHE) determina con total claridad en su artículo 13.3 el deber ineludible de los propietarios de permitir la visita gratuita un mínimo de cuatro días al mes. Dicha norma estatal ostenta de manera incuestionable la condición de legislación básica del Estado, dictada al amparo del artículo 149.1.28ª de la Constitución, tal y como ha reiterado la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional. 

Por lo tanto, la Generalitat Valenciana no necesita "legislar de nuevo" ni crear una carga económica ex novo. La obligación legal ya existe en el bloque de la constitucionalidad y es de aplicación directa en todo el territorio nacional. Lo que la Conselleria califica de "imposibilidad legislativa" no es más que una flagrante inactividad ejecutiva material. Bastaría con que la Dirección General competente dictara una Instrucción Administrativa dirigida a sus inspectores y a los titulares de los BICs para hacer cumplir una ley que lleva aprobada y vigente más de cuarenta años. Negarse a dictar dicha instrucción es una dejación voluntaria de la potestad de inspección y sanción que le atribuye la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano.  

Resulta especialmente sangrante leer en el informe de la Conselleria de Cultura los absurdos y rdículos intentos de justificar su propia inoperancia alegando que comunidades autónomas como Cataluña o las Islas Baleares tampoco aplican de manera rigurosa esta gratuidad. Es lo que en el ámbito del derecho se denomina un "fraude de comparación", o a pie de calle, el consuelo del mal común. Que otras administraciones autonómicas decidan desatender la legislación básica del Estado no concede a la Generalitat Valenciana un "derecho al incumplimiento" o una patente de corso para perpetuar la ilegalidad.  

El agravio comparativo para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana es real y contrastable: mientras que un ciudadano en Andalucía, Galicia o Castilla-La Mancha puede acceder de forma libre y gratuita a los monumentos más señeros de su patrimonio cuatro días al mes, los valencianos nos vemos obligados a pasar por taquilla de forma sistemática si queremos conocer nuestra propia historia. Existe una evidente discriminación territorial en el ejercicio de un derecho constitucional tan fundamental como es el acceso a la cultura (artículo 44 de la Constitución).  

Asimismo, conviene recordar la tremenda contradicción ética que supone esta parálisis. Los monumentos declarados BIC en nuestro territorio no son meras propiedades privadas ajenas al sector público. Sus titulares —entre los que constan la Iglesia Católica y grandes tenedores inmobiliarios— disfrutan de ingentes subvenciones directas para la restauración de sus inmuebles y de privilegios fiscales absolutos, destacando la exención total del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o jugosas deducciones en el IRPF. El derecho de propiedad sobre un bien de relevancia histórica está intrínsecamente ligado a su función social (artículo 33.2 de la Constitución). La apertura gratuita de cuatro días al mes no es un castigo ni una expropiación; es el justiprecio social mínimo que el propietario debe retornar a la ciudadanía a cambio de los millones de euros en beneficios fiscales y ayudas públicas que sufratamos todos los valencianos con nuestros impuestos. Permitir el cobro sin contraprestación es amparar un enriquecimiento injusto a costa del bolsillo de los ciudadanos.  

No podemos obviar el lamentable componente humano y político que destila el escrito de la Conselleria de Cultura, firmada bajo el amparo de la Subsecretaría. A lo largo de sus páginas, la Administración recurre de forma sistemática a un tono condescendiente y paternalista que busca deslegitimar la trayectoria y el trabajo de nuestra asociación. Al acusar nuestras detalladas argumentaciones de "confusión conceptual", los redactores del informe de la Conselleria demuestran una soberbia y una prepotencia institucional incompatible con los estándares mínimos de un gobierno democrático moderno. Aquello del Bon Govern le viene muy grande a los actuales responsables de esta Conselleria. 

Este intento de desacreditación técnica no es casual: busca desviar la atención del verdadero foco del problema (su propia y probada inacción e incapacidad) para poner el acento en una supuesta incapacidad del administrado para interpretar la legalidad vigente. Queremos dejarle muy claro a los altos cargos de la Conselleria de Cultura que esta asociación no se va a dejar amedrentar por su lenguaje de superioridad jurídica ni por sus lecciones de derecho de vía estrecha. Llevamos décadas defendiendo el patrimonio valenciano a pie de calle, con rigor documental e independencia económica, y no vamos a tolerar que se trate la labor del tejido asociativo como un mero estorbo o una molestia de trámite.  

Afortunadamente, el Síndic de Greuges, Ángel Luna González, ha sabido estar a la altura de la dignidad de su cargo e institución. Lejos de dar por buenas las evasivas y las justificaciones de la Conselleria, la Resolución de Cierre dictamina con rotundidad que la Administración no ha realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas en 2019, bloqueando de manera efectiva la satisfacción de los derechos ciudadanos. Haciendo uso de las prerrogativas extraordinarias que le concede el artículo 41.d) de la Ley 2/2021 del Síndic de Greuges, la institución ha decretado el cierre del expediente con la publicación íntegra de la desatención de la Conselleria en su portal oficial de transparencia. Se trata de una medida de castigo institucional de enorme gravedad: una "lista de la vergüenza" para que toda la ciudadanía, el tejido asociativo y los diputados de las Cortes Valencianas sean plenamente conscientes de qué consellerias pisotean las recomendaciones parlamentarias y desatienden los derechos de su pueblo. 

Desde nuestra asociación anunciamos que este no es el punto final, sino el inicio de una nueva fase de combatividad legal. Si las autoridades competentes pretenden perpetuar este régimen de soberbia, parálisis y desacato a la normativa básica, nuestra entidad ya se encuentra recabando los apoyos y dictámenes necesarios para exigir la depuración inmediata de las responsabilidades disciplinarias y de gestión de aquellos funcionarios y altos cargos que confunden una administración pública con su cortijo particular. El patrimonio valenciano es de todos, su acceso es un derecho inalienable y no pararemos hasta que las puertas de nuestros monumentos históricos se abran de par en par, almenos cuatro días al mes de manera gratuita para todo el pueblo valenciano, tal y como por estricto derecho nos corresponde.

La Conselleria de Cultura tendrá que explicar por qué considera que sus firmas electrónicas son simples "esperanzas o deseos" sin valor legal. No vamos a consentir que ni el patrimonio cultural valenciano ni la dignidad de la sociedad civil sean pisoteados por los irresponsables que están al frente de las administraciones públicas valencianas.

Un saludo...

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