jueves
La gran vergüenza de la muralla andalusí de la calle Salinas nº 5: un BIC municipal desde el año 2021
martes
El panel cerámico de las naves de la calle Guala y el precio del silencio municipal
El pasado 6 de noviembre de 2026, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana realizó una contundente resolución que respalda punto por punto el núcleo de nuestra reclamación: el Ayuntamiento de Valencia debe dictar y notificar una resolución motivada que conteste formalmente a todas y cada una de las cuestiones planteadas por nuestra asociación, adoptando de inmediato las medidas cautelares necesarias para garantizar la integridad y conservación del panel cerámico
Esta resolución del órgano de garantía llega tras una larga maratón administrativa iniciada en febrero, reactivada mediante escrito de impulso en agosto, formalizada como queja ante el Síndic en septiembre y rematada con alegaciones en contra de los informes evasivos de la delegación de Urbanismo
El resultado es un triunfo incontestable en la fiscalización de la labor pública, pero no nos permite bajar la guardia. El Síndic no aprueba directamente la modificación del Catálogo urbanístico ni acude a la calle Guala a colocar un cristal protector sobre el panel cerámico. El Síndic señala las faltas de la Administración y le exige corregirlas
El 2 de febrero de 2026, nuestra asociación presentó por RGE la solicitud formal para la catalogación e incoación como Bien de Relevancia Local (BRL) del panel cerámico con la inscripción «FÁBRICA DE HILADOS TRENZADOS Y TEJIDOS DE YUTE. AÑO 1935», ubicado en el dintel del acceso principal a las naves de la calle Guala (distrito de Saïdia, barrio de Sagunto)
No se trataba de una petición arbitraria. El panel, compuesto por 63 piezas cerámicas cuadradas sepultadas bajo capas de pintura plástica, reúne valores históricos, etnológicos e industriales evidentes
En los primeros días de marzo, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico actuó con notable diligencia. La Sección de Arqueología elaboró el expediente y emitió los días 4 y 5 de marzo de 2026 un INFORME TÉCNICO FAVORABLE
El 10 de marzo de 2026, Patrimonio Histórico remitió copia formal del informe y del expediente al Servicio de Planeamiento. A partir de ese preciso instante, la tramitación entró en un limbo de silencio e inactividad
Ante esta parálisis, el 3 de agosto de 2026 registramos un contundente escrito de impulso administrativo
- Tenernos por personados en el expediente urbanístico.
- Impulsar de oficio la incoación del instrumento de protección.
- Notificar la referencia del expediente interno asignado por Planeamiento, la identidad de la autoridad e instructor responsable (art. 53.1.b LPACAP) y copia de los actos dictados
- Adoptar de forma inmediata las cautelas urbanísticas preventivas señaladas por Arqueología para blindar el panel ante eventuales licencias de obra.
- Conceder un apercibimiento de 30 días hábiles previo a acudir al Síndic de Greuges y a la vía Contencioso-Administrativa
Resulta inadmisible que una asociación ciudadana tenga que redactar reiterados escritos y requerimientos legales para conocer el estado de tramitación de un expediente que la Administración está obligada a impulsar de oficio por celeridad (art. 71.1 LPACAP)
Fieles al apercibimiento realizado y ante la persistencia del silencio municipal, el 17 de septiembre de 2026 formalizamos la Queja nº2604661 ante el Síndic de Greuges
La intervención del Síndic desatascó de inmediato la maquinaria burocrática consistorial: la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones solicitó informe urgente a Planeamiento el 22 de septiembre, redactándose este el 24 de septiembre de 2026.
El informe de Planeamiento aportó, por fin, las claves de la codificación interna que se nos habían ocultado durante seis meses
- Expediente 3001-2022-335: Relativo al panel cerámico religioso (Ntra. Sra. de la Cabeza), en fase final de aprobación
- Expediente 3001-2022-22: Relativo al Catálogo general de Rótulos Comerciales, al que anunciaban haber acumulado la propuesta del panel de la fábrica de yute para tramitarlo «de manera conjunta»
Sin embargo, ese informe no era más que una evasiva para salvar el trámite ante el Síndic
- Sin resolución motivada a la parte interesada: El escrito era una mera comunicación interna entre departamentos, sin notificarse formalmente ningún acuerdo de incoación o acumulación en nuestra Carpeta Ciudadana
- Sin cautelas preventivas: Planeamiento no dedicó ni una sola línea a explicar qué medidas se habían adoptado para evitar que una licencia en las naves destruyera o dañara el panel mientras el macro-expediente de 2022 sigue su lenta tramitación
Por ello, el 30 de septiembre de 2026 presentamos alegaciones de réplica ante el Síndic de Greuges, exigiendo no archivar las actuaciones hasta que el Ayuntamiento no acreditara notificaciones formales y cautelas de protección reales
La resolución del Síndic de Greuges emitida el 6 de noviembre de 2026 no deja margen a la ambigüedad y desmonta punto por punto la estrategia del «se tramitará» municipal
El Alto Comisionado de las Cortes Valencianas constata explícitamente que:
«No consta que se haya adoptado alguna medida de protección del panel cerámico de la fábrica de la calle Guatla hasta que sea declarado como bien de relevancia local».
Y, en consecuencia, formula una RECOMENDACIÓN oficial al Ayuntamiento de Valencia dividida en dos pilares fundamentales:
1. Vertiente Procedimental (Derecho de los Ciudadanos):
Que se dicte y notifique a la entidad promovente una resolución motivada que conteste formalmente a todas las cuestiones planteadas en los escritos de febrero y agosto de 2026 (personación, identificación de instructor y expediente, copia de actuaciones y cautelas)
2. Vertiente Material (Protección Cautelar del Patrimonio):
Que se adopten de manera inmediata «las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar la protección» del panel cerámico como Bien de Relevancia Local durante la tramitación del instrumento urbanístico
Este caso pone sobre la mesa el incalculable coste que la mala administración impone a la sociedad civil. Las entidades dedicadas a la defensa del patrimonio cultural no somos oficinas ni empresas dedicadas al peritaje o seguimiento administrativo de los expedientes municipales. Nuestra labor es localizar, estudiar, divulgar y proponer la conservación de la memoria histórica de nuestro patrimonio cultural
El plazo para que el Ayuntamiento de Valencia responda al Síndic de Greuges si acepta o rechaza la recomendación es de un mes
- La notificación en forma en la Carpeta Ciudadana del escrito de resolución motivada
- La inscripción efectiva de las cautelas urbanísticas en las fichas del inmueble para que ningún técnico o departamento pueda otorgar licencias que afecten al panel sin informe patrimonial previo
- El impulso definitivo de la modificación del Catálogo de Protección (Expte. 3001-2022-22).
El panel cerámico de 1935 de la calle Guala es un testigo de la memoria obrera e industrial del barrio de Sagunto y de la Saïdia que merece respeto y tutela efectiva. Desde nuestra asociación continuaremos vigilantes para que la Administración pase, de una vez por todas, de las promesas de futuro a la protección en presente. Sin más excusas, ni dilaciones.
Un saludo...
lunes
El Síndic de Greuges desnuda la inactividad de la Conselleria de Cultura en la Estación del Norte
Buenas tardes,
Hay respuestas administrativas que explican una actuación. Otras justifican una decisión. Y algunas, pese a ocupar varias páginas de estéril y absurda jerga burocrática, están redactadas con la única finalidad de esquivar las preguntas esenciales que planteamos en nuestras denuncias.
La contestación que la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades remitió al Síndic de Greuges sobre la Estación del Norte de Valencia, tras nuestra denuncia, pertenece de una forma escandalosa a este último grupo: identifica al propietario del inmueble, insiste en las obligaciones del Estado y reconoce formalmente tener competencias autonómicas de protección, pero no acredita absolutamente nada sobre lo que ha hecho para ejercerlas después de todos estos meses.
La reciente resolución del Síndic de Greuges permite situar el debate en el terreno que desde nuestra asociación venimos reclamando. La cuestión jamás ha sido quién limpia los andenes, quién gestiona los contratos de los locales o quién mantiene las vías ferroviarias. La cuestión era y es: ¿qué ha hecho la Administración cultural valenciana ante una denuncia formal por la evidente degradación y contaminación visual de un Bien de Interés Cultural (BIC)? Y la respuesta del Síndic es demoledora: no consta actuación alguna. En otras palabras: no se ha hecho nada.
La resolución del Síndic de Greuges no se limita a reproducir nuestras alegaciones. Formula dos apreciaciones propias, rotundas y verificables tras la investigación realizada:
«No consta que la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, en contestación a la denuncia presentada con fecha 17/4/2026, haya realizado alguna actuación, visita o inspección al inmueble para comprobar la degradación, invasión y contaminación visual» del BIC Estación del Norte.
«Tampoco consta que la Conselleria, en cumplimiento de su competencia de tutela patrimonial, haya dirigido alguna comunicación o requerimiento a la Administración estatal para que, como propietario, cumpla con sus obligaciones legales».
No son valoraciones de nuestra asociación incorporadas como antecedentes. Son las conclusiones objetivas de la investigación del órgano de control tras nuestras alegaciones.
Ese «no consta» revela una realidad incontestable: si Cultura de verdad hubiera enviado inspectores, levantado actas o requerido a ADIF, lo habría aportado inmediatamente para defenderse ante el Defensor del Pueblo Valenciano. Si no lo hizo cuando se le dio trámite de informe, incluso habiendo pedido y obtenido una ampliación de plazo, es porque jamás movió un solo papel para comprobar sobre el terreno la agresión al monumento.
La estrategia defensiva de la Dirección General de Patrimonio Cultural se ha apoyado en pervertir un dato obvio que nadie le discutía: la titularidad estatal de la estación. Hablar de ADIF para tapar la falta de tutela propia. En su informe al Síndic, Cultura repite que el Estado es el propietario y el responsable directo de la conservación y gestión material del inmueble.
Pero en nuestras alegaciones del 6 de octubre ya dejamos en evidencia esa falacia. Nadie ha pedido a la Generalitat que se encargue del mantenimiento en los andenes o sustituya a RENFE en la explotación de los trenes. Lo que exigimos es el ejercicio estricto de la potestad de tutela y policía patrimonial.
La propia Conselleria admite en su escrito que le corresponden las «funciones de tutela y protección patrimonial». Y ahí aflora su contradicción más flagrante: reconoce la función tutelar, pero no acredita haberla ejercido. Se deshace en explicaciones sobre lo que debería hacer el Estado, pero oculta qué ha hecho ella como garante del Patrimonio Cultural Valenciano. Y lo que ha hecho ha sido NADA.
Es más: si Cultura estaba tan convencida de que la solución dependía única y exclusivamente de la Administración estatal, ¿por qué no le envió ni un sólo requerimiento formal exigiéndole el cumplimiento del artículo 38 de la Ley 4/1998 (LPCV)? Usar al propietario para "pasar la pelota" sin haberle dirigido ni una sola carta de apercibimiento demuestra que la titularidad estatal no es el punto de partida de una actuación coordinada, sino una mera excusa de mal pagador para desplazar el problema.
El 17 de abril de 2026 presentamos una denuncia rigurosa pormenorizada, que ha sido tratada con el rodillo del desgaste. Y si pretendían desgastarnos después de tantos años, es que poco nos conocen desde la Conselleria.
Nuestra denuncia no era una sugerencia decorativa. Denunciamos la ocupación del perímetro del monumento y sus andenes por terrazas, puestos de comida, veladores, vallas publicitarias y mobiliario auxiliar que destrozan la contemplación del edificio modernista. Denunciamos cómo se está vulnerando el artículo 38 de la LPCV (prohibición de contaminación visual) y cómo el Plan Especial de Protección (PEP) y el Convenio de 2003 se están usando como patente de corso para primar 82.666 m² de aprovechamiento comercial sobre la integridad del BIC.
La Dirección General de Patrimonio Cultural abrió el expediente 2026-0206-V «para el análisis de los hechos». Sin embargo, abrir un expediente no es proteger un monumento. Tener un número de registro administrativo solo demuestra que el papel entró por registro; no demuestra que se haya investigado el problema.
Tratar nuestra denuncia mediante la muletilla del "procedimiento iniciado de oficio" e inocular la amenaza del "archivo por caducidad" a los tres meses es una maniobra clara para desincentivar el ejercicio de la Acción Pública (Art. 5.3 y 9.1 de la LPCV). Pretenden someternos a una carrera de desgaste: denuncia, escrito de incoación, alegaciones, queja al Síndic y nuevas alegaciones, sin que entretanto ningún técnico pise la estación, y lo único que consiguen es exponer las vergüenzas de la propia administración y de sus máximos responsables.
Y aunque la Conselleria respondió al Síndic tarde, como siempre (envió su informe el 5 de octubre), esa respuesta formal ha supuesto un silencio material absoluto sobre el fondo patrimonial. No dijeron si las terrazas son compatibles o ilegales, si fueron examinadas, si tienen autorización de Cultura o si procede su retirada.
El Síndic de Greuges ha zanjado este juego de manos. En su recomendación, pide de forma inequívoca a la Conselleria que:
Realice, en contestación a la denuncia y conforme a su competencia de tutela patrimonial, las actuaciones necesarias para lograr que el Estado adopte las medidas oportunas para evitar la degradación, invasión y contaminación visual del BIC Estación del Norte.
La Conselleria dispone ahora del plazo de un mes para comunicar si acepta estas consideraciones y, lo más importante, qué medidas concretas va a adoptar.
Ya no le servirá redactar otro tratado sobre la titularidad de ADIF o sobre quién posee el suelo. El marco competencial está claro y el Síndic le recuerda el artículo 46 de la Constitución: la conservación del patrimonio obliga a los poderes públicos cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.
El patrimonio histórico no se protege con cláusulas de estilo, ni echando balones fuera de manera imprudente y negligente. Exige hechos: visitas de inspección, actas, requerimientos de retirada de terrazas ilegales y expedientes de restablecimiento de la legalidad. Desde nuestra asociación estaremos vigilantes para exigir que este requerimiento del Síndic no vuelva a terminar en el cajón de la inactividad administrativa.
Un saludo...





