Buenas tardes,
Como sabréis, desde nuestra asociación llevamos trece años denunciando el estado en el que se encuentra la Alquería de Serra. Estamos ante un hito histórico de la negligencia: el Ayuntamiento de Valencia, bajo la gestión de María José Catalá, ha logrado el "Récord de la Vergüenza". Diez. Sí, habéis leído bien: DIEZ RECOMENDACIONES del Síndic de Greuges ignoradas, una tras otra, desde el año 2013.
Para que entendáis la magnitud de este despropósito, tenemos que remontarnos a la víspera de Navidad de 2013. Fue entonces cuando presentamos la primera denuncia. Desde aquel día, el deterioro de este Bien de Relevancia Local (BRL) ha sido imparable. Lo que entonces era una "deficiente conservación" hoy es un riesgo inminente de colapso total, tras la pérdida de parte del muro del hortus conclusus.
¿Y qué ha hecho nuestro consistorio en estos 13 años? La respuesta es sencilla: nada efectivo. Han perfeccionado una técnica que ya conocemos bien en esta asociación: la de aceptar formalmente las recomendaciones del Síndic para que el expediente se cierre "en falso", para luego no mover un sólo dedo hasta la próxima reapertura del expte. Es un fraude a la confianza legítima de los ciudadanos y una burla sistemática a la institución del Síndic de Greuges.
Recientemente, hemos tenido acceso al último informe municipal, fechado el 15 de abril de 2026. Es un documento que debería estudiarse en las facultades de Derecho como ejemplo de lo que no debe ser la administración pública. En él, el Ayuntamiento de Valencia vuelve a "tirar balones fuera" con una desfachatez que asusta.
El Servicio de Disciplina Urbanística tiene la desvergüenza de responder que "carece de competencias en materia de protección y restauración del patrimonio" para no actuar. El Ayuntamiento de Valencia es una UNIDAD ADMINISTRATIVA y no un reino de Taifas. A los ciudadanos no nos importa NADA si la orden la firma Disciplina Urbanística, Patrimonio Histórico o la propia Alcaldía. Según el Artículo 14 de la Ley 40/2015, si un servicio se considera incompetente, debe remitir el expediente al órgano que sí lo sea inmediatamente. Usar las divisiones internas de las concejalías como un laberinto para que el expediente languidezca es una táctica rastrera y, a nuestro juicio, un fraude de ley.
Otra de las excusas estrella es el famoso Artículo 192.5 b del TRLOTUP. Y el Ayuntamiento se escuda en él porque aseguran que tienen que imponer hasta diez multas antes de poder intervenir de forma subsidiaria. Algo TOTALMENTE FALSO. La ley dice "hasta un máximo de diez", no que sea obligatorio llegar a la décima mientras el edificio se derrumba, como ya ha pasado, máxime cuando ya ha quedado patente y probado que no existe el más mínimo interés en rehabilitar el bien.
Y en todos estos años de denuncias sólo han impuesto tres multas, totalmente estériles. Al ritmo que lleva el equipo de María José Catalá, terminarán de multar a los propietarios en el año 2047. Para entonces, la Alquería de Serra no será más que un solar lleno de escombros y tendremos que lamentar la pérdida de otro bien. El principio de proporcionalidad no puede servir de excusa cuando el bien está en la Lista Roja de Hispania Nostra y se está cayendo a pedazos.
Aquí es donde la actitud del Ayuntamiento se vuelve directamente indefendible. Hace muy poco, fuimos testigos de cómo la Policía Autonómica y la Policía Local intervenían y entraban en la alquería de la Torre (de propiedad municipal) y desalojaba a sus ocupantes sin necesidad de resolución judicial, apelando a la urgencia y la seguridad.
Sin embargo, para la alquería de Serra, nos dicen que están "tramitando la solicitud de entrada en el edificio ante el juzgado". ¿Por qué esa doble vara de medir? Ambas son BRL, ambas tienen el mismo nivel de protección. ¿Por qué en un caso se actúa de oficio y con contundencia y en el nuestro se esconden detrás de una futura y lentísima autorización judicial? La respuesta es clara: falta de voluntad política y de los técnicos responsables de tramitar el expediente. Se están lavando las manos mientras el patrimonio de todos se desvanece.
Lo más doloroso de todo esto es que el daño ya es real y tangible. En julio de 2024, parte del muro del jardín (el Hortus Conclusus) se vino abajo. Lo avisamos. Lo gritamos. Lo pusimos por escrito en innumerables ocasiones. Y el Ayuntamiento de Valencia no hizo nada.
Lo que vemos hoy en la alquería es un maquillaje de la ruina. Han tapado grietas estructurales profundas con parches de cemento para que, visualmente, parezca que no pasa nada. Pero la realidad es que el edificio se está "abriendo en canal". Es una negligencia criminal permitir que un edificio protegido llegue a este estado, especialmente cuando sigue habiendo personas viviendo en su interior en condiciones de riesgo vital extremo. Si ocurre una desgracia, ya sabemos quiénes serán los responsables por acción u omisión.
Ante nuestra insistencia y las contundentes alegaciones que presentamos el pasado 21 de abril, el Síndic de Greuges ha vuelto a darnos la razón. El 13 de mayo de 2026 se emitió la DÉCIMA RECOMENDACIÓN. El Síndic es claro: la parálisis municipal desde enero de 2026 (donde la única gestión fue enviar unas copias por registro a la policía) es inaceptable.
El Síndic recomienda —y nosotros exigimos— que se adopten TODAS las medidas necesarias, incluyendo la ejecución subsidiaria inmediata. Ya no valen más informes, ya no valen más promesas de "estamos en ello". La alquería de Serra no necesita más papel ni recomendaciones; necesita andamios, necesita consolidación y necesita que su Ayuntamiento deje de tratarla como un estorbo burocrático.
Desde nuestra asociación queremos enviar un mensaje muy claro a la Alcaldesa María José Catalá y a sus concejales: vuestro tiempo de excusas se ha agotado.
Cada desprendimiento, cada piedra que cae de la alquería de Serra, es una prueba de vuestra dejación de funciones. No vamos a esperar a la recomendación número once. Si el Ayuntamiento sigue negándose a intervenir subsidiariamente, nuestra próxima parada no será el Síndic, sino la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio. El Artículo 321 del Código Penal es muy claro respecto a los delitos contra el patrimonio histórico, y la prevaricación por omisión es una realidad que no dudaremos en denunciar.
No puede ser que Valencia se llene la boca con la Capitalidad Verde y la protección de su huerta mientras permite que el corazón arquitectónico de esa misma huerta sea devorado por el olvido. La alquería de Serra es nuestra historia, es vuestra historia, y desde nuestra asociación la vamos a defender hasta el final.
