Buenas tardes,
La antigua Estación de FEVE de Nazaret es un Bien de Relevancia Local (BRL) con la categoría de Monumento de Interés Local. Un inmueble protegido que, según la ley, debería estar perfectamente conservado y sirviendo como una dotación pública dinamizadora para un barrio históricamente castigado por la marginación institucional de los diferentes gobiernos municipales de Valencia.
Pero en lugar de eso, nos estamos encontrando ante un auténtico "vodevil" administrativo. Hoy, con el expediente íntegro sobre la mesa, tras recibir los últimos informes del Ayuntamiento de Valencia de marzo y abril de 2026, y la insuficiente resolución del Síndic de Greuges del pasado 7 de mayo de 2026, es el momento de explicar ante la opinión pública, punto por punto, cómo las administraciones públicas practican el vergonzoso arte de escurrir el bulto y "marear" al ciudadano para no asumir sus obligaciones legales.
La paciencia de nuestra asociación no es infinita, aunque el calendario administrativo intente demostrar lo contrario. Miren el retrovisor de este expediente:
- Queja n.º 1806051 (Año 2018): Primera intervención del Síndic exigiendo medidas urgentes de conservación. Respuesta municipal: buenas palabras, parches cosméticos y ningún avance real.
- Queja n.º 1902317 (Año 2019): Segundas recomendaciones ante el flagrante incumplimiento. El edificio sigue degradándose bajo las inclemencias del tiempo y el vandalismo.
- Queja n.º 2100206 (Año 2021): Terceras recomendaciones dictadas en agosto de 2021. El Defensor del Pueblo valenciano insta con contundencia al consistorio a "impulsar con determinación" las obras de conservación.
¿Y cuál ha sido la respuesta real del Ayuntamiento de Valencia a lo largo de estos últimos cuatro años y medio? El absoluto vacío. El consistorio sólo se ha movido a golpe de denuncia de nuestra asociación, limitándose a realizar desbroces superficiales de maleza y a colocar ladrillos para tapiar puertas y ventanas. Una "política del parche" que ha estado escondiendo una estrategia mucho más perversa: ganar tiempo mientras el monumento se sigue deteriorando.
El colmo de la impotencia institucional llegó el pasado 7 de mayo de 2026. El Síndic de Greuges, en su resolución de consideraciones finales para el expediente acumulado n.º 2601219, se limita a recomendar al Ayuntamiento que "en cumplimiento de las Recomendaciones de 2018, 2019 y 2021, adopten las medidas necesarias". Y sinceramente, volver a pedir en 2026 que se cumpla lo que se lleva ignorando de forma flagrante desde 2018, sin fijar plazos rigurosos, sin imponer medidas coercitivas y sin entrar en el fondo jurídico del asunto, es una mera palmadita en la espalda del infractor. Es una invitación formal a que el Ayuntamiento de Valencia mantenga el caso en un cajón durante más años
Durante casi una década, el Ayuntamiento ha tenido una coartada perfecta para cruzarse de brazos: la mercantil privada Seluin S.L. Cada vez que desde nuestras asociación exigía la ejecución subsidiaria de las obras de consolidación, el Servicio de Patrimonio Histórico nos salía al paso alegando que los expedientes de disciplina urbanística contra un propietario privado requerían unos plazos legales larguísimos y garantistas. Nos decían que "estaban localizando" a los dueños para obligarles a cumplir.
Pues bien, la máscara ha caído definitivamente. El último informe oficial remitido por el Ayuntamiento de Valencia con fecha 8 de abril de 2026 contiene una confesión jurídica sin precedentes: el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico reconoce de forma textual que la mercantil Seluin S.L. ya NO consta como titular catastral del inmueble en la matriz del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
El Ayuntamiento de Valencia asume por fin lo que se ha podido comprobar mediante Nota Simple Informativa en el Registro de la Propiedad n.º 4 de Valencia: la estación está en un limbo absoluto de propiedad, no tiene dueño conocido, carece de titular registral. Es un bien huérfano.
A pesar de esta certeza, lo que roza la tomadura de pelo, o la incompetencia técnica más absoluta, es que el Servicio de Disciplina Urbanística insista en su informe en que va a continuar tramitando e incoando expedientes de "órdenes de restauración" contra los titulares catastrales históricos. ¿A quién pretenden notificarle las órdenes de ejecución si ellos mismos acaban de reconocer por escrito que el titular ha desaparecido de los registros? Dirigir procedimientos administrativos contra "fantasmas legales" es un acto nulo de pleno derecho por imposible. Es una burda ficción jurídica para aparentar que se trabaja ante el Síndic mientras se permite que el tiempo dicte la sentencia de ruina del monumento.
El punto más indignante del informe municipal de abril de 2026 llega cuando la Administración decide que el ciudadano debe hacer el trabajo para el que ellos cobran y nosotros les pagamos. Con una ligereza pasmosa, el Servicio de Patrimonio afirma que el Ayuntamiento está "legalmente imposibilitado" para inmatricular la Antigua Estación a su nombre mediante el Artículo 206 de la Ley Hipotecaria, escudándose en que dicha vía solo sirve para bienes que ya formen parte de su patrimonio inventariado. Y acto seguido, se quedan tan anchos invitándonos a nosotros, los denunciantes, a acudir a las delegaciones del Ministerio de Hacienda a denunciar la existencia de un "bien vacante".
Miren ustedes, señores concejales y técnicos municipales: los ciudadanos no somos los recaderos ni los botones de sus departamentos. Una asociación cultural sin ánimo de lucro no tiene por qué asumir las potestades públicas de investigación patrimonial. El Principio de Buena Administración, recogido de forma implícita en la Constitución y de forma explícita en el artículo 3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, obliga a las administraciones a actuar con eficacia, proactividad y lealtad institucional.
Si el Ayuntamiento de Valencia tiene conocimiento que un Bien de Relevancia Local de su término municipal carece de dueño, se activa de forma automática el Artículo 17 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), que determina que los inmuebles sin dueño (bienes mostrencos) pertenecen por ministerio de la ley a la Administración General del Estado. Por tanto, es el propio Ayuntamiento el que tiene la obligación legal de iniciar de oficio el expediente de investigación (Arts. 45 y ss. de la LPAP) y comunicar formalmente la situación al Ministerio de Hacienda, en lugar de marear a nuestra asociación, enviándonos de ventanilla en ventanilla. Exigirnos que vayamos nosotros a Hacienda, sabiendo que ya hemos acudido previamente al Ministerio de Transportes, ADIF y a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), quienes también se han lavado las manos aludiendo a decretos obsoletos de traspaso de 1986, es una muestra intolerable de cinismo y maltrato al administrado por puro agotamiento.
Si la gestión de la propiedad es escandalosa, la tutela física del edificio da auténtico pánico. En el informe técnico del Servicio de Disciplina Urbanística del 1 de abril de 2026, los inspectores reconocen sin ningún rubor que "las comprobaciones se realizaron única y exclusivamente desde el exterior", debido a que el cerramiento perimetral de seguridad impedía el acceso al interior de la estación.
Es inaudito que el Ayuntamiento de Valencia, garante último de la integridad de este Monumento de Interés Local, confiese por escrito que ignora por completo el estado real de la estructura interna del edificio. No saben si los forjados centrales tienen daños, si las vigas históricas sufren pudrición irreversible o si la techumbre amenaza con venirse abajo. Su labor de inspección consiste en mirar la fachada desde la acera de enfrente, certificar que los ladrillos del tapiado exterior siguen en su sitio y archivar el trámite.
Tampoco nos tragamos la enésima cortina de humo que alude al futuro desarrollo urbanístico del Ámbito GRAO-COCOTEROS. Llevamos décadas escuchando promesas sobre planes urbanísticos idílicos que nunca llegan, mientras el patrimonio real, el que se puede tocar y heredar, se desintegra día a día. El patrimonio cultural no puede esperar a que los promotores privados decidan cuándo les resulta rentable urbanizar un sector; la obligación de conservación es HOY.
A pesar de nuestro esfuerzo humano colosal para salvar este pedazo de la Valencia industrial y ferroviaria, el Ayuntamiento se ha dedicado a responder con opacidad, omisiones y mentiras burocráticas, parapetándose tras unas recomendaciones claramente insuficientes.
Por todo ello, si el Ayuntamiento de Valencia persiste en su negativa a iniciar de oficio el expediente de investigación de la propiedad y sigue negándose a entrar al interior del edificio para consolidar su estructura, pasaremos a la ofensiva legal. Además, nuestra asociación ya ha presentado formalmente la denuncia de bien vacante ante la Delegación de Economía y Hacienda del Estado para forzar la inmatriculación que el consistorio elude de manera vergonzosa.
Si las autoridades locales y autonómicas pretenden que la Estación de FEVE de Nazaret caiga por el peso del olvido, nos van a tener enfrente, con la ley en la mano, en los medios de comunicación y en los tribunales de justicia. El patrimonio de Nazaret se defiende de verdad, no con parches ni con mentiras de un Ayuntamiento de Valencia que ha demostrado, con creces, una mediocridad, incompetencia y total incapacidad para gestionar el patrimonio cultural valenciano.
Un saludo...
