viernes

Nuestro patrimonio cultural de nuevo en peligro (Torres de Quart)

Buenas tardes blogger@s,

esta misma semana hemos podido comprobar que una de las puertas laterales de las Torres de Quart (BIC), que sufrió un incendio en enero de 2018, vuelve a estar llena de enseres, ropa y otros objetos que pueden provocar que la acumulación de materiales inflamables acabe igual de mal o peor que la última vez:. 



Después de este incendio, el Ayuntamiento de Valencia reforzó las medidas de seguridad, aumentando la vigilancia policial para evitar que se acumularan enseres, cartones, etc. junto al monumento, avisando a los servicios de limpieza para que se pasase a retirarlo en caso de detectar cualquier tipo de material en las torres.

A pesar de ello y de que entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se procedió a la restauración de la piedra dañada y quemada, las torres de Quart, la puerta lateral sigue estando en riesgo de manera innecesaria e imprudente. Los esfuerzos y el tiempo invertido no han servido para solucionar este problema.

Por ello, Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana deberían activar los mecanismos necesarios para, en primer lugar, ayudar a la persona que busca refugio en ese jardín y guarda sus enseres en el monumento. Merece vivir dignamente y no malvivir en ese hueco, a los pies de las Torres de Quart. Para algo tenemos servicios sociales y vivimos, supuestamente, en el estado del bienestar. Y, en segundo lugar, evitar que se depositen allí enseres de manera regular que pongan en riesgo el edificio en caso de un nuevo incendio.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años

lunes

Círculo por la Defensa del Patrimonio se adhiere al Manifiesto de Boadilla

Buenas tardes, 

nuestra asociación apoya y se adhiere al MANIFIESTO DE BOADILLA, un grito colectivo a favor de nuestro Patrimonio Cultural:


Consideramos de vital importancia sumar fuerzas entre los diferentes colectivos y asociaciones a nivel local, autonómico y nacional, para hacer frente al abandono y maltrato institucional que está sufriendo nuestro patrimonio cultural en todo el país.

Cada vez aparecen más y más casos de auténticos atropellos patrimoniales, auspiciados por la propia acción u omisión de las diferentes administraciones públicas con competencias en la materia, quienes se empeñan en ignorar su propia legislación.

Por todo ello, declaramos que:

El XIV encuentro de entidades para la defensa del patrimonio cultural, celebrado en Madrid el pasado mes de octubre, terminó con gran éxito. Después de poner en común “experiencias colectivas de esperanza y frustración”, las JORNADAS de PATRIMONIO CULTURAL Y SOCIEDAD organizadas por “Madrid Ciudadanía y Patrimonio” y “SOS Monuments” concluyeron con la responsabilidad de redactar este MANIFIESTO DE BOADILLA, que cuenta con el apoyo de todas las entidades participantes, y está abierto a otras similares que quieran sumarse al mismo. No se trata de un compendio sobre el patrimonio, tan solo de las inquietudes más graves y urgentes que reclaman los distintos colectivos. 

Colectivos y asociaciones que, reunidos en Defensa del Patrimonio Cultural de España, tenemos la voluntad de constituirnos en una Federación Nacional de Asociaciones que pueda actuar de interlocutora ante las administraciones, y que se manifiestan a favor de la urgente necesidad de la conservación, difusión, promoción y educación en Patrimonio Cultural por parte de la totalidad de la ciudadanía. 

MANIFIESTO DE BOADILLA 

• Denunciamos el incumplimiento sistemático por parte del Estado y de las comunidades autónomas de las leyes estatales y autonómicas en defensa del Patrimonio Cultural, y expresamos la exigencia de que dichos organismos acaten obligadamente su propia legislación. 

• El concepto de Patrimonio Cultural es cambiante a lo largo del tiempo, y se enriquece con nuevos criterios que vienen a complementar los tradicionales. Así, en los últimos años se ha comenzado a valorar el patrimonio industrial, el inmaterial, el paisajístico y las infraestructuras y tramas (físicas o no) que vertebran un territorio. Las administraciones públicas deben estar atentas a estos cambios de sensibilidad para establecer la legislación correspondiente que permita su adecuada valoración y protección. 

• La protección del Patrimonio Cultural contra el expolio es una obligación establecida en la Constitución y ratificada por diversos convenios internacionales, que debe ser secundada por todas las administraciones públicas en cualquiera de sus niveles de actuación. El Ministerio de Cultura debe tener por añadidura un papel destacado en la defensa de ese Patrimonio, coordinando y liderando la investigación en la materia y disponiendo de especialistas y técnicos del más alto nivel. Su actuación no debe limitarse a la simple defensa de los Bienes de Interés Cultural declarados por las distintas administraciones, sino al fomento de su aprecio por la ciudadanía y de la participación comunitaria en su gestión. 

• Manifestamos la necesidad de que el poder judicial tenga un papel protagonista en la defensa del Patrimonio cuando el resto de las administraciones planteen actuaciones que dañen bienes culturales, estén o no estén catalogados, pues acudir a la justicia es un derecho ciudadano para evitar las arbitrariedades contra los bienes culturales. Por tanto, jueces y fiscales habrán de controlar con carácter efectivo la legalidad de las políticas patrimoniales y urbanísticas de las administraciones, así como su aplicación. Solicitamos para ellos la sensibilidad y la formación especializada que exige el artículo 46 de la Constitución; y apostamos por una Fiscalía específica de Patrimonio y Urbanismo. 

• El estudio, la conservación y rehabilitación de los bienes culturales deben ser realizados por profesionales especializados: historiadores, arqueólogos, conservadores-restauradores y arquitectos con formación y experiencia en Conservación-Restauración. Resulta aconsejable el fomento de equipos interdisciplinares. Es imprescindible delimitar por ley quiénes pueden realizar y ejecutar estos proyectos, atendiendo a criterios técnicos y no sólo a criterios económicos. Manifestamos que debe revisarse la Ley de Contratos del sector Público, erradicarse de la administración los concursos con bajas económicas temerarias y que el Código Técnico de la Edificación (CTE) debe adaptarse a la legislación de Patrimonio Cultural. 

• Advertimos que el patrimonio arquitectónico en general está en peligro, incluyendo los cascos antiguos, los centros históricos protegidos y la arquitectura popular de todo tipo, con ayuntamientos que practican políticas urbanísticas que amparan el expolio a favor de los intereses particulares (promotores y constructores, a veces vinculados al turismo) y en contra del interés público y el bien común. A la legislación vigente hay que sumar como referencia ineludible el Informe Auken sobre el impacto de la urbanización extensiva en España (2009), y la aplicación de los Convenios para la protección del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico, del Paisaje y a favor de la sociedad, promovidos por el Consejo de Europa y suscritos por nuestro país -y por tanto de obligado cumplimiento-. Estos convenios deben ser instrumentos de uso habitual en el Ministerio de Cultura, en las Direcciones Generales de Patrimonio de las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos.

• Pedimos un planteamiento reflexivo y serio por parte de las instituciones universitarias y gubernamentales para el tratamiento específico del Patrimonio Etnográfico y Etnológico (material e inmaterial) en todos sus ámbitos (museográficos, históricos y sociológicos) considerándolo en igualdad de relevancia y valor patrimonial -a todos los efectos- que el resto de los Bienes Culturales; así como la valoración de los conocimientos aportados por las clases populares (rurales y urbanas) como parte de los procesos de evolución y transformación general de la sociedad. Se observa la necesidad de realizar investigaciones o recopilaciones urgentes de oficios tradicionales, formas de vida, juegos, tradiciones festivas, religiosas, etc., pues las personas que los conocen o los han vivido están muriendo y todas esas formas de vida con ellos. 

• El valor crematístico de un bien con interés patrimonial pertenece a su legítimo propietario, pero su valor cultural pertenece al conjunto de la sociedad y –por tanto debe ser conservado y defendido en pro del interés común por las administraciones públicas y por la ciudadanía en general. La ley debería recoger una exigencia normativa por la cual cualquier edificio con valor histórico -especialmente si es de titularidad pública- no pueda ser abandonado o vaciado de su uso tradicional sin que previamente se haya determinado su nuevo uso o, en todo caso, se concreten las actuaciones o medidas que se tomarán para asegurar su conservación. Las autoridades administrativas deben revisar los acuerdos con los propietarios privados de bienes culturales para llegar a conciertos que mejoren, de acuerdo con la ley, las condiciones de acceso al público (días y horas de apertura). 

• Manifestamos el deseo de colaborar en la reversión de los bienes histórico-artísticos inmatriculados por la iglesia católica a la situación inmediatamente anterior a 1978, por ser bienes de dominio público. 

• Las asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro y con una trayectoria contrastada en defensa del Patrimonio deben tener un papel activo a la hora de promover los expedientes administrativos conducentes a la protección de ese Patrimonio. Su opinión deberá ser tenida en cuenta obligadamente por todas las administraciones públicas y deberán ser oídos en los órganos consultivos de las distintas CCAA. Del mismo modo, las iniciativas y solicitudes de protección legal de un bien deberán ser respondidas expresamente por las distintas administraciones a quienes se dirijan. El Patrimonio Cultural es un recurso comunitario no renovable y, por tanto, no resulta aceptable la indiferencia. Las administraciones públicas deben impulsar de forma decidida el tercer sector -de patrimonio histórico- facilitando medios y recursos a dichas asociaciones o entidades ciudadanas. 

• Las administraciones deben estar obligadas a valorar los informes fundamentados elaborados y/o presentados por las asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro que buscan la protección de un bien patrimonial. No puede ser que estos informes fundamentados sean contrarrestados por informes “de parte” -o incluso "de complacencia"- encargados por los propietarios de esos bienes o por los entes afectados, y a veces hasta emitidos desde la propia administración, que actúa así como juez y parte. 

• La creciente despoblación y gentrificación en la España interior implican que el Gobierno estatal y las Comunidades Autonómicas deben habilitar medidas explícitas extraordinarias para evitar la pérdida de Patrimonio, tanto en recintos históricos como en las zonas rurales. Apostamos para que se dote una plantilla de “Guardas de Monumentos y Agentes de Protección del Patrimonio”.

El Cine Metropol de Valencia. Un edificio para Vicente Carceller (David Sánchez Muñoz - Revista Ars Longa nº27)

Buenos días,

os dejamos el enlace del artículo sobre el Cine Metropol y Vicente Miguel Carceller, realizado por el Doctor en Historia del Arte por la Universitat de València y técnico especializado en patrimonio cultural, David Sánchez Muñoz, y que ha sido realizado para el número 27 de la revista del Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València, Ars Longa.


"El cine Metropol, y su edificio, distinción que es aquí oportuna realizar, fueron propiedad de Carceller. Es por ello que el inmueble debe entenderse como bien patrimonial físico insustituible, vinculado indisociablemente con la figura de su promotor. A su vez, estas formas modernas presentes en el Metropol se vincularon con los ideales republicanos. Es pues de justicia recuperar este espacio, y su profundo significado, como parte importante y memoria de nuestra lamentable historia reciente".

#SalvemMetropol

Dibujo del Metropol de Hugo, un arquitecto a caballo entre USA, Italia y Valencia, realizado para la Fundación Goerlich.

miércoles

Respuesta a las desafortunadas manifestaciones del Director del Centro del Carmen

Ante las recientes y desacertadas declaraciones del Director del Centro del Carmen, José Luis Pérez Pont, en las que muestra su extrañeza por el hecho de que durante décadas no nos hayamos molestado en denunciar la situación de un edificio que tiene cuatro mil metros cuadrados en ruinas, así como de que no hayamos pedido esfuerzos para que sea posible solucionar los problemas del inmueble, queremos aclarar varias cuestiones:

Tras leer las manifestaciones del Sr. Pérez Pont en diferentes medios de comunicación, podemos aseverar que el Director del Centro del Carmen parece tener un profundo desconocimiento sobre el trabajo que está llevando a cabo nuestra asociación desde el año 2012, no durante décadas como afirma. Un trabajo independiente, no subvencionado, desinteresado y totalmente voluntario.

Debemos recordar, asimismo, que durante estos últimos 8 años nuestra entidad ha hecho frente a infinidad de denuncias dirigidas a las diferentes administraciones públicas valencianas con competencias en la materia (ayuntamientos, diputaciones, consellerias, etc.), amén de trasladar las mismas al Síndic de Greuges y a la justicia, cuando ha sido necesario.

Y a pesar del esfuerzo y el tiempo que ha invertido nuestra entidad, es más que evidente que no podemos llegar a todos los lados, ni denunciar ni estar presentes en todos y cada uno de los expedientes sobre nuestro patrimonio cultural. Es humana y físicamente imposible, además de que no es ni nuestro deber ni nuestra obligación. Podemos colaborar y ayudar, pero en ningún caso se nos puede reprochar o afear que por el hecho de no haber denunciado previamente el mal estado del Convento del Carmen, no podamos expresar libremente y criticar una intervención que nos parece inapropiada y desafortunada, tal y como han opinando otros tantos colectivos, profesionales del arte y entidades de la ciudad.

En este punto, quisiéramos recordarle al Sr. Pérez Pont que las funciones de inspección y vigilancia para detectar los problemas que presentan los bienes patrimoniales corresponden en primer lugar a las administraciones públicas valencianas, no a las asociaciones ni a los ciudadanos. Para ello, estas administraciones públicas cuentan en sus filas con los inspectores, técnicos y funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir con las funciones que recoge expresamente la LEY 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Por último, queremos dejar patente que nuestra asociación también desea que se aceleren y agilicen los trámites necesarios para llevar a buen puerto la tan esperada segunda fase de rehabilitación del ex Convento del Carmen, recordando que no estamos ni en la obligación ni el de deber de solicitarlo y/o denunciarlo para que las administraciones públicas cumplan con sus deberes y obligaciones legales.

Asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural

lunes

Pintadas en la Iglesia del Salvador y Santa Mónica (BRL)

Buenas tardes blogger@s,

un seguidor de nuestras RRSS, Néstor, nos ha hecho llegar unas fotografías que muestran un par de pintadas, realizadas este mismo fin de semana, en el muro de la Iglesia del Salvador y Santa Mónica (BRL) recayente a la calle Sagunto.

Este mismo muro ya resultó dañado por un incendio, que se inició en unos contenedores cercanos a la fachada, hace poco más de un año:


Los delincuentes continúan campando libremente por la ciudad, el mismo fin de semana que han quemado una de las puertas de las Torres de Serranos. Comprobando esta escalada de violencia y el número alarmante de agresiones contra nuestro patrimonio cultural, nos tememos que en los próximos meses, y con las Fallas a la vuelta de la esquina, haya un aumento de delitos contra los monumentos y edificios sin control.

Sin medidas mucho más contundentes y sin la colocación de las cámaras de vídeo vigilancia poco se puede hacer para frenar y revertir esta barbarie.

Un saludo...

El texto es propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural y las imágenes han sido facilitadas por Néstor, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años

Cuatro delincuentes queman una de las puertas de las Torres de Serranos

Buenos días,

cuatro delincuentes han quemado parcialmente una de las puertas de las Torres de Serranos. Sí, DELINCUENTES con todas las letras y con mayúsculas. Ni pirómanos, ni gamberros, ni vándalos... DELINCUENTES que han vuelto a atentar contra nuestro patrimonio cultural. 

Estos DELINCUENTES han provocado un incendio que no fue a más gracias a la rápida actuación de un empleado de un restaurante cercano a quien queremos agradecer desde aquí su rápida intervención. Aún así, los daños en la piedra de sillería y en la parte posterior de la puerta son evidentes y se necesitará una intervención costosa para revertirlos.

La situación en Valencia ha rebasado cualquier límite tolerable y permisible. Se ha desbordado completamente, mientras seguimos esperando la instalación de cámaras de vídeo vigilancia en los principales monumentos de la ciudad. Mientras tanto, se sigue delinquiendo impunemente y sin consecuencias penales a pesar de que los actos que se están llevando a cabo están considerados un delito penal, tal y como aparece recogido en el Código Penal.

Nuestra asociación sigue esperando un comunicado contundente por parte del Alcalde de Valencia y de la Concejal de Cultura condenando estos actos punibles y comprometiéndose a acelerar los trámites necesarios para poner en marcha todas las medidas precisas con el fin de prevenir, identificar y detener a estos DELINCUENTES. Un comunicado que se debería realizar conjuntamente con todos los grupos municipales tanto del gobierno como de la oposición. Todos deben ir de la mano y en la misma dirección para plantar cara y acabar con esta lacra y con esta escalada de delitos contra nuestro patrimonio, que va in crescendo desde el último trimestre de 2017. Se necesitan más medidas y un mayor esfuerzo para detener esto, antes de tener que lamentar males mayores.

La seguridad y protección de nuestro patrimonio histórico y cultural no está para ni rascar votos, ni para colocarse medallas, ni para utilizar con un fin partidista y electoralista. Por si alguno de los políticos de nuestra ciudad, tanto del gobierno como de la oposición, no se han dado cuenta todavía, el patrimonio cultural está muy por encima de las siglas de cualquier partido y de sus propios cargos. Es nuestra seña de identidad como pueblo y su deber y obligación, al igual que la nuestra, es preservarlo, acrecentarlo y pasarlo en el mismo estado o mejor a las siguientes generaciones. Si seguimos por este camino de permisividad e indolencia, lo único que dejaremos en herencia serán las cenizas de nuestro patrimonio.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones… a la hora de apropiarse de nuestro trabajo y esfuerzo de años

sábado

La Conselleria del silencio administrativo

Buenos días blogger@s,

la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana persiste en aplicar el silencio administrativo a todos y cada uno de nuestros escritos. Un comportamiento cronificado en el tiempo y que viene realizando de manera sistemática desde el año 2012, en lo que respecta a nuestra asociación.

El Síndic de Greuges lleva emitidas docenas de recomendaciones que, con carácter general, estiman que la Conselleria de Cultura debe contestar a los escritos que presentamos, dictando la correspondiente resolución motivada en tiempo y forma. A pesar de ello, ni en 2012, ni en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, esta administración ha sido capaz ni de notificar la correspondiente recepción de nuestros escritos, asignándoles un número de expediente. Solo en contadas ocasiones ha respondido y cuando lo ha hecho ha sido por carta ordinaria sin acuse de recibo, saltándose todo el procedimiento administrativo común.

Y a pesar de que es un tema que hemos tratado personalmente con la Dirección General de Cultura y Patrimonio, seguimos comprobando que hay un grave y serio problema estructural que supone un obstáculo e impedimento y que entorpece el correcto funcionamiento de esta administración pública valenciana.

En este punto, cabe señalar el marco jurídico y administrativo que ampara los derechos de los ciudadanos. El artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –anterior artículo 42.1 de la Ley 30/1992-, establece que:

“la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”. 

Por su parte, el artículo 5.3 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana dispone lo siguiente: 

“Todas las personas físicas y jurídicas están legitimadas para exigir el cumplimiento de esta Ley ante las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. La legitimación para el ejercicio de acciones ante los tribunales de justicia se regirá por la legislación del Estado”. 

Y desde la perspectiva de la legislación sobre transparencia, el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el artículo 17.1 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, establecen el plazo de un mes para resolver las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos

Es muy importante respetar este plazo, ya que, de lo contrario, la información pública solicitada puede perder interés o utilidad. No cabe, por tanto, retrasar la contestación permitiendo el paso de varios meses sin responder nada al solicitante de información. 

La citada Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, ha determinado los ejes sobre los que bascula una “nueva política”: los de la transparencia informativa y la participación proactiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión sobre políticas públicas

En la Exposición de Motivos queda muy clara la voluntad del legislador valenciano reflejada en las siguientes expresiones: 

“(…) la sociedad como coproductora de conocimiento y de políticas públicas (…) la ciudadanía como sujeto de la acción pública, y no sólo el Gobierno y sus administraciones (…)”.  

Por otra parte, el principio de eficacia (art. 103.1 de la Constitución Española) exige de las Administraciones Públicas que se cumplan razonablemente las expectativas que la sociedad legítimamente le demanda, entre ellas, y harto relevante, el deber de la Administración de resolver expresamente las peticiones y reclamaciones que le presenten los particulares, ya que el conocimiento cabal por las personas de la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un presupuesto inexcusable para una adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos.  

En este sentido, el Tribunal Constitucional tiene dicho, desde antiguo, en su Sentencia núm. 71, de fecha 26 de marzo de 2001, que “es evidente, como hemos declarado en reiteradas ocasiones que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo solicitudes y recursos de los ciudadanos, deber éste que entronca con la cláusula del Estado de Derecho (art. 1.1 CE), así como con los valores que proclaman los arts. 24.1, 103.1 y 106.1 CE.”

En consecuencia, habría que coincidir en que el silencio administrativo es una práctica que genera en los ciudadanos una auténtica inseguridad jurídica e indefensión material (proscritas por los arts. 9.3 y 24.1 de la Constitución Española), y que, tal y como ha expuesto el Síndic de Greuges en sus sucesivos informes anuales a Les Corts Valencianes, obliga a los ciudadanos a acudir a la vía jurisdiccional para la resolución de sus conflictos, convirtiendo, por ello, en inoperante, la vía administrativa.

Por ello, nuestro Legislador Autonómico, al regular esta Institución en la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, le atribuye, en su art. 17.2, la específica función de velar y controlar que la Administración resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

Por último, resta señalar que el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana reconoce el derecho de todos los ciudadanos a que las Administraciones Públicas traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable. 

Después de ocho años, nuestra asociación no alberga ninguna esperanza de cambio. Ni en este, ni en otros gobiernos, sean del color político que sean. Tenemos la experiencia de la anterior legislatura y de la presente, a punto de finalizar. Y hasta la fecha ningún responsable político ha demostrado un interés real y efectivo por cambiar las cosas. Las promesas se las sigue llevando el viento. La realidad queda plasmada sobre el papel y sobre las múltiples y reiterativas recomendaciones del Síndic, que son "aceptadas" pero incumplidas por la Conselleria del silencio administrativo.

Un saludo...