jueves

La gran vergüenza de la muralla andalusí de la calle Salinas nº 5: un BIC municipal desde el año 2021

Buenos días,

La torre y el lienzo de la muralla andalusí del siglo XI integrados en el inmueble de la calle Salinas nº 5, en pleno corazón del barrio del Carmen, llevan cerca de dos décadas atrapados entre la ruina, la desidia institucional y un auténtico laberinto burocrático que sigue sin responder a lo más elemental: ¿quién está obligado a conservarlos y qué se ha hecho realmente para evitar su colapso?

La documentación oficial recabada por nuestra asociación, tanto a través de nuestras sucesivas quejas ante el Síndic de Greuges (expediente actual nº2603965) como mediante solicitud formal de acceso a la información pública y ambiental, confirma punto por punto lo que venimos denunciando desde hace más de una década: el inmueble es de titularidad municipal desde mayo de 2021, su gestión directa corresponde al Ayuntamiento de Valencia y, sin embargo, no consta que se haya realizado ni una sola inspección patrimonial integral posterior a 2021 ni que se haya comunicado a la Conselleria competente el grave deterioro detectado en la propia torre y muralla.

No estamos ante una polémica menor ni ante una simple discrepancia técnica sobre una finca cualquiera del centro histórico. Hablamos de un Bien de Interés Cultural (BIC), parte integrante de la Muralla Islámica de Valencia del siglo XI, cuyo estado de degradación fue objeto de una alerta expresa por parte de los propios técnicos municipales en mayo de 2021. Y, según reconoce la propia documentación municipal, aquella advertencia jamás fue trasladada a la Conselleria de Cultura. Un hecho de extrema gravedad que deja al descubierto la absoluta indigencia con la que se gestiona nuestro legado histórico, con una alerta técnica ignorada y un Ayuntamiento que aún no sabe quién debe salvarla, en pleno 2026.

La cronología oficial del expediente es demoledora y deja en evidencia a todos y cada uno de los gobiernos municipales que han pasado por el Ayuntamiento de Valencia desde hace casi veinte años, así como a los distintos equipos directivos de la Conselleria de Cultura (Direcciones Generales de Patrimonio) de la Generalitat Valenciana:

12 de noviembre de 2007: Mediante la Resolución nº U-6327, el Ayuntamiento declaró oficialmente la amenaza de ruina inminente del inmueble. El dictamen de la Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación ya describía entonces colapsos parciales, estructuras inestables, humedades generalizadas, invasión de vegetación, desprendimientos y un riesgo real de derrumbe.

27 de junio de 2013: Seis años después, la Resolución nº U-454 (junto con la declaración de ruina inminente de agosto de ese mismo año) declaró la situación legal de ruina. El informe pericial cifró las obras necesarias para la rehabilitación integral en 789.910,74 euros, frente a un coste de reposición de 841.664,66 euros.

Año 2014: Solo tras las primeras denuncias públicas de nuestra asociación y la consiguiente intervención del Síndic de Greuges, el Consistorio adjudicó unas medidas precautorias urgentes a la mercantil Vareser 96, S.L. por importe de 29.637,79 euros, destinadas a tareas básicas de descontaminación, desescombro, saneado, revisión de la fachada protegida y protección provisional de los restos de la torre y la muralla.

En resumen: la Administración conocía la gravedad del problema desde 2007, declaró la ruina en 2013 y únicamente actuó de manera provisional en 2014 empujada por la presión ciudadana y del Defensor del Pueblo. Desde entonces, la intervención definitiva jamás llegó.

El Síndic ha tenido que intervenir hasta en cuatro ocasiones anteriores: en 2014, 2016, 2020 y 2023 (expedientes nº1408482, nº1511926, nº2000287 y nº2300558), instando reiteradamente a ambas administraciones a ejecutar las obras de consolidación, conservación y puesta en valor del monumento.

El 28 de abril de 2023, tras su cuarta Resolución de Recomendaciones, el Síndic recordó taxativamente que las excusas presupuestarias no pueden invocarse para incumplir el mandato constitucional del artículo 46 de la Constitución Española. El 24 de mayo de 2023, la Conselleria de Cultura notificó formalmente la aceptación de dicha recomendación, asegurando que velaría por la conservación del BIC mediante ejecución subsidiaria, sanciones o expropiación.

Pero en la Administración valenciana aceptar una recomendación se ha convertido en un mero trámite burocrático para intentar cerrar expedientes en falso y tomar el pelo a los ciudadanos. Durante treinta y nueve meses consecutivos (de mayo de 2023 a agosto de 2026), la Conselleria incurrió en una inactividad material ilícita (artículo 29 de la Ley 39/2015, LPACAP): cero órdenes de ejecución subsidiaria, cero expedientes expropiatorios y cero multas coercitivas impuestas (pese a que los artículos 19 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano y 192.5.b del TRLOTUP facultan a imponer hasta diez multas coercitivas mensuales). Lo más grotesco es que, al reabrirse la queja en 2026, Cultura volvió a parapetarse en el supuesto requerimiento a un «propietario privado» cuando el edificio llevaba años en manos públicas.

Uno de los datos más reveladores que hemos sacado a la luz en 2026 es que el inmueble de la calle Salinas nº 5 fue adquirido por el Ayuntamiento de Valencia mediante expropiación forzosa, formalizada a través del Acta de Pago y Ocupación de 11 de mayo de 2021 (expediente 05303/2021/46). El propio Servicio de Patrimonio confirma que la gestión directa corresponde al Consistorio y que su alta en el Inventario Municipal de Bienes se formalizó mediante Resolución de 2 de julio de 2025. Desde hace más de cinco años, el Ayuntamiento de Valencia es el titular directo de un inmueble que alberga elementos de un Bien de Interés Cultural.

Mientras la finca estuvo en manos particulares, el Ayuntamiento podía escudarse en su papel de mero supervisor encargado de exigir al privado el cumplimiento de sus deberes. Pero desde mayo de 2021, el Ayuntamiento ya no puede echar balones fuera ni culpar a terceros. El artículo 18.1 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) impone de forma imperativa a los propietarios y poseedores de bienes protegidos la obligación de conservarlos y mantener la integridad de su valor cultural.

A ello se suma el artículo 46 de la Constitución Española, que obliga a todos los poderes públicos a garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, sea cual sea su régimen jurídico y su titularidad.

Los informes municipales remitidos recientemente contienen una confesión administrativa difícil de digerir: el Servicio de Disciplina Urbanística mantuvo abierto indebidamente el expediente de ruina nº 03801/1994/138 (referencia catastral 5532111YJ2753B) contra los antiguos propietarios privados hasta agosto de 2024, porque ningún otro servicio municipal le comunicó que el Ayuntamiento había expropiado y ocupado el edificio en 2021.

Dicho de otro modo: durante más de tres años, la maquinaria municipal estuvo tramitando un procedimiento de ruina «fantasma» frente a particulares cuando el dueño real era el propio Ayuntamiento. Y esto es inaceptable.

Cuando finalmente cayeron en la cuenta, el 29 y 30 de agosto de 2024, Disciplina Urbanística optó por la vía rápida: archivó el expediente de ruina inminente y trasladó el asunto al Servicio de Patrimonio adjuntando el último informe técnico del que disponía, fechado en 2021. Con ello, además, se incumplió de lleno el mandato de incoación y seguimiento obligatorio ante situaciones de ruina previsto en el artículo 203.4 del TRLOTUP.

La conclusión es alarmante: entre 2021 y 2026 no consta ni una sola inspección técnica integral y actualizada del estado estructural del edificio, la torre y los lienzos de muralla. Cinco años enteros a ciegas sobre un monumento declarado en ruina desde 2013. No se puede proteger lo que no se inspecciona, ni se puede gobernar una ciudad histórica actuando únicamente a remolque cuando una asociación patrimonialista presenta una queja y fuerza la intervención del Síndic. Esa dejación de funciones es sencillamente inaceptable.

Si la descoordinación interna ya resulta bochornosa, lo ocurrido con el informe técnico de 3 de mayo de 2021 constituye el hallazgo más grave de todo este expediente.

En aquel documento, la Oficina Técnica de Control de la Conservación de la Edificación dejó constancia expresa de que, respecto a los restos de la torre y la muralla árabe protegida, se apreciaba un mayor deterioro aparente en su parte superior. Por este motivo, y dada su condición de Bien de Interés Cultural, el técnico concluyó de manera taxativa que se debía notificar esta circunstancia a la Conselleria competente en materia de Cultura para su conocimiento y actuación.

Sin embargo, en su respuesta oficial a nuestra solicitud de transparencia, el Servicio de Disciplina Urbanística reconoce sin rubor que no constan comunicaciones remitidas a la Conselleria de Cultura desde 2021 hasta el archivo del expediente en agosto de 2024.

Es decir, el propio informe municipal contenía una instrucción técnica expresa para alertar a Cultura del agravamiento de los daños en un BIC, y esa orden cayó en saco roto.

Para mayor gravedad, conviene recordar cómo se originó aquella visita de 2021: ni siquiera fue una inspección patrimonial programada por Patrimonio Histórico o por la Conselleria, sino una revisión realizada a instancia del Servicio de Sanidad tras las denuncias vecinales por la proliferación y anidamiento de palomas y los consiguientes problemas de insalubridad. Incluso en una inspección motivada por razones sanitarias, el técnico advirtió del deterioro en la coronación de la torre y la muralla, recomendó colocar mallas antipalomas y ordenó avisar a Cultura. Y ni aun así movieron un dedo.

Ante la reapertura de la queja nº2603965 ante el Síndic de Greuges, el Ayuntamiento solicitó una ampliación de plazo alegando que necesitaba tiempo para que la Secretaría General (mediante informe de 22 de septiembre de 2026) dirimiera qué servicio municipal era el competente, dada la controversia abierta entre el Servicio de Disciplina Urbanística, el Servicio de Patrimonio y el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico.

Sin embargo, la respuesta remitida por el Ayuntamiento el 14 de octubre de 2026 (expediente E-00911-2026-002195-00, demuestra que la prórroga no sirvió absolutamente para nada:

Disciplina Urbanística se lava las manos, ratifica que cerró su expediente en 2024 y pide que el inmueble se adscriba al Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico por tratarse de un BIC.

El Servicio de Patrimonio Municipal, lejos de aceptar esa salida, responde por escrito que no procede la adscripción a Patrimonio Histórico-Artístico respecto del edificio (catalogado con Ficha C3-0696, Protección Parcial E5 e incluido en el Área de Vigilancia Arqueológica de la Muralla Defensiva Islámica).

Y el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico ni siquiera aporta un informe propio en esa comunicación oficial.

Tras pedir más tiempo para aclarar competencias, el Consistorio entregó al Síndic la prueba escrita de su propio caos y desorganización interna, algo que venimos denunciando desde hace años.

Conviene recordarles a nuestros gobernantes que un Ayuntamiento no es un archipiélago de concejalías enfrentadas ni una suma de Reinos de Taifas. Conforme al artículo 3.4 de la Ley 40/2015 (LRJSP) y al artículo 11 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), cada Administración Pública actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Sus conflictos de organigrama son actos meramente internos (res inter alios acta) que jamás pueden oponerse a la ciudadanía ni utilizarse como coartada para suspender obligaciones legales imperativas. Hacerlo constituye una auténtica tomadura de pelo a los valencianos.

En su último escrito, el Servicio de Patrimonio anuncia que va a iniciar un «encargo urgente para aseguramiento del edificio» recurriendo a una empresa adjudicataria del Acuerdo Marco aprobado el 19 de junio de 2026 para obras urgentes en inmuebles municipales ordinarios no adscritos.

Aunque cualquier medida de seguridad estructural es necesaria tras trece años de abandono, este anuncio plantea una duda jurídica y técnica de primer orden: ¿ese encargo urgente abarca la consolidación rigurosa de la torre y los lienzos de la muralla andalusí del siglo XI, o se limita a parchear el edificio residencial? La respuesta municipal es deliberadamente ambigua.

Aquí radica el peligro de la fragmentación del bien protegido. La torre y el lienzo de la muralla andalusí no son un estorbo arqueológico secundario ni un anexo de una finca municipal cualquiera: forman una unidad histórica y monumental indivisible que justifica su declaración como BIC. Pretender trocear el inmueble para tratar el edificio como una vivienda ordinaria y sortear así el régimen especial de tutela patrimonial vulneraría frontalmente los artículos 35 y 36 de la Ley 4/1998 (LPCV), que exigen la autorización expresa de la Conselleria de Cultura para cualquier intervención que afecte a un Bien de Interés Cultural. Si ese «aseguramiento» afecta a la muralla o a la torre, deben acreditar si cuentan con el visto bueno preceptivo de Cultura; y si no las afecta, significa que el monumento sigue exactamente igual de desamparado.

Este despropósito también obliga a exigir responsabilidades directas a la Generalitat Valenciana. Durante años, la Conselleria de Cultura ha tratado este expediente ante el Síndic como si se tratara de una propiedad privada. Si el Ayuntamiento expropió la finca en mayo de 2021, cabe plantear una disyuntiva demoledora:

Si el Ayuntamiento no informó a la Conselleria del cambio de titularidad, estamos ante una omisión municipal gravísima.

Si la Conselleria sí fue informada (o tenía la obligación legal de comprobarlo de oficio en los registros públicos, conforme al artículo 75 de la LPACAP) y aun así siguió fingiendo hasta agosto de 2026 que requería a un dueño privado, la descoordinación y la presunta mala fe administrativa son mayúsculas.

En cualquiera de ambos escenarios, el resultado es idéntico: la Administración autonómica competente en patrimonio y el Ayuntamiento propietario llevan años dándose la espalda mientras un monumento milenario se desmorona en el centro de Valencia.

La ciudadanía valenciana no puede conformarse con otro titular de prensa ni con promesas genéricas de «aseguramiento urgente». Desde nuestra asociación exigimos transparencia total, rigor técnico y hechos verificables de inmediato:

Informe técnico integral y actualizado sobre el estado real de conservación del inmueble, la torre andalusí y los lienzos de muralla de la calle Salinas nº 5.

Acceso íntegro al informe de 3 de mayo de 2021 y acreditación documental de si se ha realizado alguna inspección técnica posterior en los últimos cinco años.

Expediente completo del encargo urgente anunciado, aclarando con precisión técnica si incluye la torre y la muralla islámica o únicamente la edificación residencial.

Resolución expresa de Alcaldía o del órgano competente que determine de una vez por todas qué servicio y qué responsable municipal asumen la custodia y conservación integral del BIC.

Copia de todas las comunicaciones cruzadas con la Conselleria de Cultura respecto a la titularidad municipal adquirida en 2021 y al estado de deterioro del monumento.

Proyecto técnico de consolidación y restauración monumental, acompañado de su correspondiente cronograma de ejecución y retención de crédito presupuestario.

Autorización o informe preceptivo de la Conselleria de Cultura (artículos 35 y 36 de la LPCV) en caso de que las obras anunciadas afecten al Bien de Interés Cultural.

Lo que sucede en la calle Salinas nº5 no es culpa de un técnico aislado ni de un simple malentendido administrativo. Es el retrato fiel de trece años de ruina declarada, cuatro recomendaciones desatendidas del Síndic de Greuges, cambios de propiedad ocultos entre despachos, archivos de expedientes en falso y guerras internas de competencias.

Los sucesivos gobiernos municipales encabezados por Rita Barberá, Joan Ribó y María José Catalá han tenido, en distintas etapas, la responsabilidad política directa de atajar esta sangría. Y los distintos equipos al frente de la Conselleria de Cultura han tenido la obligación legal de tutelar y hacer cumplir la Ley de Patrimonio en un BIC de primer orden. Ninguno puede alegar hoy desconocimiento. Ni han estado, ni están hoy, a la altura del patrimonio cultural de nuestra ciudad.

Valencia no puede seguir siendo rehén de la inercia burocrática ni del «peloteo» institucional. Una fortificación andalusí del siglo XI no puede seguir esperando a que tres servicios de un mismo Ayuntamiento se pongan de acuerdo sobre a quién le toca salvarla. Esta situación es profundamente vergonzosa y debería hacer sonrojar a todos los responsables políticos y administrativos que, teniendo en sus manos la obligación legal de proteger nuestra historia, han preferido mirar hacia otro lado durante casi dos décadas.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años.

martes

El panel cerámico de las naves de la calle Guala y el precio del silencio municipal

Buenos días,

Proteger el patrimonio cultural valenciano no debería convertirse en una agotadora carrera de obstáculos contra la propia Administración, que tiene la obligación legal y constitucional de conservarlo. Sin embargo, el expediente del panel cerámico, situado en la puerta de entrada de la antigua Fábrica de Hilados, Trenzados y Tejidos de Yute de Pilar Casanova, en la calle Guala, ilustra a la perfección el modus operandi de la opacidad municipal: una petición rigurosamente documentada que queda atrapada en un bucle de traslados interdepartamentales, respuestas extemporáneas, evasivas y promesas de futuro bajo el cómodo tiempo verbal indeterminado e impreciso del "se tramitará".

El pasado 6 de noviembre de 2026, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana realizó una contundente resolución que respalda punto por punto el núcleo de nuestra reclamación: el Ayuntamiento de Valencia debe dictar y notificar una resolución motivada que conteste formalmente a todas y cada una de las cuestiones planteadas por nuestra asociación, adoptando de inmediato las medidas cautelares necesarias para garantizar la integridad y conservación del panel cerámico.

Esta resolución del órgano de garantía llega tras una larga maratón administrativa iniciada en febrero, reactivada mediante escrito de impulso en agosto, formalizada como queja ante el Síndic en septiembre y rematada con alegaciones en contra de los informes evasivos de la delegación de Urbanismo. Todo este despliegue no es burocracia vacía: es el ingente trabajo que hemos tenido que asumir para obligar al consistorio valenciano a cumplir con exigencias tan básicas como responder a la ciudadanía y proteger nuestro patrimonio. Cuestiones que sigue sin cumplir, motu proprio.

El resultado es un triunfo incontestable en la fiscalización de la labor pública, pero no nos permite bajar la guardia. El Síndic no aprueba directamente la modificación del Catálogo urbanístico ni acude a la calle Guala a colocar un cristal protector sobre el panel cerámico. El Síndic señala las faltas de la Administración y le exige corregirlas. Ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Valencia, que debe demostrar con hechos, resoluciones notificadas y cautelas verificables que la tutela del patrimonio cultural no vuelve a ser aplazada en el cajón de los expedientes olvidados.

El 2 de febrero de 2026, nuestra asociación presentó por RGE la solicitud formal para la catalogación e incoación como Bien de Relevancia Local (BRL) del panel cerámico con la inscripción «FÁBRICA DE HILADOS TRENZADOS Y TEJIDOS DE YUTE. AÑO 1935», ubicado en el dintel del acceso principal a las naves de la calle Guala (distrito de Saïdia, barrio de Sagunto).

No se trataba de una petición arbitraria. El panel, compuesto por 63 piezas cerámicas cuadradas sepultadas bajo capas de pintura plástica, reúne valores históricos, etnológicos e industriales evidentes. Además, encaja de forma indiscutible en el ámbito protector de la Disposición Adicional Quinta, apartado 1.f) de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que otorga ex lege la consideración de Bienes de Relevancia Local a los paneles cerámicos exteriores anteriores a 1940.

En los primeros días de marzo, el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico actuó con notable diligencia. La Sección de Arqueología elaboró el expediente y emitió los días 4 y 5 de marzo de 2026 un INFORME TÉCNICO FAVORABLE. En él se confirmaba el valor patrimonial del bien, la procedencia de tramitar su inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos por parte del Servicio de Planeamiento (al ser un instrumento de naturaleza urbanística) y, sobre todo, la necesidad imperativa de establecer cautelas específicas de conservación e integración ante eventuales proyectos o licencias en el inmueble.

El 10 de marzo de 2026, Patrimonio Histórico remitió copia formal del informe y del expediente al Servicio de Planeamiento. A partir de ese preciso instante, la tramitación entró en un limbo de silencio e inactividad.

Pasaron las semanas y los meses sin que el Servicio de Planeamiento diera señal alguna de vida. Ni se notifico la recepción del expediente (incumpliendo el art. 21.4 de la Ley 39/2015), ni se asignó una codificación urbanística visible en la Carpeta Ciudadana, ni se procedió a la incoación del expediente.

Ante esta parálisis, el 3 de agosto de 2026 registramos un contundente escrito de impulso administrativo. En él exigíamos formalmente:

- Tenernos por personados en el expediente urbanístico.

- Impulsar de oficio la incoación del instrumento de protección.

- Notificar la referencia del expediente interno asignado por Planeamiento, la identidad de la autoridad e instructor responsable (art. 53.1.b LPACAP) y copia de los actos dictados.

- Adoptar de forma inmediata las cautelas urbanísticas preventivas señaladas por Arqueología para blindar el panel ante eventuales licencias de obra.

- Conceder un apercibimiento de 30 días hábiles previo a acudir al Síndic de Greuges y a la vía Contencioso-Administrativa.

Resulta inadmisible que una asociación ciudadana tenga que redactar reiterados escritos y requerimientos legales para conocer el estado de tramitación de un expediente que la Administración está obligada a impulsar de oficio por celeridad (art. 71.1 LPACAP). La transparencia municipal no consiste en vender portales web de datos abiertos; se demuestra respondiendo a las peticiones concretas y notificando a los interesados, cosa que sigue sin hacer en demasiadas ocasiones.

Fieles al apercibimiento realizado y ante la persistencia del silencio municipal, el 17 de septiembre de 2026 formalizamos la Queja nº2604661 ante el Síndic de Greuges, invocando la vulneración del Derecho a una Buena Administración y a la Tutela Administrativa Efectiva sin Indefensión (arts. 9.3 y 103 CE, art. 9 Estatut d'Autonomia y arts. 21 y 48 Ley 39/2015).

La intervención del Síndic desatascó de inmediato la maquinaria burocrática consistorial: la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones solicitó informe urgente a Planeamiento el 22 de septiembre, redactándose este el 24 de septiembre de 2026.

El informe de Planeamiento aportó, por fin, las claves de la codificación interna que se nos habían ocultado durante seis meses:

- Expediente 3001-2022-335: Relativo al panel cerámico religioso (Ntra. Sra. de la Cabeza), en fase final de aprobación.

- Expediente 3001-2022-22: Relativo al Catálogo general de Rótulos Comerciales, al que anunciaban haber acumulado la propuesta del panel de la fábrica de yute para tramitarlo «de manera conjunta».

Sin embargo, ese informe no era más que una evasiva para salvar el trámite ante el Síndic:

- Sin resolución motivada a la parte interesada: El escrito era una mera comunicación interna entre departamentos, sin notificarse formalmente ningún acuerdo de incoación o acumulación en nuestra Carpeta Ciudadana.

- Sin cautelas preventivas: Planeamiento no dedicó ni una sola línea a explicar qué medidas se habían adoptado para evitar que una licencia en las naves destruyera o dañara el panel mientras el macro-expediente de 2022 sigue su lenta tramitación.

Por ello, el 30 de septiembre de 2026 presentamos alegaciones de réplica ante el Síndic de Greuges, exigiendo no archivar las actuaciones hasta que el Ayuntamiento no acreditara notificaciones formales y cautelas de protección reales.

La resolución del Síndic de Greuges emitida el 6 de noviembre de 2026 no deja margen a la ambigüedad y desmonta punto por punto la estrategia del «se tramitará» municipal.

El Alto Comisionado de las Cortes Valencianas constata explícitamente que:

«No consta que se haya adoptado alguna medida de protección del panel cerámico de la fábrica de la calle Guatla hasta que sea declarado como bien de relevancia local».

Y, en consecuencia, formula una RECOMENDACIÓN oficial al Ayuntamiento de Valencia dividida en dos pilares fundamentales:

1. Vertiente Procedimental (Derecho de los Ciudadanos): Que se dicte y notifique a la entidad promovente una resolución motivada que conteste formalmente a todas las cuestiones planteadas en los escritos de febrero y agosto de 2026 (personación, identificación de instructor y expediente, copia de actuaciones y cautelas). No bastan respuestas genéricas entre dependencias; la asociación solicitante tiene derecho a una resolución en forma.

2. Vertiente Material (Protección Cautelar del Patrimonio): Que se adopten de manera inmediata «las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar la protección» del panel cerámico como Bien de Relevancia Local durante la tramitación del instrumento urbanístico.

Este caso pone sobre la mesa el incalculable coste que la mala administración impone a la sociedad civil. Las entidades dedicadas a la defensa del patrimonio cultural no somos oficinas ni empresas dedicadas al peritaje o seguimiento administrativo de los expedientes municipales. Nuestra labor es localizar, estudiar, divulgar y proponer la conservación de la memoria histórica de nuestro patrimonio cultural. Cuando la Administración nos obliga a consumir recursos y energías en una cadena ininterrumpida de escritos, requerimientos y quejas solo para lograr que se cumpla la ley, algo falla gravemente en el sistema institucional.

El plazo para que el Ayuntamiento de Valencia responda al Síndic de Greuges si acepta o rechaza la recomendación es de un mes. Advertimos desde ya que una mera declaración de intenciones o la firma de un documento diciendo «que se acepta» no será suficiente. Exigimos hechos comprobables:

- La notificación en forma en la Carpeta Ciudadana del escrito de resolución motivada.

- La inscripción efectiva de las cautelas urbanísticas en las fichas del inmueble para que ningún técnico o departamento pueda otorgar licencias que afecten al panel sin informe patrimonial previo.

- El impulso definitivo de la modificación del Catálogo de Protección (Expte. 3001-2022-22).

El panel cerámico de 1935 de la calle Guala es un testigo de la memoria obrera e industrial del barrio de Sagunto y de la Saïdia que merece respeto y tutela efectiva. Desde nuestra asociación continuaremos vigilantes para que la Administración pase, de una vez por todas, de las promesas de futuro a la protección en presente. Sin más excusas, ni dilaciones.

Un saludo...


Las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años.

lunes

El Síndic de Greuges desnuda la inactividad de la Conselleria de Cultura en la Estación del Norte

Buenas tardes,

Hay respuestas administrativas que explican una actuación. Otras justifican una decisión. Y algunas, pese a ocupar varias páginas de estéril y absurda jerga burocrática, están redactadas con la única finalidad de esquivar las preguntas esenciales que planteamos en nuestras denuncias.

La contestación que la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades remitió al Síndic de Greuges sobre la Estación del Norte de Valencia, tras nuestra denuncia, pertenece de una forma escandalosa a este último grupo: identifica al propietario del inmueble, insiste en las obligaciones del Estado y reconoce formalmente tener competencias autonómicas de protección, pero no acredita absolutamente nada sobre lo que ha hecho para ejercerlas después de todos estos meses.

La reciente resolución del Síndic de Greuges permite situar el debate en el terreno que desde nuestra asociación venimos reclamando. La cuestión jamás ha sido quién limpia los andenes, quién gestiona los contratos de los locales o quién mantiene las vías ferroviarias. La cuestión era y es: ¿qué ha hecho la Administración cultural valenciana ante una denuncia formal por la evidente degradación y contaminación visual de un Bien de Interés Cultural (BIC)? Y la respuesta del Síndic es demoledora: no consta actuación alguna. En otras palabras: no se ha hecho nada.

La resolución del Síndic de Greuges no se limita a reproducir nuestras alegaciones. Formula dos apreciaciones propias, rotundas y verificables tras la investigación realizada:

«No consta que la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, en contestación a la denuncia presentada con fecha 17/4/2026, haya realizado alguna actuación, visita o inspección al inmueble para comprobar la degradación, invasión y contaminación visual» del BIC Estación del Norte.

«Tampoco consta que la Conselleria, en cumplimiento de su competencia de tutela patrimonial, haya dirigido alguna comunicación o requerimiento a la Administración estatal para que, como propietario, cumpla con sus obligaciones legales».

No son valoraciones de nuestra asociación incorporadas como antecedentes. Son las conclusiones objetivas de la investigación del órgano de control tras nuestras alegaciones.

Ese «no consta» revela una realidad incontestable: si Cultura de verdad hubiera enviado inspectores, levantado actas o requerido a ADIF, lo habría aportado inmediatamente para defenderse ante el Defensor del Pueblo Valenciano. Si no lo hizo cuando se le dio trámite de informe, incluso habiendo pedido y obtenido una ampliación de plazo, es porque jamás movió un solo papel para comprobar sobre el terreno la agresión al monumento.

La estrategia defensiva de la Dirección General de Patrimonio Cultural se ha apoyado en pervertir un dato obvio que nadie le discutía: la titularidad estatal de la estación. Hablar de ADIF para tapar la falta de tutela propia. En su informe al Síndic, Cultura repite que el Estado es el propietario y el responsable directo de la conservación y gestión material del inmueble.

Pero en nuestras alegaciones del 6 de octubre ya dejamos en evidencia esa falacia. Nadie ha pedido a la Generalitat que se encargue del mantenimiento en los andenes o sustituya a RENFE en la explotación de los trenes. Lo que exigimos es el ejercicio estricto de la potestad de tutela y policía patrimonial.

La propia Conselleria admite en su escrito que le corresponden las «funciones de tutela y protección patrimonial». Y ahí aflora su contradicción más flagrante: reconoce la función tutelar, pero no acredita haberla ejercido. Se deshace en explicaciones sobre lo que debería hacer el Estado, pero oculta qué ha hecho ella como garante del Patrimonio Cultural Valenciano. Y lo que ha hecho ha sido NADA.

Es más: si Cultura estaba tan convencida de que la solución dependía única y exclusivamente de la Administración estatal, ¿por qué no le envió ni un sólo requerimiento formal exigiéndole el cumplimiento del artículo 38 de la Ley 4/1998 (LPCV)? Usar al propietario para "pasar la pelota" sin haberle dirigido ni una sola carta de apercibimiento demuestra que la titularidad estatal no es el punto de partida de una actuación coordinada, sino una mera excusa de mal pagador para desplazar el problema.

El 17 de abril de 2026 presentamos una denuncia rigurosa pormenorizada, que ha sido tratada con el rodillo del desgaste. Y si pretendían desgastarnos después de tantos años, es que poco nos conocen desde la Conselleria. 

Nuestra denuncia no era una sugerencia decorativa. Denunciamos la ocupación del perímetro del monumento y sus andenes por terrazas, puestos de comida, veladores, vallas publicitarias y mobiliario auxiliar que destrozan la contemplación del edificio modernista. Denunciamos cómo se está vulnerando el artículo 38 de la LPCV (prohibición de contaminación visual) y cómo el Plan Especial de Protección (PEP) y el Convenio de 2003 se están usando como patente de corso para primar 82.666 m² de aprovechamiento comercial sobre la integridad del BIC.

La Dirección General de Patrimonio Cultural abrió el expediente 2026-0206-V «para el análisis de los hechos». Sin embargo, abrir un expediente no es proteger un monumento. Tener un número de registro administrativo solo demuestra que el papel entró por registro; no demuestra que se haya investigado el problema.

Tratar nuestra denuncia mediante la muletilla del "procedimiento iniciado de oficio" e inocular la amenaza del "archivo por caducidad" a los tres meses es una maniobra clara para desincentivar el ejercicio de la Acción Pública (Art. 5.3 y 9.1 de la LPCV). Pretenden someternos a una carrera de desgaste: denuncia, escrito de incoación, alegaciones, queja al Síndic y nuevas alegaciones, sin que entretanto ningún técnico pise la estación, y lo único que consiguen es exponer las vergüenzas de la propia administración y de sus máximos responsables.

Y aunque la Conselleria respondió al Síndic tarde, como siempre (envió su informe el 5 de octubre), esa respuesta formal ha supuesto un silencio material absoluto sobre el fondo patrimonial. No dijeron si las terrazas son compatibles o ilegales, si fueron examinadas, si tienen autorización de Cultura o si procede su retirada.

El Síndic de Greuges ha zanjado este juego de manos. En su recomendación, pide de forma inequívoca a la Conselleria que:

Realice, en contestación a la denuncia y conforme a su competencia de tutela patrimonial, las actuaciones necesarias para lograr que el Estado adopte las medidas oportunas para evitar la degradación, invasión y contaminación visual del BIC Estación del Norte.

La Conselleria dispone ahora del plazo de un mes para comunicar si acepta estas consideraciones y, lo más importante, qué medidas concretas va a adoptar.

Ya no le servirá redactar otro tratado sobre la titularidad de ADIF o sobre quién posee el suelo. El marco competencial está claro y el Síndic le recuerda el artículo 46 de la Constitución: la conservación del patrimonio obliga a los poderes públicos cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.

El patrimonio histórico no se protege con cláusulas de estilo, ni echando balones fuera de manera imprudente y negligente. Exige hechos: visitas de inspección, actas, requerimientos de retirada de terrazas ilegales y expedientes de restablecimiento de la legalidad. Desde nuestra asociación estaremos vigilantes para exigir que este requerimiento del Síndic no vuelva a terminar en el cajón de la inactividad administrativa.

Un saludo...

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