Buenas tardes,
El Ayuntamiento de Valencia persiste en intentar tomarle el pelo a los ciudadanos, a las asociaciones que defendemos de forma altruista nuestra historia y, lo que es aún más grave, a las más altas instituciones consultivas de la Comunitat Valenciana, como lo es el Síndic de Greuges.
Con la reapertura de este expediente ha quedado de nuevo patente lo rematadamente mal que funcionan los engranajes internos de nuestro consistorio. En mayo de 2026, cuatro años después de nuestra denuncia, y tenemos que seguir hablando del lamentable estado de abandono y degradación que sufre el Jardín de Ayora, catalogado oficialmente como Bien de Relevancia Local (BRL).
Para quienes nos seguís habitualmente en este blog y resto de RRSS, sabéis de sobra que no somos de los que se rinden a las primeras de cambio. Y el Ayuntamiento también lo sabe, y de sobra. Llevamos ya cuatro años de denuncias y alegaciones, de idas y venidas, de silencios administrativos y de respuestas que rozan el insulto a la inteligencia de cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento sobre la legislación vigente en materia de patrimonio cultural y urbanismo.
La última novedad en este esperpento técnico y burocrático nos ha llegado de la mano del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, quien el pasado 13 de mayo de 2026 firmó electrónicamente una durísima Resolución de Consideraciones a la Administración dentro del expediente de queja nº 2601127 (que ha obligado a reabrir los anteriores expedientes acumulados nº 2402264 y nº 2202514). En este documento, el Defensor del Pueblo valenciano vuelve a dar un soberbio tirón de orejas al Ayuntamiento, constatando lo que desde el Círculo llevamos años gritando en el desierto: que la parálisis municipal es total y que "los principales problemas planteados persisten en la actualidad".
¿Cómo responde el Ayuntamiento de Valencia ante una investigación del Síndic? Pues aplicando la táctica del avestruz o, mejor dicho, la de tirar "balones fuera". El pasado 9 de abril de 2026, el consistorio remitió un supuesto informe general que, al analizarlo pormenorizadamente, demuestra que no es una respuesta seria de una gran capital; era un retal incompleto elaborado deprisa y corriendo exclusivamente por el Servicio de Movilidad Sostenible, con el único fin de cubrir el expediente.
La administración local pretendió dar por contestada y solucionada toda la problemática del Jardín de Ayora informando única y exclusivamente sobre la retirada de una señal de tráfico. ¿Y qué pasa con la restauración de los muros? ¿Qué pasa con los grafitis que hay en el muro exterior? ¿Qué pasa con la verja dañada por la oxidación?. Silencio absoluto. El consistorio ignoró de forma deliberada el grueso de las quejas y las recomendaciones previas que el propio Síndic ya les había dejado claras en octubre de 2022 y julio de 2024. Enviar informes parciales, incompletos y sin la firma de los departamentos verdaderamente competentes en materia patrimonial (como Patrimonio Histórico) es un truco burdo para marear la perdiz y dilatar los plazos. Y desde nuestra asociación, así lo denunciado formalmente en nuestras alegaciones: esta actitud de obstrucción y falta de lealtad institucional debe cesar de inmediato.
El colmo del despropósito de este expediente se alcanzó en septiembre de 2025, cuando algún iluminado del servicio de Movilidad Sostenible decidió que el mejor sitio para plantar un poste de hierro con la señal de "Ruta segura al cole" (del CEIP Jaume I) era, precisamente, anclándola o pegándola de forma directa al muro histórico del BRL.
Cualquier estudiante de primero de Derecho o cualquier técnico con un mínimo de sensibilidad sabe que el Artículo 38.1.e) de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) prohíbe taxativamente la colocación de "rótulos, carteles y elementos impropios" en las fachadas y cerramientos de los monumentos y jardines históricos que menoscaben su adecuada apreciación. Esta señal era un impacto visual espantoso y una agresión directa al elemento protegido.
Pues bien, tras interponer nosotros la denuncia formal ante el Síndic, el Ayuntamiento corrió a desmontar y trasladar el poste el 11 de marzo de 2026. En su informe técnico sacan pecho de haberlo solucionado, pero lo que hacen en realidad es firmar una confesión de facto de una infracción legal. Reconocen que metieron la pata y que sólo cumplen con la legalidad patrimonial de manera reactiva, cuando ven las orejas al lobo por una investigación de nuestro Defensor del Pueblo. Si no hay denuncia, la señal se queda allí a perpetuidad.
Tal es la torpeza municipal que, para demostrar que habían retirado la señal, el Servicio de Movilidad adjuntó en su informe varias fotografías de la Plaza Organista Cabo en las que se aprecia nítidamente, en primer plano, un vehículo estacionado ilegalmente pegado al muro perimetral del jardín. La propia bur(r)ocracia municipal nos ha servido en bandeja la "prueba de cargo" irrefutable. El propio Ayuntamiento aporta documentos gráficos que demuestran la flagrante impunidad con la que los coches invaden el entorno de protección las 24 horas del día, desmintiendo cualquier informe idílico anterior de la Policía Local. El enemigo está en casa.
Pasemos al segundo gran problema crónico: el aparcamiento sobre la base del muro en la Plaza Organista Cabo. Aquí la argumentación del Ayuntamiento es tan tramposa que da auténtica vergüenza ajena. Durante años se han venido escudando en que, como esa zona no está físicamente "pavimentada" como una acera convencional, los vehículos que allí estacionan no infringen el Reglamento General de Circulación y, por tanto, la Policía no puede hacer mucho más.
¿Pero a quién pretenden engañar? Volvemos a recordarles el principio básico de la Jerarquía Normativa. Por encima de cualquier ordenanza de tráfico o interpretación torticera del código de circulación, un Bien de Relevancia Local se rige de forma primordial por la legislación autonómica de patrimonio (la LPCV 4/1998). El estacionamiento de vehículos pegado a la mampostería histórica altera de manera grave el entorno de protección libre de ocupación, deteriora físicamente el muro con las emisiones de gases y los posibles impactos, e impide por completo la contemplación digna del bien.
Además, la incongruencia y la arbitrariedad de la gestión municipal quedan retratadas cuando tiramos de hemeroteca interna. En junio de 2024, este mismo Ayuntamiento procedió a retirar unos contenedores de reciclaje de aceite y ropa que estaban ubicados exactamente en ese mismo punto de la discordia, tras otras denuncia nuestra. ¿Y cuál fue el motivo que alegó entonces el consistorio? Que eran "elementos impropios" que afeaban y dañaban el entorno del BRL. Es decir, que un contenedor público de reciclaje es impropio y se quita para proteger el jardín, pero una hilera de coches y furgonetas privadas aparcadas encima de la tierra compactada sí es totalmente respetuosa y admisible. Es totalmente absurdo. Si el espacio no es apto para contenedores por motivos patrimoniales, tampoco lo es para los vehículos.
La Policía Local afirma en sus alegaciones que ha realizado 52 actuaciones y denuncias en la zona desde 2022. Nos parece maravilloso, pero la realidad tozuda demuestra que esa vigilancia discrecional e intermitente es absolutamente ineficaz. La Plaza Organista Cabo sigue siendo un parking ilegal a costa de no respetar el área de protección de un bien. Por ello, exigimos que de una vez por todas se adopte la única solución racional, proporcional y definitiva: la instalación de elementos físicos disuasorios, bien sean bolardos de fundición siguiendo el modelo histórico de la ciudad o jardineras ornamentales integradas, que impidan físicamente el acceso de los coches.
Y si el exterior es un caos, el estado de conservación del muro y la magnífica verja de forja no se queda atrás. El cerramiento presenta un cuadro clínico alarmante: colonización de grafitis que nadie limpia, desprendimientos de mampostería, desconchados profundos y una oxidación galopante de los elementos metálicos que está comprometiendo la estabilidad estructural de todo el conjunto histórico.
Frente a este desastre, el informe del Organismo Autónomo Municipal (OAM) de Parques y Jardines da ganas de llorar. Se limitan a plasmar en un papelito que, "debido a la planificación y disponibilidad presupuestaria vigente, no es posible dotar de recursos la ejecución inmediata de la inversión" y que ya si eso lo mirarán en presupuestos futuros. ¡Vergonzoso!
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, esta respuesta es manifiestamente inaceptable. El Artículo 18 de la LPCV no es una sugerencia ni una carta de buenas intenciones que se aplica si sobra algo de dinero a final de año; es un mandato imperativo que impone el deber legal de conservación a los propietarios de bienes protegidos. Y en este caso, el propietario es el propio Ayuntamiento de Valencia.
Una administración pública (seria y competente) no puede ampararse en su propia inactividad, en su falta de previsión política o en una mala organización presupuestaria interna para incumplir sistemáticamente una ley de rango autonómico. Si el OAM de Parques y Jardines es incapaz de gestionar sus recursos, el Ayuntamiento tiene la obligación legal de realizar las transferencias de crédito oportunas o coordinar de urgencia al Servicio de Patrimonio Histórico para redactar y ejecutar un Proyecto de Restauración Integral con cara y ojos, empleando morteros de cal compatibles y tratamientos especializados contra el óxido, desterrando para siempre esos parches de cemento que tanto daño hacen por capilaridad.
Por todo este cúmulo de despropósitos, el Síndic de Greuges se ha plantado. En su resolución del 13 de mayo de 2026, ha emitido una recomendación clarísima al Ayuntamiento de Valencia exigiendo que, en cumplimiento estricto de los dictámenes anteriores, se adopten de inmediato todas las medidas necesarias para salvar el Jardín de Ayora y asegurar su entorno de protección. Ahora el reloj corre en contra del consistorio, que tiene el plazo improrrogable de un mes para responder si acepta o no las consideraciones y qué medidas concretas va a aplicar. Y si ya ha quedado retratado, su previsible respuesta y posterior incumplimiento, los puede dejar aún más en evidencia.
Desde nuestra asociación ya le hemos advertido formalmente a la Sindicatura lo que va a pasar si el Ayuntamiento pretende volver a enviar un informe evasivo de tres líneas firmado por algún técnico despistado. Hemos solicitado formalmente que, dada la persistencia contumaz en el incumplimiento de resoluciones que arrastramos desde marzo de 2022, se VALORE LA INCLUSIÓN DE ESTE EXPEDIENTE en el Informe Anual a las Cortes Valencianas. Queremos que se señale públicamente y con nombres y apellidos al Ayuntamiento de Valencia ante el parlamento autonómico como una "administración hostil, entorpecedora y no colaboradora", por su flagrante falta de auxilio a la institución del Síndic (vulnerando el Art. 18 de la Ley 11/1988) y por consentir el abandono prolongado de un BRL.
El patrimonio histórico y los jardines públicos de Valencia no son el cortijo privado de ningún concejal ni de ningún partido político que demuestra no saber gestionar, ni a quién tiene como jefe de servicio, sección, etc. respondiendo de manera tan absurda. Cuatro años de espera son más que suficientes para colocar cuatro bolardos y limpiar correcta y profesionalmente los grafitis delictivos, subsanando los desperfectos y daños señalados. Seguiremos pues vigilando, denunciando y sacando los colores a quienes confunden gobernar con cruzarse de brazos.
Un saludo...
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