Buenos días,
Todas las semanas, e incluso varias veces por semana, se producen ataques contra nuestro patrimonio histórico y cultural. Pintadas y grafitis llenan los muros y las paredes de los BRL y los BIC de nuestra ciudad.
A raíz de estos ataques, hemos comprobado que en los medios de comunicación y en las RRSS de algunos de los concejales del Ayuntamiento de Valencia, se catalogan estos hechos como actos vandálicos, vandalismo, gamberradas y todo tipo de eufemismos, con tal de no usar la palabra delitos contra el patrimonio y nombra el artículo 323 del Código Penal. Parece ser que son palabras prohibidas y nuestros políticos prefieren usar otros términos con el objetivo de minimizar la gravedad de lo que está sucediendo y las responsabilidades que esto implica.
Desde finales de 2017 y principios de 2018, estos delitos contra nuestro patrimonio cultural se han disparado exponencialmente, a pesar de que se ha intentado maquillar y limitar el número total de agresiones solo en base a las actuaciones policiales que se realizan. Lo que la policía no ve o aquello que no se denuncia, no forma parte de estas cifras "oficiales". De esta manera, solo se admiten entre 15 y 20 delitos por año, cuando ya ha quedado patente que la cifra supera los 250 ataques anuales, solo en los bienes inspeccionados por nuestra asociación.
Recientemente, salió publicado en prensa que el titular del juzgado de instrucción número 20 de Valencia había impuesto una sanción de 1367,37 euros a un hombre que fue sorprendido por la policía autonómica pintando con una brocha en la parte inferior del puente de San José. Gracias al magnífico trabajo de la Policía Autonómica, que no del Ayuntamiento de Valencia, el responsable de un delito contra el patrimonio histórico ha pagado de su bolsillo los daños causados y la reparación de los mismos.
Esto es solo la punta del iceberg y del grave problema que va a más. Un problema que el Ayuntamiento de Valencia pretende solventar con una campaña ineficaz y estéril, tal como lo es #RespectaValència. Nuestro consistorio pretende matar moscas a cañonazos solo con la educación y la concienciación patrimonial a través de carteles, MUPIS y cuatro tweets con escaso alcance en sus RRSS.
Todos estamos de acuerdo en que la educación y la concienciación son claves para enseñar respeto por nuestro patrimonio cultural, pero no podemos quedarnos única y exclusivamente ahí. Se necesitan medidas coercitivas, sanciones y aplicar el Código Penal para identificar, sentar ante un juez y sancionar a los delincuentes que hacen caso omiso a las normas básicas de convivencia. Para aquellas personas que, pese a las advertencias, se pasan por el Arco del Triunfo cualquier campaña educativa y de concienciación, solo queda un camino: la sanción.
El Ayuntamiento de Valencia debe dejarse de excusas y de parapetarse en las campañas que está haciendo. No es suficiente, ya ha quedado demostrado. Debe dotar a la Policía Local de una brigada específica dedicada en cuerpo y alma, de manera exclusiva, a la persecución de los delincuentes que ensucian el patrimonio con sus pintadas y grafitis. Profesionales formados en peritaje caligráfico para identificar las firmas y los tags. Estos cuerpos policiales ya existen en otras ciudades como Granada, Málaga, Elche o Alicante.
Nuestras administraciones públicas y los propios ciudadanos debemos ser conscientes de la importancia de proteger nuestro patrimonio y de perseguir penalmente a los delincuentes que ignoran todas las leyes y las normas que rigen nuestra sociedad.
¿Se imaginan qué pasaría si desaparecieran las multas y sanciones por las infracciones a las normas de circulación y de seguridad? ¿Y en otros ámbitos? ¿La gente respetaría las normas o no? Pues lo mismo pedimos para nuestro patrimonio cultural.
Un saludo...
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