viernes

La alcaldesa de Valencia vive entre los fuegos artificiales de la propaganda y la agonía del patrimonio real

Buenos días,

Hace apenas unos días, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se dirigía a la ciudadanía con un discurso cargado de triunfalismo para desglosar su hoja de ruta cultural. Con el pecho henchido de orgullo institucional, nos hablaba de la apertura del Museu de la Mar, del Centro de Interpretación del Santo Cáliz con su correspondiente "experiencia inmersiva", de nuevos contenedores para el cómic y las artes escénicas, y del aterrizaje de la Hispanic Society. En sus redes sociales declaraba: “Un futuro a la altura de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestra ciudad. La cultura es patrimonio compartido, es hacer Valencia”.

Desde nuestra asociación, tras leer estas declaraciones, no podemos sino preguntarnos en qué ciudad (o en qué realidad) vive exactamente nuestra alcaldesa. Porque, mientras ella se dedica a vender humo enlatado y a proyectar realidades virtuales para turistas, la Valencia de piedra, tapial, ladrillo y huerta, la que de verdad constituye nuestra identidad, se desmorona ante una desidia institucional que ya roza lo delictivo. Para nosotros, "hacer Valencia" no es inaugurar contenedores vacíos de contenido histórico, sino evitar que los que ya tenemos se caigan a pedazos por el atropello por acción u omisión de sus responsables.

La realidad, tozuda y cruel, desmiente cualquier brindis al sol publicitario que intentan colarnos los políticos de turno. Valencia ostenta hoy el vergonzoso honor de ser la primera ciudad de España en superar los 30 bienes incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Un récord de negligencia que tiene nombres y apellidos, y que afecta de manera sangrante a nuestro cinturón verde. 

Hablamos de la crónica de un abandono anunciado en las alquerías del Moro, de la Torre, del Rey, de Volante, de Mantot, de Serra, de Tallarrós, o de Falcó, entre otras. Especialmente sangrantes son los casos de de la de Serra (con récord de recomendaciones del Síndic) y el de la Alquería de Falcó, que acumula más de doce años de denuncias, retrasos, promesas incumplidas y excusas injustificables pese a las constantes y reiteradas recomendaciones del Síndic de Greuges, que este consistorio parece archivar sistemáticamente en el cajón del olvido hasta que se vuelva a denunciar.

¿De qué identidad nos habla la señora Catalá cuando el patrimonio de la ciudad es víctima diaria de la impunidad del espray y del orín? Es indignante observar cómo los Refugios Antiaéreos de la Guerra Civil, como los de la calle Espada o Serrans, se han convertido en letrinas improvisadas cubiertas de grafitis, sin que el Ayuntamiento mueva un dedo por su vigilancia o limpieza especializada. Incluso nuestra joya de la corona, la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sufre el deterioro provocado por la orina canina en cada una de sus esquinas y una falta de mantenimiento higiénico elemental en su entorno inmediato. Es un parcheado indigno lo que ofrecen a los ciudadanos, mientras desvían la mirada de la ruina real.

La gestión del patrimonio no puede basarse en el silencio administrativo con el que se responde a nuestras más de 320 denuncias. No podemos aceptar como "progreso" que el Portal de la Valldigna haya sido intervenido con una pintura plástica inadecuada que, lejos de proteger, acelera la degradación de la piedra original. No podemos callar ante las instalaciones no autorizadas en la Estación del Norte o el estado lamentable del depósito de Gas Lebon. Es un insulto a la inteligencia de los valencianos que se nos hable de "experiencias inmersivas" para el Santo Cáliz mientras la fábrica de La Ceramo en Benicalap, cerrada desde 1992-1993, sigue siendo el lienzo favorito de los vándalos ante la pasividad de una administración que ha hecho de la excusa burocrática su única política activa.

Este abandono crónico no es nuevo; es una herencia de legislaturas anteriores (PP, PSOE y Compromís) que la actual corporación, lejos de revertir con valentía, ha decidido maquillar con propaganda. Se sigue priorizando la creación de "nuevos contenedores" (política de escaparate y de votos) frente a la consolidación y restauración de los Bienes de Relevancia Local (BRL) y Bienes de Interés Cultural (BIC) que ya poseemos y que agonizan. La cultura no es un evento de inauguración ni un render en una nota de prensa; es el respeto escrupuloso a la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, una norma que este Ayuntamiento vulnera por inacción de forma constante.

Desde nuestra asociación, exigimos hechos y no más palabras vacías. Basta de excusas. Solicitamos la implementación inmediata de planes de limpieza especializada, vallados efectivos, sistemas de videovigilancia (reales, efectivos y que de verdad se usen) en entornos sensibles y, sobre todo, un calendario real y dotado presupuestariamente para la recuperación de nuestras alquerías y el patrimonio industrial.

Señora Catalá, deje de vivir en esa ciudad inventada e imaginada de cartón piedra que describe en sus discursos. El patrimonio compartido del que habla se está muriendo en las calles de Valencia bajo una capa de suciedad, abandono y olvido. Actúen ya, porque cuando la última alquería se convierta en un montón de escombros, no habrá "experiencia inmersiva" capaz de devolvernos nuestra verdadera historia. Nosotros seguiremos aquí, vigilantes, denunciando cada grieta y cada grafiti, porque defender nuestro pasado es la única forma honesta de asegurar nuestro futuro.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

martes

Valencia, entre el "parcheado" y el orín: una ciudad que agoniza ante la desidia institucional

Buenos días,

Ayer mismo, mientras recorríamos de nuevo las calles de Ciutat Vella, esa que tanto amamos y que tan poco parece importar a quienes ocupan los despachos del consistorio, volvimos a sentir esa punzada de indignación que ya se ha vuelto crónica y que se repite en bucle desde hace quince años.

Caminar por el centro de Valencia es, hoy en día, asistir a un espectáculo de degradación planificada. No es sólo el vandalismo y la falta de educación y respeto de unos pocos, es la desidia administrativa la que está alimentando esta situación que afecta directamente a nuestro patrimonio. Desde nuestra asociación, ni nos hemos callado nunca, ni nos vamos a callar tampoco ahora, ante lo que ya es un "atropello por omisión".

La parte posterior del refugio antiaéreo del carrer dels Serrans, en su fachada recayente a la calle Palomino esta llena de pintadas. Y es paradójico, porque se nos llena la boca hablando de memoria democrática, de poner en valor los espacios de la guerra, pero la realidad que captan nuestros ojos y nuestra cámara es otra. 

Bajo la palabra "REFUGIO", pintada con cierta dignidad, convive una maraña de firmas y "tags" que demuestran que aquí la vigilancia brilla por su ausencia. Pintadas que se repiten en el tiempo y que perduran durante meses por la inacción y la desidia institucional, que ha convertido este espacio en un "no-lugar", un rincón oscuro donde el incivismo campa a sus anchas mientras la administración mira hacia otro lado, más ocupada en grandes eventos que en el mantenimiento diario de lo que nos pertenece a todos. Por no hablar de las motos y bicicletas que aparcan allí, en ocasiones justo delante de la puerta.

En la Lonja de la Seda, un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es (o debería ser) el orgullo de la ciudad de Valencia y la máxima expresión del gótico civil europeo, seguimos encontrando gente comiendo en sus escalones y orines de perro, mientras que el dueño iba 20 metros delante pasando de todo. Un "personaje" muy conocido en el barrio, que presenta un deterioro cognitivo y conductual manifiesto y al que, además, no le puedes decir nada debido a su conducta agresiva y violenta.

En la imagen que adjuntamos se ve claramente la mancha sobre la piedra caliza, que se une a otras anteriores presentes en múltiples esquinas del monumento. Y no es sólo por una cuestión estética o de olor, que ya sería grave. Es por la agresión química. El orín penetra en la porosidad de la piedra, la debilita, la deshace desde dentro. Y es inaudito que el monumento más importante de la ciudad no cuente con una protección perimetral o una vigilancia que impida que se convierta en el mingitorio del barrio. ¿Dónde están las campañas de concienciación (efectivas)? ¿Dónde están las sanciones? Si no respetamos la Lonja, no respetamos nada.

Llegamos quizás al punto más técnico y doloroso: el Portal de la Valldigna. Aquí hablamos de un Bien de Interés Cultural (BIC). Pues bien, la solución que han encontrado nuestros "gestores" para luchar contra el grafiti es, sencillamente, una aberración. En lugar de contratar a restauradores profesionales que limpien la piedra con los medios adecuados, se dedican a parchear con pintura plástica.

Y como expertos en la materia, nos sangran los ojos. La pintura plástica es el peor enemigo de la piedra y del tapial. Crea una película impermeable que impide que el muro "respire". La humedad se queda atrapada dentro de la piedra, generando sales que acaban por reventar el sillar desde el interior. Es el "pan para hoy y hambre para mañana". Estos parches de colores que no coinciden con el original son la prueba fehaciente de que a este Ayuntamiento le importa más "tapar el bulto" rápido y barato que conservar realmente el patrimonio. Es, en esencia, vandalismo institucional. Están destruyendo un BIC a base de capas de pintura de ferretería, ejecutadas por Pepe Gotera y Otilio.

Y para rizar el rizo, el entorno del busto del gran humanista Juan Luís Vives, a los pies de la casa familiar. Vives, el hombre que nos enseñó el valor de la educación y el pensamiento crítico, hoy parece haber sido degradado a "poste de aparcamiento". Es habitual encontrar una motocicleta estacionada justo detrás de su pedestal, invadiendo el escaso espacio monumental. El titular más adecuado para esta imagen sería "El humanismo bajo la rueda de un scooter". Una descripción exacta de lo que está pasando en nuestra ciudad con la cultura y el patrimonio.

Y esto es el síntoma de una ciudad que ha perdido el norte y el resto de puntos cardinales. No se trata sólo de una infracción de tráfico; es una falta total de decoro y respeto por nuestras figuras ilustres y por las esculturas de nuestra ciudad y sus entornos. Si el propio ciudadano no siente que ese espacio se debe respetar, es porque las autoridades no lo tratan como tal.

Desde nuestra asociación volvemos a exigir un plan de choque inmediato. No queremos más parches de pintura plástica, no queremos más excusas sobre la falta de presupuesto mientras se gastan millones en otras partidas superfluas e innecesarias. Valencia necesita:

1. Brigadas de limpieza especializadas en patrimonio, no operarios con un bote de pintura.

2. Vigilancia real y sanciones ejemplares para quienes atenten contra los BICs.

3. Dignificación de los entornos monumentales, eliminando el aparcamiento de motos y la acumulación de basura, contenedores, papeleras, etc. en sus puertas.

No nos cansaremos de recordarle a los políticos de turno que el patrimonio no es suyo, que es de las generaciones venideras. Su gestión actual es una mancha negra en la historia de esta ciudad. Dejen de parchear y empiecen a restaurar. Dejen de ignorar y empiecen a proteger.

¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir denunciando lo obvio? ¿No basta con casi quince años de denuncias y de trabajo? La ciudad nos duele, y no pararemos hasta que cada piedra de nuestra historia sea tratada con el respeto que merece. Le pese a quien le pese.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.


viernes

La Ceramo de Benicalap: Crónica del abandono y de la impunidad del espray

Buenas tardes bloggeros,

Empezamos 2026 regresando una vez más a Benicalap, y lo hacemos con una enorme decepción a la que no nos acostumbraremos jamás, por más años que pasen. Las imágenes que acompañan este artículo no son fruto de un descuido puntual; son el fiel reflejo de la desidia institucional que asola a uno de nuestros emblemas industriales más queridos: La Ceramo, Bien de Relevancia Local.

Desde hace años, nuestra asociación, a través de este blog y de los innumerables registros de entrada al Ayuntamiento de Valencia, ha venido denunciando el estado de abandono de este inmueble, catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL). Sin embargo, lo que hoy presenciamos en las fachadas recayentes a la avenida de Burjassot, carrer del Poeta Serrano Clavero y carrer de José Grollo ya no es sólo el deterioro del inmueble por el paso del tiempo; es un asalto impune a nuestra memoria histórica en forma de pintadas, cartelería ilegal y una falta total de vigilancia que clama al cielo.

Las fotografías captadas recientemente son muy contundentes. La gran puerta neo-mudéjar, que antaño fue el lugar de entrada a la excelencia cerámica que vistió los mejores edificios del modernismo valenciano y europeo, hoy es el lienzo de grafiteros que, bajo pseudónimos como "SACK", "BOOR" "BANDEU13" o "GABBER HEAD", entre otros muchos, ensucian sin reparo la madera y el ladrillo histórico. No son muestras de arte urbano; son actos delictivos puros y duros sobre un patrimonio cultural que debería estar blindado.

A esto se suma la colocación de carteles publicitarios de circos y eventos (con nombres y apellidos) que, ignorando la normativa municipal, se pegan directamente sobre los muros exteriores, degradando todavía más la imagen de un edificio que espera, desde hace décadas, una rehabilitación integral que nunca termina de materializarse de forma efectiva.

Desde nuestra asociación no nos cansaremos de recordarlo: el Ayuntamiento de Valencia, como propietario del inmueble, tiene el deber legal de mantenerlo y custodiarlo. Así lo establece la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. No es una opción, ni un capricho, es una obligación LEGAL que se sigue ignorando a fecha de hoy.

A lo largo de los últimos años, hemos perdido la cuenta de las veces que el Síndic de Greuges ha dado la razón a nuestras quejas. En sus sucesivas resoluciones y recomendaciones, el Síndic ha instado al consistorio a adoptar "medidas urgentes de seguridad, salubridad y ornato público", acorde a la LOTUPy a acelerar los trámites para su restauración, que sigue demorándose sine die. Pero la respuesta siempre es la misma: buenas palabras, proyectos que se anuncian a bombo y platillo en prensa, pero una realidad a pie de calle que se traduce en más pintadas, más basura y más desconchados.

¿De qué sirve que se realicen catas arqueológicas o se anuncien presupuestos millonarios si ni siquiera son capaces de mantener limpia la fachada o instalar un sistema de videovigilancia que disuada a los vándalos? Y cuando lo hacen, aparecen Pepe Gotera y Otilio a parchear y a pintar encima, Y cuando lo denuncias, nadie ha sido y tampoco se identifica a la contrata o sub contrata enviada por la Concejalía o el Servicio Municipal correspondiente, que entra en modo avestruz, escondiendo la cabeza para que nadie le diga nada

La impunidad con la que se actúa sobre La Ceramo es un insulto a todos los valencianos que valoramos nuestra historia. No podemos permitir que esta joya del patrimonio industrial se convierta en una "ruina consolidada" por la inacción política. Benicalap no merece tener este foco de degradación en el corazón del barrio. La Ceramo es el testimonio vivo de la fábrica que fundaron José Ros Surió y Julián Urgell y Pubill, la misma que dio vida a los reflejos metálicos que hoy admiramos en la Estación del Norte, el Mercat Central, el Mercat de Colón o las cúpulas del Ayuntamiento de Valencia o del Palacete de Ayora, entre otros muchos edificios a nivel local y nacional.

Volvemos a exigir, por enésima vez, al actual equipo de gobierno una intervención inmediata de limpieza de las pintadas bajo supervisión técnica, la retirada de los carteles, con la correspondiente sanción a los responsables y, sobre todo, el inicio real de las obras de rehabilitación. Basta de excusas administrativas. Cada día que pasa con el edificio en este estado, el coste de su recuperación aumenta y el riesgo de pérdida irreparable es mayor.

Vamos a seguir documentando cada nueva agresión. Nuestra labor de vigilancia, cosa que no hace nuestro consistorio, no cesará mientras las autoridades miren hacia otro lado. La Ceramo es patrimonio de todos, no el tablero de juegos de unos pocos que no respetan nada.

Valencia no puede seguir permitiéndose este el lujo de dejar degradarse y de perder su pasado por pura dejadez.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

sábado

Las letras del refugio de la calle Espada: las grietas en la fachada de la memoria

Buenas tardes y ¡Feliz Año Nuevo!,

Como bien sabrán nuestros lectores, llevamos más de una década denunciando el abandono del refugio de la calle Espada de Valencia, con múltiples recomendaciones del Síndic de Greuges que se van aceptando pero, a su vez, se ignoran y siguen sin cumplirse.

Además del abandono del refugio, lleno de pintadas y cubierto de vegetación, hay que señalar que la tipografía, ubicada en la fachada de un edificio de la plaza de Tetuán y que anuncia la proximidad de este refugio, se enfrenta a su enemigo más letal: no las bombas fascistas, sino la falta de inspecciones, de vigilancia y, como no, la desidia y lentitud municipal para resolver cualquier problema que afecta al patrimonio.

El refugio antiaéreo de la calle Espada es un Bien de Relevancia Local (BRL), un espacio sagrado de memoria democrática construido en 1937. Y la tipografía que indica la presencia próxima de uno de los refugios es ÚNICA. Mientras Valencia era capital de la Segunda República, miles de ciudadanos bajaban a estas entrañas de hormigón buscando salvar la vida mientras el cielo escupía fuego. Hemos escrito largo y tendido sobre su arquitectura, su estado de abandono, sobre su diseño funcional pensado para la supervivencia y sobre cómo, en otras ciudades europeas, un lugar así sería un museo cuidado con mimo. Aquí, sin embargo, parece que molestan y que son ignorados. Y especialmente este.

La situación actual es intolerable y peligrosa. Como podéis ver en las imágenes que adjuntamos a esta denuncia pública, el deterioro de las letras presentes en esa fachada de la plaza Tetuán ha cruzado la línea roja de la conservación para entrar de lleno en el terreno de la seguridad ciudadana.

La letra R que forma parte de la palabra "REFUGIO", una tipografía histórica que ha resistido más de ocho décadas, está a punto de ceder. No estamos hablando de una simple suciedad ambiental o de un desgaste estético. Lo que muestra la fotografía es una patología estructural grave: grietas transversales profundas que están fracturando el hormigón.

Es evidente que el material ha perdido cohesión. La falta de mantenimiento ha permitido que la humedad penetre, probablemente dañándola interiormente, lo que provoca que el material estalle hacia afuera.

¿A qué espera el Ayuntamiento de Valencia? ¿Necesitamos que un cascote de historia le abra la cabeza a un viandante o a las personas que hacen cola a diario allí para que se dignen a actuar? Debemos recordar que justo al lado está la embajada de Colombia y que a diario se forman colas justo debajo de esas letras.

Nos sigue resultando vergonzoso que, mientras nuestro consistorio y sus responsables e llenan la boca con discursos sobre la "memoria histórica" y el "turismo cultural", permitan que los elementos que sustentan esa memoria se caigan a pedazos en la vía pública. Esto no es solo un atentado contra el patrimonio; es una negligencia temeraria en el mantenimiento de la vía pública. Estas letras están pidiendo auxilio a gritos desde hace tiempo y el silencio de la administración es ensordecedor.

Desde nuestra asociación y con la experiencia que nos avala tras años de lucha por el patrimonio valenciano, EXIGIMOS:

1. Una inspección técnica inmediata por parte de los bomberos y los técnicos de patrimonio del Ayuntamiento para evaluar el riesgo de desprendimiento.

2. La instalación urgente de medidas de protección (mallas o andamiaje) para garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes.

3. Un proyecto de consolidación y restauración de las letras y la fachada, respetando escrupulosamente los materiales originales, tal y como marca la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.

No queremos parches, ni queremos que retiren las letras para que "desaparezcan" o se pierdan en el olvido en algún almacén municipal, como ha ocurrido tantas otras veces. Queremos conservación in situ y un mantenimiento regular para asegurar que no aparezcan nuevos daños y patologías.

Y pedimos también a nuestros lectores y a los ciudadanos preocupados, que no miréis hacia otro lado. Pasad por la calle Espada, fotografiad la vergüenza y compartidlo. El patrimonio no se defiende solo; se defiende con la presión de quienes nos negamos a ver cómo nuestra historia se convierte en ruina y escombros por la inacción de quienes cobran por protegerla.

Si esas letras caen, no habrá sido un accidente. Habrá sido una dejación de funciones intolerable, además de un posible delito contra el patrimonio histórico.

Basta ya de excusas. Actúen ya.

Un saludo...

El refugio de la calle Espada

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

miércoles

2025: sin avances reales en la recuperación del patrimonio cultural valenciano

Buenas tardes,

Cerramos 2025, tal y como cerramos 2024 y otros años. La Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra sigue teniendo unas cifras inadmisibles y a la espera de aumentar debido a la inacción de unas administraciones públicas que siguen arrastrando asignaturas pendientes, año tras año, legislatura a legislatura.

La realidad del patrimonio cultural valenciano es que está atascado, permanentemente, en una espiral eterna y laberíntica por culpa, por un lado, de una burocracia inservible que se pone ella misma palos en las ruedas para no avanzar, y por otro, de unos responsables políticos que siguen sin estar a la altura que esperamos y que funcionan a salto de mata y de denuncias, sin tener las cosas claras sobre lo que deben hacer, ni planificar.

Después de casi quince años, es casi una utopía encontrar en el mundo de la política a alguien válido, valiente y decidido, capaz de solucionar los problemas enquistados que se van amontonando cada vez más. De tal manera que, cuando empiecen a solucionarnos, llegarán otros nuevos por detrás en una agonía sin fin. El patrimonio cultural lleva años siendo un enfermo crónico y en la UCI al que nadie es capaz, ni quiere, de sacar de su estado.

Este año cumpliremos tres lustros bregando y peleando con administraciones públicas de todos los colores e ideologías habidas y por haber y seguimos notando una clara hostilidad hacia nuestro trabajo por una buena parte de las mismas (afortunadamente no todas), además de menosprecio y de intentar limitar, de manera absurda y abusiva, nuestro derecho de acceso a la información pública y a la participación ciudadana.

El objetivo ni ha cambiado, ni va a cambiar. Y no debería ser tan difícil. Recuperar, rehabilitar, poner en valor y acrecentar el patrimonio cultural valenciano, sin excusas, ni romances. Cuestiones que, lamentablemente, están muy lejos de cumplirse a pesar de las más de trescientas recomendaciones emitidas por el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el defensor del pueblo valenciano al que siguen ignorando y ninguneando nuestras administraciones públicas valencianas.

Un saludo... y ¡Feliz 2026!

La Ceramo de Benicalap

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martes

El Síndic de Greuges recomienda respetar el área y el entorno de protección de la Estación del Norte

Buenos días,

el pasado 16 de julio denunciamos ante la Conselleria de Cultura que, delante y pegado a las fachadas principal y lateral (recayente a la calle Bailén) de la Estación del Norte de Valencia (BIC) y dentro del área de protección libre de ocupación del bien, ADIF está autorizando y permitiendo la instalación de terrazas con sombrillas, puestos de comida, horchata, carruseles, etc. además de todo tipo de eventos que montan sus escaparates, mesas, etc. allí.

Este tipo de instalaciones, sean estas permanentes o sean temporales vulneran en ambos casos la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, y posteriores modificaciones, y concretamente el Artículo 38. Criterios de intervención en Monumentos y Jardines Históricos, punto e: Queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos impropios en los espacios etnológicos, jardines históricos y en las fachadas y cubiertas de los monumentos, así como de todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación.

De igual manera, los Planes Espaciales de Protección de Valencia, señalan e indican unas áreas de protección libres de ocupación en las que no puede haber ningún elemento, ni instalación, sea esta permanente o temporal. Sin embargo, ADIF está permitiendo la ocupación de la misma.

Además, en la verja de la Estación del Norte se atan con bridas todo tipo de carteles publicitarios de empresas que tienen sus negocios allí, además de haberse instalado una enorme estructura metálica que anuncia un “Rent a Bike”.

La Conselleria de Cultura y la Dirección General de Patrimonio, siguiendo con su línea, nos volvió a aplicar el silencio administrativo.

El Síndic, en sus conclusiones, vuelve a ser muy claro: "En el caso que nos ocupa, el escrito presentado por el autor de la queja con fecha 16/7/2025 no ha sido todavía resuelto ni notificado. No consta tampoco que se haya notificado la recepción del escrito en el plazo de diez días. En la petición de informe que esta institución dirigió a la citada Conselleria se preguntó expresamente por esta cuestión: “indicando las razones que impidieron acusar recibo del referido escrito”. En el informe de la citada Conselleria que tuvo entrada en el Síndic con fecha 28/11/2025, no se dice nada respecto a esta cuestión. 

Hay que tener en cuenta que la razón de esta exigencia de la Ley 39/2015 es clara. Es necesario que el ciudadano sepa cuándo ha sido recibida la solicitud o reclamación por el órgano competente para tramitarla porque es a partir de dicho momento cuando se inician los plazos del silencio administrativo positivo o negativo que rijan en cada caso.

Esta institución ha podido comprobar, en relación con otras quejas presentadas por la misma persona interesada, que estamos ante un incumplimiento sistemático por parte de la entonces denominada Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Salvo en alguna ocasión  excepcional, la Dirección General de Patrimonio Cultural, integrada en dicha Conselleria, no contesta en plazo a los escritos presentados por el autor de la queja, ni tampoco acusa recibo de los mismos en el plazo máximo de 10 días". 

En otras palabras, la Conselleria de Cultura y la Dirección General de Patrimonio pasan olímpicamente de los ciudadanos, asociaciones, etc. y hacen caso omiso al Síndic de Greuges. Aplican el silencio administrativo porque quiere, sin motivo alguno y sin necesidad de tener que justificarlo y dar explicaciones ni tan sólo al defensor del pueblo valenciano.

En su respuesta al Síndic, la Conselleria respondió que "con la intención de salvaguardar el derecho a la protección del patrimonio cultural, se trasladó el informe a la Dirección General de la Policía. División de Operaciones y Transformación Digital. Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana -. Grupo de Patrimonio Histórico a los efectos oportunos. 

El 3 de septiembre de 2025, el grupo de PH, se personó en la Estación del Norte de Valencia, donde contactó con el Subdirector de Estaciones Este de ADIF, a quien informaron sobre lo establecido en el artículo 38, apartado e), de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, solicitándole que, dada la declaración como Bien de Interés Cultural de la Estación del Norte y que su tutela patrimonial corresponde al Ministerio de Cultura, confirmara si cuentan con la preceptiva autorización expedida por dicho Ministerio para la colocación de rótulos y carteles publicitarios en la fachada y, en caso de no disponer de ella, se procediera a la retirada de los elementos impropios, a fin de evitar que menoscabasen la adecuada apreciación y contemplación del Monumento. 

El 4 y 5 de septiembre por parte de ADIF se procedió a la retirada de la cartelería, salvo la relativa carteles temporales informativos de la financiación europea y de la financiación del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español 2% Cultural, cuya colocación venía exigida por la legislación en materia de subvenciones, pero que se procedería a su retirada a la conclusión de la obra financiada, previsiblemente durante el mes de octubre"

La sorpresa en la respuesta se da cuando la Conselleria de Cultura afirma que "el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella (PEP -2020) con respecto a la Estació del Nord en su ficha de catalogación, remite a lo estipulado en el Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, RENFE y ADIF para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, del 23 de febrero de 2003, que admite el uso terciario”.

Entrando en el fondo de esta cuestión, planteamos varias dudas y preguntas:

a) ¿Está por encima de una LEY un convenio entre administraciones públicas en el que al permitirse y admitir el uso terciario podría vulnerar de forma clara y manifiesta la misma? Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, y posteriores modificaciones, y concretamente el Artículo 38. Criterios de intervención en Monumentos y Jardines Históricos, punto e.

b) Todos los BIC tienen que tener un área de protección libre de ocupación, que será determinada por los Planes Especiales de Protección y aparecerá en la ficha individualizada del Catálogo de Protecciones. Este convenio, que podría ser contrario a la LEY de Patrimonio Cultural Valenciano (y estatal), que admite y permite el uso terciario, ¿exime de esta obligación a las administraciones públicas, permitiendo instalaciones permanentes y temporales dentro del área de protección de este BIC?

Por todo ello, nuestra asociación considera que el convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, RENFE y ADIF, en el año 2003, podría estar vulnerando no sólo la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, y posteriores modificaciones, y concretamente el Artículo 38. Criterios de intervención en Monumentos y Jardines Históricos, punto e., sino también los Planes Especiales de Protección, al pretender eximir de la obligatoriedad de establecimiento de un área de protección libre de ocupación con el fin de permitir un uso terciario (terrazas, puestos de comida, churrerías y todo tipo de cachivaches) que no se permiten en ningún otro BIC. Esta excepción podría ser ilegal y contraria a la legislación vigente en materia de patrimonio cultural.

Por lo tanto, insistimos en que la Conselleria de Cultura y la Dirección General de Patrimonio insten a ADIF a cumplir con el artículo 38. e de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano: Queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos impropios en los espacios etnológicos, jardines históricos y en las fachadas y cubiertas de los monumentos, así como de todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación. El uso terciario está permitiendo todo tipo de instalaciones que afectan a la apreciación y contemplación del bien.

Que la Conselleria de Cultura y la Dirección General de Patrimonio insten a ADIF a no autorizar ni permitir ningún tipo de instalación, ocupación, etc. sea esta permanente o temporal, cumpliendo con el artículo 38. e de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, estableciéndose de manera inmediata un área de protección libre de ocupación en el BIC de la Estación del Norte, acorde a la normativa vigente en el resto de BIC de los Planes Especiales de Protección (PEP) existentes en la ciudad de Valencia. Insistimos que un convenio no puede estar por encima de una LEY y de la normativa urbanística que rigen los PEP.

Por último, solicitamos que se declare nulo el convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, RENFE y ADIF, en el año 2003, en lo que respecta a la admisión de uso terciario en las fachadas principales del BIC y en sus explanadas, por afectación y vulneración del artículo 38. e de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y de las áreas de protección libres de ocupación que deben de tener, obligatoriamente, todos los BIC. El uso terciario en las fachadas es incompatible y contrario a la legislación vigente en materia de patrimonio cultural.

Por todo ello, el Síndic ha formulado las siguientes consideraciones a la actual Conselleria de Educación, Cultura y Universidades: 

Primero: RECORDAMOS EL DEBER LEGAL de dictar y notificar resolución expresa en el plazo de 3 meses cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo máximo, y de notificar al interesado la recepción de las solicitudes en el plazo máximo de diez días.

Segundo: RECOMENDAMOS que se incrementen los esfuerzos para adoptar todas las medidas que sean necesarias con el fin de lograr el respeto de las distancias de protección previstas legalmente para preservar al máximo los bienes y monumentos integrantes del patrimonio cultural valenciano.   

Nuestra asociación quiere también agradecer el gran esfuerzo que está realizando la Dirección General de la Policía. División de Operaciones y Transformación Digital. Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana - Grupo de Patrimonio Histórico, que ya ha actuado en diferentes BIC de la ciudad de Valencia para que se produzca la retirada de cartelería y publicidad que vulneran el artículo 38. Criterios de intervención en Monumentos y Jardines Históricos, punto e. de la LPCV 4/1998.

No así la actitud y comportamiento crónico y abusivo de la Conselleria de Cultura y de la Dirección General de Patrimonio, que siguen vulnerando, impunemente nuestros derechos y ninguneando al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

Nuevas recomendaciones del Síndic al Ayuntamiento de Valencia por la alquería de Falcó (BRL)

Buenas tardes,

El Ayuntamiento de Valencia sigue retrasando y dilatando, de manera imprudente e injustificada, la rehabilitación y puesta en valor de la alquería de Falcó. Y para ello, vuelve a tirar mano de las ya tan manidas excusas que ha usado en el mismo expediente de queja, repitiéndose por enésima vez, tal y como dijimos hace un mes:

https://conocevalenciapaseando.blogspot.com/2025/10/el-ayuntamiento-de-valencia-sigue-sin.html

El pasado mes de octubre nos volvimos a dirigir al Síndic de Greuges recordando que el tiempo transcurrido superaba ampliamente y con creces lo prudencial y lo admisible, no sólo desde la aceptación de las quintas recomendaciones, sino desde que presentamos nuestra primera denuncia, hace más de doce años y medio.

Es importante recordar que en las alegaciones del anterior expte. de queja el Ayuntamiento de Valencia ya nos respondió que “Actualmente se está ultimando el proyecto para la rehabilitación de la Alquería Falcó.”; “Todos estos trabajos previos han sido la base para comenzar la redacción del proyecto que estamos terminando desde el servicio, ya que en este caso la redacción del proyecto para la rehabilitación de la Alquería Falcó se está redactando por los técnicos municipales del servicio”; y “una vez finalizado el proyecto, se someterá a informe de la Comisión de Patrimonio Municipal para su posterior aprobación”.

Nuestra asociación ya señaló que en junio de 2022, hace más de tres años y cuatro meses, se anunció a bombo y platillo, por parte de la anterior regidora Luisa Notario, que el uso de la alquería ya está decidido y esta convertirá en un centro de día de personas con discapacidad intelectual. En la nota de prensa del propio Ayuntamiento de Valencia se señaló que se iniciará la redacción del proyecto y que este no se sacará a licitación, sino que la realizarán técnicos municipales de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos. 

A este respecto, nuestra asociación ya alegó que cuando el Ayuntamiento de Valencia habla de “se está ultimando el proyecto de rehabilitación” o “la redacción del proyecto que estamos terminando desde el servicio”, lo hacía con una respuesta inconcreta y genérica, no quedando claros los plazos reales de finalización y parece más una respuesta comodín en la línea de “estamos trabajando en ello”. 

El Ayuntamiento de Valencia sigue sin establecer unos plazos límite y lógicos para la redacción y aprobación de los proyectos de rehabilitación, máxime cuando el mismo no se sacará a licitación, sino que la realizarán técnicos municipales de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos. El consistorio sigue prolongando y dilatando de manera innecesaria y sin concretar, las intervenciones sobre el patrimonio cultural valenciano.

Nuestra asociación también indicó que el exterior de la alquería seguía cubierto de pintadas delictivas que se reproducen continuamente sin que estas sean retiradas inmediatamente y la tan prometida rehabilitación se está dilatando y retrasando en exceso, sin ningún tipo de justificación y máxime cuando la obra no se tiene ni que licitar. Parece que el tema de las pintadas delictivas que afean el aspecto de un bien protegido sigue sin ser un tema ni interesante ni relevante para nuestro consistorio y considera que no está ni en la obligación, ni en el deber de responder o de darle traslado al área o servicio competente para proceder a su inmediata retirada. 

A este respecto, en la aceptación de sus recomendaciones, el Ayuntamiento respondió que “para llevar a cabo la limpieza de las pintadas delictivas a las que se hace referencia, se recurrirá a los servicios de mantenimiento del ayuntamiento que utilizará los medios necesarios para evitar daños en los muros de la alquería, estos trabajos están previsto para el mes de mayo (2024)”. A fecha de octubre de 2025 las pintadas todavía no han sido retiradas. Y a fecha de hoy, tampoco.

Y a pesar de que la recomendación de su institución fue muy clara: que, en cumplimiento de las Resoluciones de consideraciones emitidas por esta institución con fechas 16/7/2015, 15/7/2016 y 16/4/2018, y teniendo en cuenta que la primera denuncia se presentó hace más de 11 años con fecha 28/2/2013, se limpien las pintadas existentes en el inmueble y se fije un calendario, aunque sea aproximado, en el que se concreten las fechas de aprobación del proyecto para la rehabilitación de la Alquería Falcó y de inicio de la ejecución de las obras con la finalidad de evitar retrasos o dilaciones indebidas, ha quedado patente que en un año y medio el Ayuntamiento de Valencia ni ha limpiado las pintadas, ni ha fijado un calendario aproximado, ni ha concretado fechas de la aprobación del proyecto de rehabilitación, ni del inicio de la ejecución de las obras, no produciéndose avances en la recuperación de este BRL e incumpliéndose las recomendaciones emitidas hasta la fecha, provocando un retraso y una dilación indebida e injustificada.

Tras la respuesta del Ayuntamiento de Valencia, que no ha presentado ninguna novedad respecto a la que se nos dio en el anterior expte. de queja nº2400270, cuando presentó sus alegaciones en abril de 2024, hace 18 meses, nuestra asociación volvió a recordar que ya ha pasado un año y medio desde de esta respuesta. Y han pasado tres años y cuatro meses desde que el propio consistorio hicieran una nota de prensa en la que señalaban que “se iniciará la redacción del proyecto y que este no se sacará a licitación, sino que la realizarán técnicos municipales de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos”. Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia todavía alega estar ultimando los trabajos de redacción, pero sin volver a dar plazos, ni fechas concretas, dilatando innecesariamente más la resolución de la queja planteada.

Un año y medio después, el Ayuntamiento de Valencia alega que “Para llevar a cabo la limpieza de las pintadas delictivas a las que se hace referencia, se recurrirá a los servicios de mantenimiento del ayuntamiento que utilizará los medios necesarios para evitar daños en los muros de la alquería, por lo que se ha agendado la realización de estos trabajos de limpieza durante este año”. Con esta respuesta, comprobamos que nuestro consistorio no ha tenido tiempo, en 18 meses, para eliminar convenientemente esas pintadas, ni tampoco para poner los medios para que no se sigan realizando este tipo de pintadas delictivas contra el patrimonio. Además, asegura que “se ha agendado la realización de estos trabajos de limpieza durante este año” (en 2024 lo ignoró, a pesar de la recomendación) teniendo en cuenta que estamos ya en el mes de noviembre.

Por ello, el Síndic ha sido muy claro en su conclusión de las investigaciones, recordando que los hechos que constituyen el objeto de la presente queja fueron denunciados por primera vez con fecha 28/2/2013, es decir, hace más de 12 años y esta institución ha tramitado un total de 5 expedientes (1408325, 1500471, 1601909, 1702674 y 2400270) y ha emitido un total de 4 recomendaciones con fechas 16/7/2015, 15/7/2016, 16/4/2018 y 7/3/2024, las cuales han sido aceptadas por el Ayuntamiento de València. 

No obstante, a pesar de estas aceptaciones formales, en realidad, y a la vista del estado actual de la Alquería Falcó, las pintadas existentes en el mismo no se han limpiado y el Ayuntamiento de Valencia, en el informe que tuvo entrada en esta institución con fecha 30/10/2025, se compromete a limpiarlas antes de que finalice el presente año. No obstante, sigue sin concretarse ningún calendario, siquiera aproximado, en el que se fije la fecha en que se aprobará el proyecto para la rehabilitación de la Alquería Falcó y se iniciará la ejecución de las obras con la finalidad de no seguir acumulando años y años de retraso. 

Y en base a lo anteriormente expuesto, ha RECOMENDADO que, en cumplimiento de las Resoluciones de consideraciones emitidas por esta institución con fechas 16/7/2015, 15/7/2016, 16/4/2018 y 7/3/2024, teniendo en cuenta que la primera denuncia se presentó hace más de 12 años con fecha 28/2/2013, se limpien las pintadas existentes en el inmueble y se fije un calendario, aunque sea aproximado, en el que se concreten las fechas de aprobación del proyecto para la rehabilitación de la Alquería Falcó y de inicio de la ejecución de las obras con la finalidad de no seguir acumulando años de retraso. 

Que un Ayuntamiento tarde tanto tiempo en resolver un expediente de queja, en intervenir sobre un bien patrimonial o en retirar convenientemente unas pintadas, dice muy poco de él, y lo que dice es muy negativo. La pasividad y la falta de interés y de ganas, por mucho que se las quiera adornada y camuflar con trámites eternos, plazos necesario, burocracia, etc. es lo que es. Un gobierno municipal ineficaz, obsoleto e incapaz de llevar nada a buen término. Sólo hay que ver el gran número de bienes patrimoniales en la UCI, esperando a ser atendidos.

Un saludo...

El texto y las imágenes son propiedad de Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural y de Tono Giménez Ayora, que nos las ha cedido para usar en nuestras RRSS, no permitiéndose su reproducción total o parcial sin citar las fuentes y a los autores originales al estar bajo licencia Creative Commons 3.0. Nuestra entidad no tiene ánimo de lucro, pero exige un mínimo de respeto y comportamiento ético y profesional a los medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones cívicas, fundaciones, etc… a la hora de usar sin permiso nuestro trabajo.

jueves

Nuevo palo del Síndic de Greuges a una Dirección General de Patrimonio que abusa del silencio administrativo

Buenos días,

La Dirección General de Patrimonio (DGP), de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha recibido otro gran y sonoro tirón de orejas por parte del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, que en sus conclusiones de investigación ha señalado que  ha podido comprobar, en relación con otras quejas presentadas por la misma persona interesada, que estamos ante un incumplimiento bastante frecuente por parte de la   Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Salvo en alguna ocasión excepcional, como acredita el autor de la queja con la documentación que se adjunta a la presente resolución.  

El origen de esta queja arrancó el 31 de marzo de 2025, cuando comunicamos a la DGP por RGE, que habíamos tenido conocimiento que en una de las fachadas del BIC del Real Monasterio de la Asunción o de Santa Clara de Xàtiva, recayente a la calle Moncada con la plaça de la Trinitat, hay dos señales de tráfico atornilladas a la misma. 

Una de estas señales se colocó con posterioridad al mes de junio de 2018 y la otra se colocó en fecha indeterminada, vulnerando en ambos casos la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, y posteriores modificaciones, y concretamente el Artículo 38. Criterios de intervención en Monumentos y Jardines Históricos, punto e.
 
Además, tal y como se puede apreciar en las fotografías que adjuntamos, el Ayuntamiento de Xàtiva ha autorizado y realizado diferentes perforaciones, a lo largo del tiempo, en una fachada de un Bien de Interés Cultural que forma parte del IGPV con el nº 46.145-9999-000028.

En el pleno del Ajuntament de Xàtiva del pasado 27 de marzo de 2025, la regidora Susana Gomar, en su intervención a partir del minuto 1:25:00, pretende justificar la presencia de esas señales porque “ahí ya habían señales y aprovecharon esas señales que había antes, para poner las mismas señales”; y el alcalde Roger Cerdà, añade que “el Ajuntament es el propietario de Santa Clara y además lo hace en un espacio en el que ya había unas señales puestas y no se necesita un permiso especial para eso”


Tres meses y medio después de nuestra denuncia acudimos al Síndic, puesto que la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana nos había vuelto a aplicar el silencio administrativo por enésima vez. 

Esta administración pública, en todo este tiempo, no nos notifico la correcta recepción de nuestro escrito en el plazo de diez días, ni tampoco ha respondido en tiempo y forma, IGNORANDO Y VULNERANDO, nuevamente y por enésima vez, LOS DEBERES LEGALES que se extraen de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana persiste, de manera crónica y reiterada, a rebasar continuamente ese tiempo de espera y responder exclusivamente una vez iniciado el expediente de queja con su institución.

Además, tuvimos que saber por prensa (Levante-Emv), que la regidora del PP de Xàtiva, Ana Díez, sacó a colación en el pleno municipal que la Dirección General de Patrimonio había exigido Xàtiva la retirada de las señales de tráfico atornilladas al BIC de Santa Clara, para cuestionar la actuación del equipo de gobierno, dirigiendo al alcalde una serie de preguntas. 

Todo ello sin que la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana haya sido incapaz de asignar un número de expediente a nuestra denuncia, y sin comunicarnos primero la recepción de la misma, en un claro y flagrante caso de incumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Resulta significativo y muy llamativo que tenga primero conocimiento de la denuncia la oposición del Ajuntament de Xàtiva, que los promotores de la denuncia, a los que en ningún momento se les ha comunicado la existencia del expte. por la vía legal y reglamentaría, que evidentemente no es tener conocimiento a través de un medio de comunicación.


La DGP, en otro ejercicio absurdo y sin sentido, le respondió al Síndic que la presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento, en virtud de lo dispuesto por el artículo 62.5 LPAC.

Tuvimos que recordar, nuevamente, que sin la denuncia que presentamos el 31 de marzo de 2025 no habría ningún procedimiento abierto, ni de oficio, ni por iniciativa propia, ni como consecuencia de orden superior, etc. No se habría iniciado ningún procedimiento, pues los promotores de la denuncia somos nosotros.

La DGP, también alegó que “el denunciante y promotor de la queja cuenta con justificante automatizado de la recepción por esta administración de su denuncia, y si se inicia o no procedimiento se notificará al denunciante cuando se proceda a la incoación del mismo o al archivo”. Ante semejante sandez, tuvimos que recordar que el justificante automatizado que se genera no es otro que el de la presentación de la queja cuando se realiza por la sede electrónica del RGE. Una vez presentada la queja no se genera automáticamente ningún justificante ni documento de que la administración a la que nos dirigimos lo ha recibido (en el plazo máximo de diez días), ni tampoco se genera un documento en el que aparezca un número de expediente mediante el cual se pueda hacer un seguimiento. Prueba de ello es que la denuncia no aparece en la carpeta ciudadana, así como ninguna otra que presentamos y que terminar, irremediablemente, en una queja abierta con el Síndic.

La DGP, “considera que el procedimiento se notificará al denunciante cuando se proceda a la incoación del mismo o al archivo”, ignorando, obviando o desconociendo los plazos que marcan la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las notificaciones deben producirse cuando marca la ley y no cuando ellos estimen oportuno en función de cuando procedan a la incoación o archivo del mismo. Queda patente que si presentar una queja ante al Síndic, los plazos son NUNCA.

El Síndic, en sus conclusiones de investigación, vuelve a ser muy claro con la DGP, recordándoles que el artículo 21, apartados 1 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, impone la siguiente obligación a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo:

“la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación (…) cuando las normas  reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses (…)”. 
 
Asimismo, el apartado 4 de dicho artículo 21, impone otra obligación adicional: 

“(…) En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente”

En el caso que nos ocupa, el escrito presentado por el autor de la queja con fecha 31/3/2025 no ha sido todavía resuelto ni notificado. No consta tampoco que se haya notificado la recepción del escrito en el plazo de diez días. Esto último tumba la burda excusa del "justificante automatizado".

La razón de esta exigencia de la Ley 39/2015 es clara, que el ciudadano sepa cuándo ha sido recibida la solicitud o reclamación por el órgano competente para tramitarla porque es a partir de dicho momento cuando se inician los plazos del silencio administrativo positivo o negativo que rijan en cada caso.

Por otra parte, no solo hay que contestar en plazo a los escritos presentados por los ciudadanos, sino que dicha respuesta, además, debe ser motivada y congruente, es decir, debe resolver todas las cuestiones planteadas en dichos escritos, sin omitir ninguna de ellas, exponiendo los preceptos legales y el razonamiento jurídico seguido para fundamentar su decisión (artículos 35.1.a) y 88.1 de la citada Ley 39/2015): 
 
“Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

(…) La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo”. 

Respecto al fondo del asunto, hay que tener en cuenta que, en materia de patrimonio cultural, existe la llamada “acción pública”, y que, además de los correspondientes procedimientos sancionadores que se puedan incoar, respecto de los cuales el autor de la queja sí que tendría la condición de denunciante, la Administración pública está obligada a adoptar otras medidas de protección que no tienen carácter sancionador, en relación con las cuales el autor de la queja sí que tendría la condición de interesado en ejercicio de la acción pública legalmente reconocida para salvaguardar estos bienes

Así, el artículo 8 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dispone lo siguiente: 

Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español. En el mismo sentido, el artículo 5, apartados 2 y 3, de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, señala lo siguiente: 

2. Cualquiera que tuviera conocimiento del peligro de destrucción, deterioro o perturbación en su función social de un bien del patrimonio cultural, o de la consumación de tales hechos, deberá comunicarlo inmediatamente a la administración de la Generalitat o al Ayuntamiento correspondiente, quienes adoptarán sin dilación las medidas procedentes en cumplimiento de la presente Ley.

3. Todas las personas físicas y jurídicas están legitimadas para exigir el cumplimiento de esta Ley ante las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. La legitimación para el ejercicio de acciones ante los tribunales de justicia se regirá por la legislación del Estado. 

Todo esto tumba también el argumento de la DGP de que no tenemos condición de interesado, dejando en evidencia la actuación de esta administración pública.

Con este repaso del Síndic, queda patente que dentro de la DGP hay gente que no está capacitada para las funciones que está desempeñando y que ignora y/o desconoce el ordenamiento jurídico, aplicándolo de manera interesada y caprichosa. Cuestión que nos parece sumamente GRAVE.

Por todo ello, el Síndic ha RECOMENDADO que, en cumplimiento de la acción pública legalmente reconocida en materia de protección del patrimonio cultural, se conteste motivadamente al escrito presentado con fecha 31/3/2025 sobre la retirada de las señales de tráfico atornilladas al BIC de Santa Clara de Xàtiva, manteniendo debidamente informada a la persona interesada sobre las medidas de protección que se vayan adoptando.

Segundo: RECORDAMOS EL DEBER LEGAL de dictar y notificar resolución expresa en el plazo de 3 meses cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo máximo, y de notificar al interesado la recepción de los escritos en el plazo de diez días.

Quedamos a la espera de lo que responda la DGP, para emprender acciones legales contra esta administración pública y contra sus responsables.

Un saludo...

miércoles

Dos "activistas" dañan el cuadro «Primer Homenaje a Colón» (1892) del Museo Naval de Madrid

Buenos días,

el pasado domingo, 12 de octubre, dos autodenominadas "activistas" arrojaron pintura "biodegradable" al cuadro «Primer Homenaje a Colón» (1892) del Museo Naval de Madrid, obra del valenciano José Santiago Garnelo y Alda (Enguera, Valencia, 1866 – Montilla, Córdoba, 1944).

https://noticiasciudadanas.com/jose-santiago-garnelo-pintor-valenciano/

Un nuevo atentado y un delito penal contra el patrimonio histórico y cultural, que las autoras de este ataque y el colectivo que hay detrás de este delito, han querido justificar con el argumento de la falacia del falso dilema, como ya hemos visto en tantas ocasiones, mezclando Churras con Merinas y consiguiendo que al final su protesta se diluya completamente, ante la gravedad de sus acciones y el rechazo mayoritario que han provocado.

Fotografía: Museo Naval

Con la excusa de haber usado pintura "biodegradable" y por lo tanto "inocua" (falso), han querido vender que el cuadro no iba a sufrir ningún daño y que se limpiaría fácilmente con agua. La realidad es bien distinta y tal y como explican las restauradoras en el siguiente vídeo hay más daños de los que parece a simple vista y no será ni fácil, ni barato, revertirlos para garantizar la correcta conservación de la obra.


Tras ser detenidas por la Policía Nacional, las autoras de este ataque se enfrentan ahora a un posible delito penal contra el patrimonio histórico y artístico, tipificado en el artículo 323 del Código Penal:

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos.

2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante, podrá imponerse la pena superior en grado a la señalada en el apartado anterior.

3. En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.

Dañando el patrimonio cultural con este tipo de acciones injustificadas e innecesarias, lo único que se consigue es el rechazo social tanto al colectivo responsable, como al mensaje que pretendían difundir. Al final, ha sido totalmente contraproducente y este ataque tendrá consecuencias para las personas que lo han llevado a cabo.

Esperamos pues que a las irresponsables que han cometido este delito contra el patrimonio se les aplique, con rigor y de forma proporcional, el Código Penal y que paguen de su bolsillo los gastos ocasionados en la restauración del cuadro, además de la pena correspondiente, recordando que tener antecedentes penales puede suponer la exclusión a la hora de presentarse a algunas oposiciones públicas. Y en el caso de reincidencia y de cometer otro delito, el juez sí que podría imponerles una pena mayor y tener que entrar a prisión. Poca broma.

Cada uno tiene que aprender a asumir las consecuencias de sus actos y más aún si estos suponen un delito. No todo vale para defender una causa, por muy justa que creamos que sea, y menos aún escudándose en la manida falacia del falso dilema.

Un saludo...