Los Docks y las respuestas que el Ayuntamiento sigue sin dar: el Síndic reclama que se aclare su protección patrimonial

Buenas tardes,

hoy volvemos a escribir sobre los Docks Comerciales del Puerto de Valencia, una de nuestras joyas industriales. Y lo hacemos con una resolución del Síndic de Greuges que pone por escrito lo que desde nuestra asociación veníamos denunciando: remitir informes anteriores y repetir que un edificio está protegido no equivale a responder a las preguntas concretas que plantea la ciudadanía. Y el Ayuntamiento de Valencia sigue suspendiendo en materia de transparencia y participación ciudadana.

La resolución, firmada el 23 de octubre de 2026, dentro del expediente de queja nº2604178, concluye que no consta que el Ayuntamiento de Valencia haya dictado y notificado la resolución motivada que debía contestar a nuestro escrito del 12 de agosto. Además, señala que el informe municipal tampoco responde expresamente a las cuestiones esenciales que reiteramos en nuestras alegaciones.

No estamos, por tanto, ante una simple discrepancia entre nuestra asociación y el consistorio. Estamos ante una insuficiencia de la respuesta municipal constatada por la institución encargada de supervisar la actuación de nuestras administraciones públicas.

Y conviene explicar qué significa, qué sigue pendiente y por qué no vamos a aceptar que la protección de los Docks se despache con otro intercambio de documentos que deje las mismas preguntas sin contestar. Las huellas están ahí y el propio Ayuntamiento reconoce que deben conservarse.

Para entender este asunto debemos volver a las fachadas de los Docks, un edificio construido entre 1917 y 1919 que conserva impactos de metralla de la Guerra Civil.

No hablamos de una interpretación caprichosa de nuestra asociación. La propia respuesta municipal reproduce el criterio del Servicio de Patrimonio Histórico sobre esas huellas:

“En relación a las huellas de metralla existentes en las fachadas del edificio, testimonio de los más de 400 bombardeos que sufrió la ciudad durante la guerra civil, se considera que se deberían preservar y no modificar su estado en cualquier actuación que se lleve a cabo en el edificio”.

El Ayuntamiento (Servicio de Patrimonio Histórico) reconoce, por tanto, su existencia, su valor testimonial y la necesidad de preservarlas. También señala que cualquier intervención sobre el edificio debe ser previamente dictaminada por la Comisión Municipal de Patrimonio.

Hasta aquí, los antecedentes municipales. Pero nuestra pregunta no terminaba ahí. Lo que solicitamos fue que el Ayuntamiento se pronunciara expresamente sobre la aplicación de la disposición adicional quinta, apartado 3, de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano: si esos vestigios de la Guerra Civil, presentes en un inmueble anterior a 1940, determinan su reconocimiento legal como Bien de Relevancia Local.

Esa es la cuestión que sigue sin respuesta expresa, según concluye el propio Síndic. No pedíamos un favor: pedíamos que se aplicara y explicara la ley. Y la diferencia es importante.

No solicitamos simplemente que al Ayuntamiento le pareciera oportuno mejorar la protección del edificio. Planteamos la aplicación de un régimen legal específico y pedimos que se explicara cómo debía trasladarse al expediente.

La legislación valenciana contempla el reconocimiento legal de determinadas categorías de bienes inmuebles de relevancia local por su naturaleza patrimonial. Por eso, cuando se invoca uno de esos supuestos, la Administración debe analizarlo y responder: no basta con reconducir el asunto a una valoración genérica sobre la conveniencia de aumentar la protección urbanística.

Sin embargo, el informe municipal explica que se encargó un estudio para analizar si procedía “la elevación” de la protección parcial a BRL y que ese trabajo concluyó que no era necesario modificar la ficha.

¿Responde eso a la pregunta que formulamos? El Síndic considera que no se ha contestado expresamente a la cuestión planteada.

Y ese es el centro del problema: no es lo mismo decidir si se desea aumentar una protección que determinar si resulta aplicable una protección prevista legalmente. El Síndic había pedido una resolución, no una recopilación de antecedentes, que es lo que ha vuelto a enviar nuestro consistorio, que es lo que suele hacer cuando no sabe o no quiere contestar.

El 24 de agosto de 2026, al admitir nuestra queja, el Síndic requirió al Ayuntamiento una copia de la resolución motivada que contestara “a todas y cada una” de las cuestiones del escrito presentado el 12 de agosto. La respuesta municipal llegó a la institución el 28 de septiembre. Incorporaba informes y referencias a actuaciones anteriores, pero no acreditó lo que se había solicitado.

La conclusión del Síndic merece leerse despacio:

“No consta que el Ayuntamiento de València haya dictado y notificado resolución motivada, con indicación de los recursos correspondientes […] a pesar de haber sido expresamente requerida dicha resolución”.

No se trata de una cuestión decorativa. Una resolución permite conocer qué órgano decide, qué acuerda, por qué lo acuerda y cómo podemos discutir esa decisión.

Los informes pueden servir de fundamento. Pero su mera existencia no demuestra que nuestra solicitud haya sido resuelta.

La ciudadanía no tiene por qué reconstruir una decisión administrativa buscando entre documentos de distintas fechas y servicios, mientras sigue sin saber qué se ha decidido sobre la cuestión principal. 

El Servicio de Planeamiento sostuvo que los informes anteriores ya respondían a las cuestiones planteadas y añadió:

“No se entra de nuevo a analizar dichas cuestiones”.

Pues bien: después de examinar esa contestación y nuestras alegaciones, el Síndic concluye que las preguntas esenciales siguen sin respuesta expresa.

Esto no significa que cualquier remisión a un informe anterior sea inválida. No lo hemos planteado así en nuestra réplica. El problema es que la remisión utilizada no ha permitido acreditar una contestación suficiente al asunto concreto.

La antigüedad de un documento no es, por sí sola, el defecto. El defecto es que se utilice como respuesta sin resolver lo que se está preguntando.

Y aquí se preguntaba por un reconocimiento legal, por un posible procedimiento de exceptuación, por sus garantías técnicas y por la intervención de Cultura.

¿Qué procedimiento se ha seguido realmente? Esta es otra de las preguntas pendientes.

Nuestra asociación cuestionó si el Ayuntamiento podía dar por terminada la discusión sobre el BRL apoyándose en el dictamen individual encargado al arquitecto José María Lozano Velasco, presidente del CVC que fue contratado a título particular, sin acreditar las garantías invocadas respecto del procedimiento de exceptuación.

El Síndic incorpora a sus conclusiones la falta de acreditación de tres extremos: la tramitación de ese procedimiento, la intervención de un equipo técnico pluridisciplinar y la emisión del informe favorable de la conselleria competente en cultura. También los incluye en su recomendación final.

Seamos precisos: la resolución no declara definitivamente que todas esas garantías se hayan incumplido. Lo que establece es que no se han acreditado y que la respuesta municipal no despeja la cuestión.

Pero esa diferencia no resta importancia al problema. Al contrario: obliga al Ayuntamiento a documentar su actuación. Si considera que el procedimiento invocado no resulta aplicable, debe explicar por qué. Si sostiene que ha cumplido las garantías pertinentes, debe identificar los trámites y aportar los documentos. Lo que no sirve es presentar la existencia de un estudio como respuesta automática a cualquier objeción sobre el procedimiento.

Conviene insistir en algo que dejamos claro en nuestras alegaciones: se trata de conocer qué función se ha atribuido a este dictamen encargado directamente a este arquitecto, cuál fue el objeto del encargo y cómo se ha utilizado para fundamentar la posición municipal.

Una cosa es disponer de informes procedentes de distintas disciplinas. Otra es acreditar que se ha seguido el cauce técnico y administrativo exigible para adoptar una determinada decisión patrimonial.

La resolución no anula el dictamen ni ordena contratar otro. Sí impide considerar suficientemente contestada la objeción sobre la intervención de un equipo pluridisciplinar y sobre las restantes garantías planteadas. El Ayuntamiento tendrá que explicar el expediente, no limitarse a defender que el expediente contiene papeles.

La respuesta municipal cita una consulta a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Según el fragmento reproducido, correspondía al Ayuntamiento justificar y formular la propuesta mediante el documento urbanístico pertinente, incluyendo entorno de protección y normativa.

Sin embargo, el Síndic mantiene como pendiente la acreditación del informe favorable de la conselleria. Por tanto, la consulta previa citada no ha servido para dar por respondida nuestra pregunta sobre la intervención autonómica.

¿Qué documentación conoció Cultura? ¿Sobre qué propuesta se pronunció? ¿Qué relación tiene aquel informe con el estudio de 2026 y con la decisión municipal de no modificar la ficha? Son preguntas que necesitan documentos y explicaciones, no suposiciones. Y de momento no nos las han facilitado.

La contestación municipal contiene, además, una contradicción llamativa.

Planeamiento afirma que el edificio dispone de protección parcial. Patrimonio Histórico y Artístico describe la conclusión del dictamen de 2026 como el mantenimiento de protección ambiental. El Síndic incorpora expresamente esta “contradicción objetiva” a sus conclusiones y a la recomendación.

¿Qué protección está vigente? ¿Por qué el dictamen habla de mantener otra distinta? ¿Qué ficha y qué normativa se han utilizado?

No estamos afirmando que se haya aprobado una rebaja efectiva de protección. Estamos señalando que la discrepancia sigue sin aclararse. Y no es aceptable que una Administración invoque la protección parcial para tranquilizar a la ciudadanía mientras utiliza un estudio cuya conclusión se presenta con una categoría diferente y menor, sin explicar esa diferencia.

Llegados a este punto, podemos hablar con fundamento de deficiencias procedimentales en la respuesta municipal.

No consta la resolución requerida. El informe no contesta expresamente a las cuestiones esenciales. Y siguen sin acreditarse extremos relevantes del procedimiento patrimonial discutido. Ese es el resultado de la investigación del Síndic.

La fuerza del documento está en lo que realmente dice: el Ayuntamiento no ha demostrado que nuestra petición esté debidamente resuelta y debe corregir esa situación. Ahora toca resolver, explicar y notificar, sin más excusas y dilaciones.

La recomendación es concreta: dictar y notificar una resolución motivada, contestar todas las cuestiones e indicar los recursos pertinentes. El Ayuntamiento debe informar al Síndic, en un máximo de un mes, si acepta las consideraciones y qué medidas adoptará; si no las acepta, debe justificarlo.

Desde nuestra asociación examinaremos la respuesta cuando se produzca. No bastará con anunciar que se acepta si después las preguntas permanecen intactas. Los Docks y sus fachadas merecen algo más que una protección invocada de forma genérica. Merecen un régimen claro, un procedimiento verificable y garantías de conservación.

Seguiremos defendiendo la memoria material de Valencia, con documentos, con alegaciones y con la exigencia de que cada Administración explique y justifique sus decisiones. Porque las huellas de nuestra historia no pueden quedar atrapadas entre un “ya está informado” y un “no se entra de nuevo a analizar”.

Un saludo...

Las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años.

La muralla andalusí de la calle Salinas: trece años de ruina declarada, promesas incumplidas y un Ayuntamiento que no sabe de quién es su propio BIC

Buenas tardes,

hoy volvemos a denunciar uno de los episodios más graves, persistentes y vergonzosos de abandono institucional que ha sufrido el patrimonio histórico de Valencia en los últimos años.

Hablamos de la muralla andalusí y la torre del siglo XI integradas en el inmueble situado en la calle Salinas nº 5, en pleno barrio del Carmen. Una parte de la Valencia islámica medieval, integrado en el Bien de Interés Cultural de la Muralla Árabe de Valencia, levantado durante el periodo del emir Abd al-Aziz ibn Ámir, entre 1021 y 1061.

Y hablamos de un bien que lleva trece años declarado en situación legal de ruina, mientras el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana se han dedicado a emitir informes, cruzarse comunicaciones, aceptar recomendaciones, archivar expedientes y discutir internamente sobre quién debe ocuparse de salvarlo. Y la respuesta, hasta ahora, ha sido siempre la misma: nada.

Para entender la gravedad del asunto hay que viajar hasta 2007, antes incluso de la aparición de nuestra asociación. Y es que el 12 de noviembre de 2007, mediante la Resolución nº U-6327, el Ayuntamiento de Valencia declaró la amenaza de ruina inminente del inmueble de la calle Salinas nº 5. Es decir, hace casi dos décadas la administración municipal ya tenía constancia oficial de que aquel edificio presentaba un riesgo grave. Pero el riesgo no se detuvo ahí.

El 27 de junio de 2013, mediante la Resolución nº U-454, el Ayuntamiento declaró la situación legal de ruina del inmueble. Un año después, el 29 de octubre de 2014, mediante la Resolución nº U-695, se adjudicó el aseguramiento del inmueble. Y en ese momento ya estabamos denunciándolo desde nuestra asociación.

Desde entonces han pasado más de una década. Y la pregunta que cualquier valenciano debería hacerse es sencilla: ¿dónde están las obras?

Porque no hablamos de una ruina descubierta ayer. No hablamos de un imprevisto. No hablamos de un daño repentino y sobrevenido. Hablamos de una situación conocida, documentada y denunciada durante años por nuestra asociación, con cuatro recomendaciones del Síndic (en camino una quinta) y ninguna solución.

Ante la pasividad institucional, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana tuvo que intervenir en varias ocasiones. Sus resoluciones se sucedieron en 2014, 2016, 2020 y 2023.

En la resolución de 28 de abril de 2023, el Síndic volvió a requerir a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y al Ayuntamiento de Valencia que adoptaran medidas para mejorar la conservación y puesta en valor de la muralla árabe del siglo XI.

Y en todo este tiempo han pasado por la ciudad tres alcaldías y tres equipos de gobierno diferentes. Y el resultado es el mismo: abandono absoluto.

Este expediente no puede atribuirse a un solo gobierno municipal. La muralla ha atravesado varias alcaldías y varios equipos de gobierno, y en ninguno se ha producido la actuación decisiva que exigía el bien. Y para aquellos a los que les preocupa más las siglas de su partido político de turno (por afiliación, afinidad, voto, etc.) que el patrimonio cutural valenciano y que sólo alzan la voz, señalan, critican o denuncian en función de quién gobierna, lamentamos informarles que esto no va sólo de siglas. Todos y cada uno de los actores implicados son CULPABLES y RESPONSABLES del estado en el que se encuentra este BIC. No se salva ninguno y de ningún partido por el que ha pasado el expediente de la calle Salinas nº5. Ni a nivel municipal, ni a nivel autonómico.

Durante el mandato de Rita Barberá, del Partido Popular, alcaldesa de Valencia entre 1991 y junio de 2015, se produjeron la declaración de amenaza de ruina en 2007, la declaración de ruina en 2013 y la adjudicación del aseguramiento en 2014.

Durante los gobiernos de Joan Ribó, de Compromís en coalición con el PSPV-PSOE y con València en Comú, entre 2015 y 2023, se emitieron nuevas recomendaciones del Síndic, se mantuvo el deterioro y, según los informes municipales ahora conocidos, el Ayuntamiento de Valencia adquirió la titularidad del inmueble en 2021 sin que el Servicio de Disciplina Urbanística fuera debidamente informado.

Y desde junio de 2023 gobierna María José Catalá, del Partido Popular, en coalición con VOX. Su equipo ha recibido la reapertura de la queja, ha solicitado una ampliación de plazo para aclarar competencias y, tras esa ampliación, ha aportado informes que siguen sin designar con claridad un responsable único ni acreditar una intervención material reciente sobre el BIC.

No se trata de cargar toda la responsabilidad sobre una sola persona, partido político o equipo de gobierno. Se trata de algo más grave: el problema ha sobrevivido a los cambios de gobierno y se ha cronificado en el tiempo. Ha atravesado el PP, Compromís (PSPV-PSOE + València en Comú) y de nuevo el PP (+VOX). Y en ningún caso se ha convertido en una prioridad real. Se han usado todo tipo de excusas para no actuar y seguir dilatándolo en el tiempo. Por lo tanto, la responsabilidad es completamente compartida.

Hasta ahora, una de las excusas recurrentes era la existencia de un propietario privado al que había que exigir el cumplimiento del deber de conservación. Pero esa coartada ha caído por tierra.

Los informes municipales reconocen que el inmueble fue expropiado y que pasó a ser de titularidad municipal, con alta en el Inventario Municipal de Bienes en 2021. Posteriormente, el 2 de julio de 2025, se dictó una Resolución de Alcaldía por la que se causó alta en el inventario municipal. Esto cambia absolutamente el escenario jurídico.

El artículo 18.1 de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, impone a propietarios y poseedores de bienes incluidos en el Inventario General la obligación de conservarlos y mantener la integridad de su valor cultural. Y el artículo 46 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, cualquiera que sea su titularidad.

Traducido al lenguaje llano: si el Ayuntamiento es el propietario, el Ayuntamiento es el responsable. Ya no puede alegar que el problema es la pasividad de un particular. Ya no puede escudarse en la existencia de un tercero. Ya no puede decir que espera a que el propietario actúe. El propietario es el Ayuntamiento. Y el bien sigue en ruina. Pero hay más. Y es todavía peor.

El Servicio de Disciplina Urbanística ha reconocido que mantuvo abierto el expediente de ruina hasta 2024 porque ningún servicio municipal le comunicó que el Ayuntamiento había adquirido el inmueble en 2021. Pensad en lo que esto significa.

Durante años, el Ayuntamiento mantuvo un procedimiento de ruina frente a los antiguos propietarios privados cuando el verdadero propietario era ya el propio Consistorio. No fue un error de un día. Fue una falta de comunicación interna que se prolongó durante años.

En 2024, el Servicio de Disciplina archivó el expediente y lo trasladó al Servicio de Patrimonio, adjuntando el último informe técnico disponible: uno de 2021.

La consecuencia es escalofriante: entre 2021 y 2026 no consta una inspección técnica integral y actualizada del estado del edificio, la torre y los tramos de muralla. Cinco años sin un diagnóstico oficial actualizado sobre una estructura declarada en ruina en 2013.

¿Cómo se protege un Bien de Interés Cultural sin inspeccionarlo? ¿Cómo se planifica una restauración sin conocer su estado real? ¿Cómo se garantiza la seguridad de un monumento medieval si el último informe técnico disponible tiene cinco años? La respuesta municipal parece ser: con informes, prórrogas y promesas incumplidas.

Ante la nueva queja nº 2603965, el Ayuntamiento solicitó una ampliación de plazo para determinar qué servicio era competente. Alegó la existencia de una controversia entre el Servicio de Disciplina Urbanística, el Servicio de Patrimonio y el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico.

Hasta aquí, podría parecer razonable. Un Ayuntamiento complejo necesita ordenar sus competencias. Pero lo ha ocurrido después es simplemente inaceptable.

El Servicio de Disciplina sostiene que la gestión correspondía al Servicio de Patrimonio y propuso que el bien se adscribiera al Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico. El Servicio de Patrimonio, sin embargo, consideró que no procedía esa adscripción respecto del edificio y anunció un encargo urgente de aseguramiento. Y el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, precisamente el que el propio Servicio de Disciplina consideraba más adecuado para proteger un BIC, no aportó un informe específico en los documentos transcritos.

Resultado: tras pedir más tiempo para aclarar competencias, el Ayuntamiento ha presentado una documentación que confirma que el problema sigue ahí.

Y tal y como no nos cansamos de repetir, un Ayuntamiento no es una suma de concejalías enfrentadas, ni un reino de Taifas independiente. Tiene personalidad jurídica única. Sus conflictos internos no pueden oponerse a la ciudadanía ni utilizarse para suspender obligaciones legales. La Ley 40/2015 recoge expresamente que cada Administración actúa con personalidad jurídica única. Utilizar el desorden interno para justificar la inacción externa es, sencillamente, una forma sofisticada de no hacer nada.

El Servicio de Patrimonio ha anunciado un encargo urgente para el aseguramiento del edificio, en el marco de un acuerdo marco para obras urgentes en inmuebles municipales. Se ha mencionado a la contratista CADERSA. ¿Es una buena noticia? Podría serlo. ¿Es suficiente? Rotundamente, no.

Porque nadie ha aclarado si ese aseguramiento incluye la torre y los tramos de muralla islámica, o si se limita al edificio residencial protegido. Y aquí está el peligro.

La torre y el lienzo de muralla no son elementos accesorios de una finca municipal cualquiera. Forman parte de la unidad patrimonial que justifica la protección del BIC. No pueden tratarse como un resto arqueológico secundario, ni el edificio como un inmueble ordinario, para eludir el régimen de intervención que corresponde a un bien de interés cultural.

Los artículos 35 y 36 de la Ley 4/1998 exigen que las intervenciones en bienes declarados de interés cultural cuenten con la autorización de la Conselleria competente y que los Ayuntamientos no otorguen licencias o actos equivalentes sin acreditar dicha autorización cuando sea preceptiva.

Si el “aseguramiento” afecta a la muralla o a la torre, debe aclararse si se ha solicitado informe o autorización de la Conselleria. Si no las afecta, debe demostrarse técnicamente.

Porque un BIC del siglo XI no se salva con un parche de mantenimiento urbano. Se salva con diagnóstico técnico, proyecto especializado, autorización patrimonial, presupuesto y ejecución real.

Y todavía queda una pregunta más incómoda: ¿Sabe la Conselleria que el bien es municipal?

En el anterior expediente de queja (año 2023), la Conselleria trató el bien como de titularidad privada. Pero si el Ayuntamiento de Valencia se convirtió en propietario en 2021, ¿fue informada la Generalitat? ¿Actualizó su posición? ¿Ha dirigido sus requerimientos al titular correcto?

Si no fue informada, la falta de comunicación municipal es gravísima. Si fue informada y siguió tratando el bien como privado, la descoordinación interadministrativa es aún más preocupante.

En cualquiera de los dos supuestos, el resultado es el mismo: una Administración autonómica con competencia en patrimonio cultural y un Ayuntamiento propietario del inmueble han convivido durante años sin un mecanismo claro de coordinación sobre un BIC en riesgo. Y esto no es una anécdota burocrática. Es un grave fallo estructural.

Desde el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural hemos registrado solicitudes de acceso a la información pública y ambiental ante el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria competente en materia de cultura.

No pedimos favores. Pedimos documentos.

Exigimos:

1. El expediente completo de expropiación y el alta municipal de 2021.

2. El informe técnico de 2021 y la acreditación de si se han realizado inspecciones posteriores.

3. El expediente completo del anunciado encargo urgente de aseguramiento.

4. La aclaración expresa de si dicho encargo incluye la torre y los tramos de muralla.

5. La identificación del servicio y responsable municipal que asume la conservación.

6. Las comunicaciones con la Conselleria sobre la titularidad municipal y el estado del BIC.

7. El proyecto de consolidación o restauración, el calendario y el crédito presupuestario.

8. La autorización o informe de la Conselleria, si la intervención afecta al BIC.

Si no existe inspección reciente, que lo digan. Si no existe proyecto, que lo digan. Si no existe presupuesto, que lo digan. Si no existe responsable, que lo digan. Pero que no nos vuelvan a contar que todo está “en tramitación”, “en estudio” o “pendiente de coordinación”. Basta de mareos y de tomaduras de pelo.

La muralla andalusí de la calle Salinas no es un problema de una concejalía, ni de un expediente, ni de una legislatura. Es el resultado de trece años de ruina declarada, cuatro recomendaciones del Síndic, cambios de titularidad, archivos tardíos, informes desactualizados y disputas internas sobre competencias.

Los gobiernos de Rita Barberá, Joan Ribó y María José Catalá, con sus respectivos apoyos, han tenido, en distintos momentos, la responsabilidad política de evitar esta situación. La Generalitat, con sus sucesivos equipos de Cultura, ha tenido la responsabilidad de velar por un BIC de primer orden. Y ninguna de las dos administraciones puede alegar hoy que desconocía el problema.

La pregunta ya no es si la muralla necesita intervención. La pregunta es por qué, después de tantas declaraciones, recomendaciones y compromisos, sigue sin haber una actuación clara, técnica, financiada y ejecutada.

La muralla andalusí no puede seguir siendo rehén de la inercia administrativa. Un BIC del siglo XI no puede depender de que tres servicios municipales decidan, años después de la ruina declarada, quién debe ocuparse de salvarlo.

Seguiremos denunciando cada atropello y exigiendo el cumplimiento íntegro de la Ley. Os mantendremos informados del devenir de este expediente.

Un saludo...

Las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años.

Denunciamos ante la Conselleria de Cultura el uso del BIC de la muralla de Xàtiva como trastienda ferial

Desde la asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural volvemos a alzar la voz y a actuar con la máxima contundencia jurídica ante lo que consideramos una agresión continuada, intolerable e impune contra el patrimonio histórico valenciano. Año tras año, y coincidiendo con la celebración de la Fira de Xàtiva, el Ayuntamiento de la localidad convierte el entorno monumental y la fábrica medieval de sus Murallas (declaradas Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento) en un mero trastero ferial para el soporte de infraestructuras efímeras.

Ante la persistente pasividad municipal y el habitual silencio complaciente de la administración autonómica, nuestra entidad ha registrado ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana un escrito de denuncia y requerimiento formal de restablecimiento de la legalidad, para evitar cualquier intento de archivo silencioso, dilación o ninguneo del derecho de la acción pública de la ciudadanía a exigir la protección efectiva de sus monumentos.

La situación que venimos documentando y denunciando públicamente no es un hecho aislado ni una negligencia puntual. Se trata de un modus operandi consolidado que se repite, al menos, desde el año 2019 y que ha vuelto a reproducirse con absoluta impunidad en las sucesivas ediciones feriales de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

Las inspecciones visuales y el amplio dossier fotográfico recabado por nuestra asociación demuestran una ocupación ilícita y sistemática del área de protección de la muralla:

- Módulos sanitarios portátiles (WC químicos) adosados a la piedra: Casetas y contenedores de aseos públicos colocados pegados directamente al lienzo medieval o a escasos centímetros de su base. Esta práctica genera un riesgo grave e inaceptable de filtraciones de vertidos químicos, eflorescencias salinas y humedades en la mampostería histórica, además de anular por completo la contemplación del bien.

- Casetas de hostelería, barras de bar y venta ambulante: estructuras comerciales efímeras (puestos de comida rápida, terrazas y mostradores de bebidas) apoyadas y adheridas a las murallas, utilizando el monumento como pared trasera o trastienda ferial.

- Cableados y tendidos eléctricos provisorios: mangueras eléctricas e instalaciones temporales de iluminación tensadas, grapadas o colgadas directamente desde la sillería o discurriendo en contacto directo con el paramento del BIC, con el consiguiente riesgo de choque eléctrico, cortocircuito e incipiente riesgo de incendio.

- Acumulación de mobiliario, contenedores y cerramientos: apilamiento indiscriminado de sillas de aluminio, mesas, barriles de cerveza, contenedores de basura, vallas de obra y lonas de ocultación (rafias y cañizos) anclados o apoyados en el propio monumento histórico.

- Anulación total del entorno de protección: eliminación de la franja perimetral de seguridad y contemplación visual que por ley debe permanecer expedita y libre de ocupaciones.

El tratamiento que el consistorio de Xàtiva otorga a sus murallas medievales durante la Fira no se puede analizar de forma aislada. Es el síntoma de una problemática mucho más profunda y alarmante. Xàtiva, una ciudad con un legado histórico envidiable y declarada Conjunto Histórico-Artístico, atraviesa una severa crisis de gestión y tutela patrimonial.

No es casualidad que la capital de La Costera ostente el triste récord de figurar en la Lista Roja de Hispania Nostra con cerca de una docena de bienes culturales sumidos en el abandono, la ruina o el riesgo inminente de degradación irreversible. Entre los elementos incluidos o alertados en este listado de la vergüenza figuran inmuebles y espacios de incalculable valor.

Resulta profundamente contradictorio que, mientras el Ayuntamiento invierte considerables recursos públicos en campañas de promoción turística, permita y promueva activamente la degradación de un monumento de la categoría BIC como la muralla, utilizándolo como bastidor de baños portátiles y barra de bar. La promoción del patrimonio no puede ser una mera cáscara propagandística; exige, ante todo, respeto, conservación y cumplimiento estricto de la legalidad.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, las actuaciones permitidas u organizadas por el Ayuntamiento de Xàtiva contravienen de forma flagrante la normativa sectorial vigente:

Falta de Autorización Preceptiva y Nulidad de Licencias (Art. 35 de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano - LPCV): Cualquier obra, instalación, actividad o cambio de uso en un BIC o su entorno requiere la autorización previa, explícita y favorable de la Conselleria de Cultura. El consistorio no puede "legalizar" la invasión del monumento mediante simples decretos municipales o permisos festivos. Cualquier licencia otorgada sin el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio es nula de pleno derecho (Art. 47.1.e Ley 39/2015).

Infracción de la prohibición de contaminación visual (Art. 38 LPCV y Art. 19 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español): La ley prohíbe taxativamente la colocación de cables, anuncios, adosamientos y elementos aparentes sobre monumentos declarados BIC y sus entornos. La normativa no establece distinciones ni excepciones para eventos temporales o festivos: la perturbación es ilegal tanto si dura un día como un año.

Incumplimiento del deber de conservación y custodia (Arts. 33 y 39 LPCV): Las entidades locales tienen la obligación legal de conservar y tutelar el patrimonio de su término municipal, preservando su entorno de protección libre de ocupaciones que degraden su dignidad y apreciación cultural.

Nuestro blindaje jurídico ante la Conselleria de Cultura

Quienes nos siguen desde hace años saben de sobra que la Conselleria de Cultura recurre de forma sistemática a tretas administrativas para desestimar o congelar las denuncias ciudadanas. Su maniobra habitual consiste en no notificar la correcta recpeción de las denuncias (no le dan un número de expte.), denegar la condición de interesado a los denunciantes, etc. para dilatar plazos o dejar caducar los expedientes mediante el silencio administrativo, respondiendo única y exclusivamente tras la intervención del Síndic de Greuges.

Para neutralizar de raíz estas prácticas de mala fe administrativa, hemos solicitado:

Ejercicio formal de la Acción Pública (Art. 9.1 LPCV): Invocamos la legitimación universal que la ley otorga a todas las personas físicas y jurídicas para exigir el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. La Acción Pública no es un simple "aviso", sino un derecho a obtener una respuesta sobre el fondo.

Exigencia de confirmación en 10 días (Art. 21.4 LPACAP): Requerimos a la Conselleria para que en el plazo de 10 días comunique la recepción del escrito, la fecha de registro y el número de expediente asignado.

Límite infranqueable de 3 meses para resolver: Invocamos la doctrina vinculante del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (Resolución de Recomendaciones de 13/10/2025, Exp. 2502770), que recuerda el deber legal e inexcusable de la administración de dictar resolución expresa en el plazo máximo de 3 meses, prohibiendo el archivo silencioso o la caducidad en expedientes de protección de BIC.

Exclusividad de notificaciones telemáticas (Art. 41.1 LPACAP): Inhabilitamos formalmente el uso de la vía postal en papel, obligando a la administración a notificar por vía electrónica para evitar dilaciones indebidas.

En el escrito registrado ante la Dirección General de Patrimonio Cultural hemos solicitado formalmente:

1. El reconocimiento explícito de nuestra condición de parte interesada de pleno derecho.

2. La orden inmediata de inspección técnica por parte de los servicios de Patrimonio para evaluar las afecciones materiales y la contaminación visual sobre la muralla de Xàtiva.

3. La adopción de medidas cautelares y órdenes directas al Ayuntamiento de Xàtiva para la retirada inminente de cualquier elemento adosado y la delimitación de un perímetro libre de ocupación en futuras ediciones.

4. La apertura de expediente sancionador contra los responsables de las infracciones graves cometidas sobre un BIC.

La identificación nominal de las autoridades o técnicos que hayan autorizado estas ocupaciones sin la previa autorización autonómica.

Nuestra asociación no va a permitir que se siga tratando el patrimonio de todos como un decorado desechable. Guardamos la reserva de nuestras mejores acciones jurídicas, sin descartar acudir a las instancias judiciales o dar traslado de los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico si se constata una inobservancia deliberada del deber de tutela.

El reloj administrativo ya está corriendo. Desde nuestra asociación seguiremos informando puntualmente de cada paso en este expediente. La defensa del patrimonio histórico no se promete: se ejerce y por Registro General de Entrada.

Un saludo...

2019

2022

2022

2024

2024

2025

2026

2026

Las imágenes han sido facilitadas por l'Associació veïnal Casc Antic Digne i Viu (Xàtiva) a Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años.

La Conselleria de Cultura vuelve a tropezar con el Síndic de Greuges: el vergonzoso 'modus operandi' del silencio y la falta de transparencia

Buenas tardes,

Hoy queremos mostramos los entresijos de una batalla administrativa, que venimos librando desde nuestra asociación, contra una administración reincidente: la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades (y en especial, su Dirección General de Patrimonio Cultural).

El pasado 18 de junio de 2026, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana firmó una resolución demoledora. Un auténtico "hostión" jurídico e institucional directo a la línea de flotación de una Conselleria que se ha acostumbrado a tratarnos a los ciudadanos y a las asociaciones civiles con desprecio, soberbia y arrogancia, aplicando el silencio administrativo por enésima vez. En este artículo vamos a mostraros el vergonzoso modus operandi de esta administración y cómo el Síndic les ha sacado los colores públicamente, tumbando de manera fulminante unas "justificaciones" que rozan el insulto a la inteligencia del ciudadano.

1. El origen del conflicto:

Para que entendáis bien la historia, tenemos que activar nuestra máquina del tiempo particular y situarnos en la cronología de los hechos. El edificio de los Docks Comerciales del Puerto de Valencia es una pieza clave de nuestro patrimonio industrial. Llevamos años exigiendo su correcta protección y catalogación. Por ello, haciendo uso de las herramientas legales que nos da nuestro estado de derecho, el pasado 5 de marzo de 2026, nuestra asociación presentó una solicitud formal por registro electrónico.

En ese escrito solicitábamos algo tan sencillo, tan legítimo y tan público como lo siguiente:

«Acceso y copia íntegra, testimoniada, documental y completa del informe patrimonial de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de fecha 1 de marzo de 2024, relativo a la petición de catalogación como Bien de Relevancia Local del edificio "Docks Comerciales del Puerto de Valencia"».

Un informe técnico de 2024. Dos años guardado en un cajón. Pedíamos una copia para saber qué criterios técnicos se estaban manejando respecto al futuro de este emblemático edificio. No estábamos pidiendo ningún secreto de estado que pusiera en peligro al país; estábamos pidiendo información pública protegida por la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

¿Cuál fue la respuesta inicial de la Conselleria? El vacío más absoluto. El silencio más sepulcral. Una vez más, la administración autonómica decidió aplicar su táctica favorita frente a los ciudadanos y asociaciones que les resultamos molestos e incómodos: meter la cabeza bajo el ala y esperar a que nos cansemos. Y ya sabéis, responsables de la Conselleria que nos leéis habitualmente, que ni nos vamos a cansar, ni vamos a cesar en nuestras legítimas peticiones.

2. El 'Modus Operandi' de la opacidad: despreciando los derechos ciudadanos

Los que nos seguís desde hace tiempo sabéis perfectamente que esto no es un hecho aislado. Estamos ante una práctica sistemática, cronificada y, a nuestro juicio, claramente mal intencionada. La Conselleria de Cultura opera bajo un patrón de conducta que se repite de forma casi matemática en cada una de nuestras solicitudes, quejas y denuncias. Consiste en lo siguiente:

Primer paso: Omitir el acuse de recibo. La ley estipula que la Administración tiene la obligación de comunicar al ciudadano, en el plazo máximo de 10 días, que ha recibido su escrito, indicando quién lo tramita y qué plazos hay para resolver. La Conselleria jamás lo hace. Nos deja a ciegas, sin saber si el papel ha entrado en la mesa de un técnico o se ha perdido en el limbo digital.

Segundo paso: Agotar el plazo legal mediante el silencio. Dejan pasar el mes completo que otorga la legislación de transparencia para responder sin mover un solo dedo. De esta forma, obligan a que opere el silencio administrativo negativo.

Tercer paso: Forzar al ciudadano a acudir al Síndic de Greuges. Como el ciudadano no tiene la documentación, se ve obligado a perder su tiempo redactando quejas ante el Defensor del Pueblo.

Cuarto paso: Entregar los papeles "in extremis" y pretender que aquí no ha pasado nada. Cuando el Síndic les abre un expediente de investigación y les exige responsabilidades, se asustan, buscan a toda prisa el documento en el ordenador, lo cuelgan en la Carpeta Ciudadana del afectado y le dicen al Síndic: "Oiga, que ya se lo hemos dado, cierre usted el caso".

Es un comportamiento profundamente insolidario, tramposo y desleal con la ciudadanía. Nos tratan como a ciudadanos de segunda o de tercerto. Saben perfectamente que, de cada diez ciudadanos que reciben la callada por respuesta, nueve abandonarán por puro agotamiento psicológico y burocrático. Y con el único que llega hasta el final (en este caso, nuestra asociación), cumplen tarde, mal y a arrastras, únicamente porque ven las orejas al lobo de la Sindicatura. Si no acudimos al Síndic de Greuges, a fecha de hoy todavía estaríamos esperando sentados el informe de los Docks.

3. La vergonzosa excusa de la Conselleria: «Tenemos mucho trabajo»

Cuando el Síndic de Greuges admitió nuestra queja a trámite el 20 de abril de 2026, les dio el preceptivo mes de plazo para enviar un informe detallado y razonado sobre los hechos, exigiéndoles específicamente que explicaran por qué no habían enviado el acuse de recibo en 10 días. ¿Y qué hizo la Conselleria? Volver a pedir una prórroga de tiempo el 19 de mayo alegando "sobrecarga de gestión de expedientes". Al final, el 9 de junio de 2026, registraron su contestación formal, firmada por el Subsecretario del departamento.

Las justificaciones que aporta la Conselleria son de una desvergüenza técnica colosal. Citamos textualmente su primera conclusión:

«Primera.- La solicitud de información no fue tramitada en los plazos indicados en la legislación en materia de transparencia por una acumulación de tareas en la unidad administrativa encargada de la tramitación de la misma».

Su defensa ante una vulneración de los derechos de los ciudadanos es decir que tienen "acumulación de tareas". Desde el punto de vista del Derecho Administrativo más elemental, esto es una aberración jurídica. Las deficiencias organizativas, la falta de personal, las bajas sin cubrir o la mala gestión del tiempo de los funcionarios son problemas internos y estructurales de la propia Generalitat Valenciana. Bajo ningún concepto estas contingencias internas pueden ser oponibles al ciudadano, ni constituyen una causa de fuerza mayor que los exima de cumplir las leyes que ellos mismos aprueban en Les Corts.

Imaginaros por un momento que cualquiera de vosotros va a pagar el Impuesto de Sucesiones, el IVA o el IRPF fuera de plazo, y cuando Hacienda os vaya a sancionar, presentáis un escrito diciendo: "Oigan, es que no he pagado a tiempo porque tengo acumulación de tareas en mi casa, estoy desbordado con la compra, poniendo la lavadora y haciendo la comida". ¿Qué os diría la Agencia Tributaria? Se reiría en vuestra cara y os aplicaría el recargo correspondiente. Pues bien, la Conselleria de Cultura pretende tener una patente de corso para incumplir los plazos legales alegando exactamente lo mismo.

Y para rematar la jugada, añaden en su segundo punto que, como ya han soltado los papeles en mi carpeta ciudadana, la queja carece de objeto. Es decir: cometemos la ilegalidad, te hacemos perder tres meses, te damos la información de mala gana porque nos obliga el Síndic, y encima tenemos la soberbia de dar el asunto por zanjado con una sonrisa de suficiencia.

4. El "hostión" del Síndic de Greuges: desmontando la falacia institucional

Afortunadamente, el Síndic de Greuges no se ha dejado engañar por este burdo truco de trileros de despacho. En la resolución definitiva del expediente el Síndic le asesta un varapalo monumental e incontestable a los responsables de la Conselleria.

La frase con la que arranca sus conclusiones de investigación debería enmarcarse y colgarse en la entrada de todas las consellerias de la Comunitat Valenciana y resto de administraciones públicas:

«La “acumulación de tareas” no puede convertirse en una excusa para incumplir las obligaciones legales. Los ciudadanos no tienen ninguna culpa de ello y tienen derecho a una buena administración que respete los plazos legales».

Un golpe directo al mentón de la arrogancia burocrática. El Síndic les recuerda que el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de Transparencia y el artículo 34.1 de la Ley 1/2022 de la Comunitat Valenciana obligan a resolver estas peticiones en el plazo estricto de un mes. Y añade un argumento vital que desmonta la táctica de retrasar la información hasta que ya no sirva para nada: «Es muy importante respetar este plazo, ya que, de lo contrario, la información pública solicitada puede perder interés o utilidad. No cabe, por tanto, retrasar la contestación permitiendo el paso de varios meses sin responder nada al solicitante de información».

En temas de patrimonio, este retraso intencionado es letal. Si una asociación pide un informe patrimonial sobre un edificio cuya protección definitiva está pendiente, como es el caso de los Docks, y la administración oculta los papeles durante meses y meses utilizando el silencio administrativo, para cuando el ciudadano consigue la documentación gracias al Síndic, el edificio ya puede haber sido reformado de forma irreversible o desprotegido en un plan urbanístico aprobado con nocturnidad y alevosía. La opacidad administrativa es, en muchas ocasiones, la alfombra roja sobre la que se ejecuta la destrucción de nuestra historia urbana.

5. El silencio cómplice: la ocultación del acuse de recibo

Hay un detalle técnico en la resolución del Síndic que demuestra hasta qué punto la Conselleria podría estar actuando de mala fe o, al menos, con una preocupante falta de rigor. El Síndic les había pedido expresamente que detallaran los motivos por los cuales omitieron emitir el acuse de recibo de los 10 días. ¿Sabeis qué respondieron en su informe del 5 de junio? Nada. Absolutamente nada. Ignoraron por completo la pregunta del defensor del pueblo, demostrando una resistencia contumaz a someterse al control de las instituciones de la Generalitat.

El Síndic, que se sabe la ley al dedillo, les saca los colores recordándoles el artículo 21.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Esta ley exige que se envíe esa comunicación de 10 días para que el ciudadano sepa con exactitud matemática qué día ha recibido la solicitud el órgano competente, porque es a partir de ese instante cuando empiezan a contar los plazos para que opere el silencio administrativo.

Al ocultar el acuse de recibo, la Conselleria no comete un simple despiste de oficina; lo que hace es sumergir al ciudadano en la más absoluta oscuridad jurídica. Si no sabes cuándo han recibido formalmente tu papel, no puedes calcular cuándo termina el mes para responder, ni cuándo puedes dar por desestimada tu petición por silencio para poder defenderte. Es una estrategia sibilina para desactivar el reloj del ciudadano y blindar la impunidad del gobernante.

6. Exigimos nombres, apellidos y responsabilidades: basta de impunidad

Ante este panorama desolador, desde nuestra asociación lo tenemos muy claro. Ya no nos bastan las meras "Recomendaciones" o los "Recordatorios del Deber Legal" que el Síndic emite de manera impecable en su resolución. La Ley 39/2015, en su artículo 53.1.b, recoge de forma taxativa el derecho del ciudadano a «identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos».

¿Por qué la Conselleria se niega sistemáticamente a darnos los nombres de los técnicos y responsables políticos encargados de nuestros escritos? Porque la opacidad es el escudo de los negligentes. Queremos saber quién mete nuestras solicitudes en un cajón. Queremos nombres y apellidos porque esta vulneración sistemática y presuntamente intencionada de las leyes de transparencia debe tener consecuencias disciplinarias e incluso penales, al amparo del artículo 502.2 del Código Penal por obstrucción flagrante a las funciones de control del Síndic de Greuges.

La "acumulación de tareas" es la excusa de los mediocres y de los malos gestores. Si una unidad administrativa está desbordada, que contraten más personal, que optimicen los recursos o que reestructuren los departamentos; pero que no utilicen su propia ineficacia como un mazo para ningunear los derechos constitucionales de los valencianos.

La próxima vez que paséis frente a los Docks Comerciales del Puerto de Valencia recordad que para conocer la verdad sobre su protección patrimonial hemos tenido que arrastrar a una Conselleria entera ante el defensor del pueblo. La transparencia no es un regalo o un favor que nos hace el político de turno desde su poltrona; es un derecho conquistado que tenemos que defender con uñas y dientes cada día en la ventanilla del registro.

Nosotros no nos vamos a callar. Por muchos silencios administrativos que nos apliquen, por muchas trabas que nos pongan, seguiremos paseando, seguiremos vigilando y, sobre todo, seguiremos denunciando. Porque el patrimonio es de todos, y la administración está para servirnos, no para ocultarse de nosotros.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años.

El Síndic de Greuges tumba las vergonzosas excusas de la Conselleria y del Ayuntamiento de Xàtiva sobre el Castillo y el Solar de la Antigua Ciudad

Buenos días,

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana acaba de emitir una Resolución de Consideraciones clara y contundente y que vuelve a validar nuestras alegaciones y peticiones en nuestra lucha por salvar el Castillo de Xàtiva y el Solar de la Antigua Ciudad.

Llevamos desde el 29 de diciembre de 2014, hace casi doce años, denunciando cómo el Ayuntamiento de Xàtiva y la Conselleria de Cultura permiten auténticas barbaridades en este doble Bien de Interés Cultural (BIC). Pues bien, el Síndic, harto de falsas promesas y argumentos jurídicamente absurdos, ha emitido las cuartas recomendaciones.

Hace unos meses volvimos a la carga con la reapertura del expediente (Queja nº 2601252) aportando un dossier fotográfico inapelable, del cual se hizo eco el diario Noticias Ciudadanas. La respuesta de la Conselleria y del Ayuntamiento ante los requerimientos del Síndic ha sido un festival de tirar balones fuera, arrogancia burocrática y desprecio hacia nuestro trabajo y excusas baratas que os resumimos aquí:

El Ayuntamiento de Xàtiva intentó deslumbrar al Síndic sacando pecho con que han recibido 2.001.722,00 € de Fondos Europeos Next Generation para un plan turístico y que acaban de licitar un contrato de mantenimiento de 109.000 € anuales. Pero, ¿qué pasa con la antena-repetidor ilegal instalada en pleno corazón del monumento histórico? Pues, ni cortos, ni perezosos, se justificaron diciendo que la culpa era de la pandemia del COVID-19, porque la población en el diseminado de Bixquert creció mucho y tenían que garantizarles la señal de televisión. Prometen que, como ya hay una antena externa operativa, ahora sí que la van a quitar. Y llevan diciendo lo mismo desde hace años.

La Conselleria de Cultura optó por una estrategia mucho más ruin. En su informe, llegó a tachar nuestras denuncias como una "opinión parcial, interesada y subjetiva" de nuestra asociación. Nos soltaron en la cara que si considerábamos ilegal la antena, deberíamos haber ido a los tribunales ordinarios, ergo a pagar los gastos de un juicio por una legalidad permitida por una administración pública. Y lo peor de todo: guardaron un silencio absoluto ante nuestra exigencia de que la Inspección de Patrimonio fuera a levantar acta de los desperfectos, escondiéndose detrás de que "ya se ha licitado la redacción de un Plan Director". Cinco años para licitar un Plan Director desde las últimas recomendaciones de 2021.

¿De verdad dicen que nuestras denuncias son "opiniones subjetivas"? Aquí se pueden comprobar los hechos objetivos y perfectamente verificables que el Ayuntamiento y la Conselleria se niegan a inspeccionar sobre el terreno:

1. Lápidas históricas de los años 50 destruidas: Las valiosísimas inscripciones conmemorativas de mármol diseñadas por Carlos Sarthou y Gregorio Molina están partidas en pedazos y tiradas por los suelos en la puerta de Aníbal del Castell Menor, perdiéndose fragmentos cada día por falta de custodia.

2. Cañones-papelera: Las piezas de artillería histórica de bronce están llenas de basuras y residuos sólidos de los turistas ante la total ausencia de limpieza, acelerando la corrosión del metal.

3. Aljibes putrefactos: El sistema hidráulico del Aljibe Superior da auténtico asco, convertido en un estanque de aguas negras, lodo y algas, mientras el Aljibe Árabe está sepultado por la maleza salvaje.

4. Atentados arquitectónicos: Parches crónicos de ladrillo caravista y ladrillo hueco moderno pegados con cemento gris en lienzos andalusíes y medievales, provocando daños químicos en la piedra original.

5. Mangueras y cables de alta tensión colgando por las murallas e introducidos a la fuerza por los mechinales históricos del recinto.

6. Pintadas y grafitis delictivos por los muros de todo el castell, que llevan años sin ser retirados.

7. Antenas y repetidores ilegales permitidos por la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de Xàtiva.

Afortunadamente, el Síndic de Greuges ha puesto las cosas en su sitio con una contundencia impecable. Ha dejado claro que ya está bien de tomarle el pelo a la institución y a la ciudadanía. Tras recordarles que la conservación del patrimonio es una obligación constitucional (Art. 46 CE), les ha soltado un hachazo monumental:

Lo decimos muy alto porque el Síndic lo deja por escrito: muchas de las medidas de protección urgentes que necesita el Castillo de Xàtiva NO requieren importantes cantidades de dinero.

¿Cuánto cuesta recoger los trozos de las lápidas rotas de Sarthou y meterlos en un almacén municipal antes de que los roben? ¿Cuánto cuesta vaciar la basura de los cañones de bronce? ¿Cuánto cuesta mandar a un operario a limpiar el agua podrida del aljibe? Es un problema de dejación de funciones, de pereza política y de una preocupante falta de sensibilidad hacia nuestra historia y hacia nuestro patrimonio.

Por todo ello, el Síndic ha RECOMENDADO formalmente al Ayuntamiento de Xàtiva y a la Conselleria de Cultura que se dejen de excusas, se coordinen de una vez por todas y establezcan un calendario de ejecución real y efectivo para cumplir todo lo que han estado incumpliendo desde 2015, 2017 y 2021.

Y, por ley, tienen exactamente UN MES de plazo máximo para responder si aceptan o no estas recomendaciones y qué medidas concretas van a tomar. Desde el Círculo por la Defensa del Patrimonio os garantizamos que vamos a estar contando los días. No vamos a permitir que vuelvan a maquillar su desidia con falsas promesas.

La denuncia y la presión ciudadana es la única herramienta capaz de hacer reaccionar a una administración indolente que se muestra arrogante y prepotente hacia la acción pública de las entidades patrimonialistas.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

El cinismo institucional de la Conselleria de Cultura: cuando firmar un compromiso legal con el Síndic es solo "un deseo o una esperanza"

Buenos días,

El 19 de mayo de 2026 quedará marcado en el calendario del asociacionismo cultural valenciano como el día en que las máscaras de la burocracia cayeron por completo. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna González, ha dictado una Resolución de Cierre en el expediente número 2601313 (reapertura del histórico expediente de queja nº 1902961). El veredicto de esta alta institución de la relevancia democrática valenciana no deja margen de error: la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha incumplido de manera flagrante, consciente y deliberada la Resolución de consideraciones dictada en diciembre de 2019 para garantizar la visita gratuita a los Bienes de Interés Cultural (BIC) al menos cuatro días al mes.  

Lo que iba a ser una fiscalización de oficio sobre el cumplimiento de la legalidad patrimonial se ha convertido en un auténtico escándalo de mala administración, parálisis ejecutiva y cinismo institucional. Y desde nuestra asociación, donde siempre hemos apostado por la claridad, el rigor y la denuncia pública sin ambages de los atropellos contra nuestra historia y nuestros derechos culturales, procedemos a desmenuzar un documento que saca los colores a los actuales responsables de la Conselleria y que demuestra hasta qué punto están dispuestos a retorcer el Derecho con tal de proteger los intereses económicos de los gestores privados de los monumentos frente al conjunto de la sociedad civil.  

Para entender la magnitud del despropósito, debemos remontarnos al 13 de febrero de 2020. En aquella fecha, la entonces Dirección General de Cultura y Patrimonio aceptó de forma expresa e incondicional la recomendación del Síndic de Greuges para habilitar el régimen legal de visitas gratuitas. Durante seis largos años, esta asociación ha permanecido vigilante, denunciando cómo multitud de monumentos catalogados como BIC seguían cobrando tarifas abusivas a los ciudadanos (entradas que oscilan entre los 10 y los 15 euros, o incluso más) sin ofrecer ni una sola hora de gratuidad al mes, contraviniendo el mandato imperativo de la legislación nacional. 

Ante nuestra insistencia y la reapertura del expediente por parte del Síndic, la respuesta remitida por la Conselleria el pasado 7 de mayo de 2026 es un insulto a la inteligencia ciudadana y a la lealtad institucional. Sostiene la Subsecretaría de la Conselleria, sin ningún pudor, que aquellas manifestaciones de aceptación de la recomendación parlamentaria efectuada en 2020 "no pueden ser más que un deseo o una esperanza, pero no un firme compromiso de cumplimiento". Lo que viene siendo un "Aceptamos por desear, no por cumplir".

¿Desde cuándo las resoluciones de aceptación formal de un alto cargo de la Generalitat ante el comisionado de las Cortes se redactan en clave poética o como meras cartas de deseos a los Reyes Magos de Oriente? Calificar un acto administrativo reglado como una simple "esperanza" vacía de contenido no solo es jurídicamente aberrante, sino que supone una burla intolerable al sistema de garantías democráticas que nos hemos dado los valencianos. Si la palabra dada por la Administración en un documento oficial provisto de firma electrónica no vincula sus actos posteriores, nos encontramos ante un escenario de absoluta inseguridad jurídica y desamparo para el ciudadano.  

El argumento nuclear que pretende utilizar la Conselleria para escabullirse de sus obligaciones consiste en escudarse tras el principio de "reserva de ley" consagrado en el artículo 31.3 de la Constitución Española. Según la interesada e insostenible tesis de la Subsecretaría, imponer la gratuidad de las visitas previstas en la normativa comporta una "carga o prestación de naturaleza patrimonial de carácter público" y, por ende, requeriría la aprobación de una nueva ley autonómica de patrimonio cultural. Nos dicen, con una condescendencia inaudita, que como el anteproyecto de ley que prepararon en su día no llegó a prosperar en las Cortes, ellos ya han cumplido con "hacer lo que estaba en su ámbito de competencias" y no se les puede acusar de inactividad.  Este argumento es una auténtica falacia jurídica destinada a confundir a la opinión pública. 

Como bien expusimos en nuestro escrito de réplica —que el Síndic ha tenido a bien incorporar íntegramente en su resolución final—, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (LPHE) determina con total claridad en su artículo 13.3 el deber ineludible de los propietarios de permitir la visita gratuita un mínimo de cuatro días al mes. Dicha norma estatal ostenta de manera incuestionable la condición de legislación básica del Estado, dictada al amparo del artículo 149.1.28ª de la Constitución, tal y como ha reiterado la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional. 

Por lo tanto, la Generalitat Valenciana no necesita "legislar de nuevo" ni crear una carga económica ex novo. La obligación legal ya existe en el bloque de la constitucionalidad y es de aplicación directa en todo el territorio nacional. Lo que la Conselleria califica de "imposibilidad legislativa" no es más que una flagrante inactividad ejecutiva material. Bastaría con que la Dirección General competente dictara una Instrucción Administrativa dirigida a sus inspectores y a los titulares de los BICs para hacer cumplir una ley que lleva aprobada y vigente más de cuarenta años. Negarse a dictar dicha instrucción es una dejación voluntaria de la potestad de inspección y sanción que le atribuye la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano.  

Resulta especialmente sangrante leer en el informe de la Conselleria de Cultura los absurdos y rdículos intentos de justificar su propia inoperancia alegando que comunidades autónomas como Cataluña o las Islas Baleares tampoco aplican de manera rigurosa esta gratuidad. Es lo que en el ámbito del derecho se denomina un "fraude de comparación", o a pie de calle, el consuelo del mal común. Que otras administraciones autonómicas decidan desatender la legislación básica del Estado no concede a la Generalitat Valenciana un "derecho al incumplimiento" o una patente de corso para perpetuar la ilegalidad.  

El agravio comparativo para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana es real y contrastable: mientras que un ciudadano en Andalucía, Galicia o Castilla-La Mancha puede acceder de forma libre y gratuita a los monumentos más señeros de su patrimonio cuatro días al mes, los valencianos nos vemos obligados a pasar por taquilla de forma sistemática si queremos conocer nuestra propia historia. Existe una evidente discriminación territorial en el ejercicio de un derecho constitucional tan fundamental como es el acceso a la cultura (artículo 44 de la Constitución).  

Asimismo, conviene recordar la tremenda contradicción ética que supone esta parálisis. Los monumentos declarados BIC en nuestro territorio no son meras propiedades privadas ajenas al sector público. Sus titulares —entre los que constan la Iglesia Católica y grandes tenedores inmobiliarios— disfrutan de ingentes subvenciones directas para la restauración de sus inmuebles y de privilegios fiscales absolutos, destacando la exención total del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o jugosas deducciones en el IRPF. El derecho de propiedad sobre un bien de relevancia histórica está intrínsecamente ligado a su función social (artículo 33.2 de la Constitución). La apertura gratuita de cuatro días al mes no es un castigo ni una expropiación; es el justiprecio social mínimo que el propietario debe retornar a la ciudadanía a cambio de los millones de euros en beneficios fiscales y ayudas públicas que sufratamos todos los valencianos con nuestros impuestos. Permitir el cobro sin contraprestación es amparar un enriquecimiento injusto a costa del bolsillo de los ciudadanos.  

No podemos obviar el lamentable componente humano y político que destila el escrito de la Conselleria de Cultura, firmada bajo el amparo de la Subsecretaría. A lo largo de sus páginas, la Administración recurre de forma sistemática a un tono condescendiente y paternalista que busca deslegitimar la trayectoria y el trabajo de nuestra asociación. Al acusar nuestras detalladas argumentaciones de "confusión conceptual", los redactores del informe de la Conselleria demuestran una soberbia y una prepotencia institucional incompatible con los estándares mínimos de un gobierno democrático moderno. Aquello del Bon Govern le viene muy grande a los actuales responsables de esta Conselleria. 

Este intento de desacreditación técnica no es casual: busca desviar la atención del verdadero foco del problema (su propia y probada inacción e incapacidad) para poner el acento en una supuesta incapacidad del administrado para interpretar la legalidad vigente. Queremos dejarle muy claro a los altos cargos de la Conselleria de Cultura que esta asociación no se va a dejar amedrentar por su lenguaje de superioridad jurídica ni por sus lecciones de derecho de vía estrecha. Llevamos décadas defendiendo el patrimonio valenciano a pie de calle, con rigor documental e independencia económica, y no vamos a tolerar que se trate la labor del tejido asociativo como un mero estorbo o una molestia de trámite.  

Afortunadamente, el Síndic de Greuges, Ángel Luna González, ha sabido estar a la altura de la dignidad de su cargo e institución. Lejos de dar por buenas las evasivas y las justificaciones de la Conselleria, la Resolución de Cierre dictamina con rotundidad que la Administración no ha realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas en 2019, bloqueando de manera efectiva la satisfacción de los derechos ciudadanos. Haciendo uso de las prerrogativas extraordinarias que le concede el artículo 41.d) de la Ley 2/2021 del Síndic de Greuges, la institución ha decretado el cierre del expediente con la publicación íntegra de la desatención de la Conselleria en su portal oficial de transparencia. Se trata de una medida de castigo institucional de enorme gravedad: una "lista de la vergüenza" para que toda la ciudadanía, el tejido asociativo y los diputados de las Cortes Valencianas sean plenamente conscientes de qué consellerias pisotean las recomendaciones parlamentarias y desatienden los derechos de su pueblo. 

Desde nuestra asociación anunciamos que este no es el punto final, sino el inicio de una nueva fase de combatividad legal. Si las autoridades competentes pretenden perpetuar este régimen de soberbia, parálisis y desacato a la normativa básica, nuestra entidad ya se encuentra recabando los apoyos y dictámenes necesarios para exigir la depuración inmediata de las responsabilidades disciplinarias y de gestión de aquellos funcionarios y altos cargos que confunden una administración pública con su cortijo particular. El patrimonio valenciano es de todos, su acceso es un derecho inalienable y no pararemos hasta que las puertas de nuestros monumentos históricos se abran de par en par, almenos cuatro días al mes de manera gratuita para todo el pueblo valenciano, tal y como por estricto derecho nos corresponde.

La Conselleria de Cultura tendrá que explicar por qué considera que sus firmas electrónicas son simples "esperanzas o deseos" sin valor legal. No vamos a consentir que ni el patrimonio cultural valenciano ni la dignidad de la sociedad civil sean pisoteados por los irresponsables que están al frente de las administraciones públicas valencianas.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.